Puigdemont rechaza la reforma de la sedición

BarcelonaPodría ser uno de los beneficiados, pero este domingo el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont ha rechazado la reforma del delito de sedición que el PSOE ha puesto encima de la mesa y que ERC se ha avenido a negociar. En el quinto aniversario de su exilio en Bruselas, el ahora eurodiputado de Junts per Catalunya ha defendido en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que no quiere una "solución personal" porque considera que sería una "renuncia política" que no serviría para resolver el conflicto. De hecho, el ex president catalán va más allá y asegura que en estos cinco años ha tenido la oportunidad de trasladar esta misma posición a todo el mundo que lo ha ido a ver con una propuesta de este tipo, y revela que entre los que lo han intentado convencer ha habido gente del PSOE que, insinúa, lo hacían con el conocimiento del presidente español, Pedro Sánchez, y que le reclamaban que compareciera ante la justicia española para después poder beneficiarse de medidas que reducirían sustancialmente la pena. "Puedo entender los beneficios que tendría para el estado español el hecho de que yo aceptara una resolución basada en la reforma del Código Penal, pero los beneficios para el proceso de independencia no los veo por ninguna parte", ha concluido.

Por eso, Puigdemont –que dice que le consta que en las conversaciones entre el PSOE y ERC vuelve a salir la necesidad de resolver su situación– ha exigido que se respete su estrategia. "Si no se lo he pedido ni los he autorizado, ¿por qué razón insisten? ¿Qué buscan?", se ha preguntado el ex president, que ha subrayado que no busca ni quiere una solución personal sino que después de cinco años en el exilio cree que hay que mantener la confrontación con el Estado. "En este lustro he procurado mantener mi acción política en el mismo marco. [...] Pueden cambiar tácticas y algunas estrategias determinadas debido a las circunstancias, pero el sentido de la estrategia general es el mismo, y no hay ningún motivo para cambiarlo", opina.

En su escrito, el ex president de la Generalitat afirma que la razón del exilio es política y que, por lo tanto, las consecuencias personales que el exilio pudiera tener para él no tenían que influir en sus acciones y decisiones políticas. "Ya sé que algunos serían felices de verme declarar voluntariamente en el Supremo, y que se desvivirían para que fuera indultado a los tres años de condena", ha continuado Puigdemont, que, a pesar de admitir que este escenario supondría un "alivio" para su vida personal, mantiene que implicaría también una "renuncia política" que no está dispuesto a aceptar. El ex president reafirma así la posición de Junts, que estos días en el Congreso ya ha criticado a ERC por la predisposición a pactar la reforma de la sedición.

En las últimas semanas la reforma del Código Penal para reformular el delito de sedición ha cobrado fuerza y se ha situado en la agenda política muy a pesar de un PSOE que hubiera preferido que el debate llegara más adelante, una vez tuviera ya los presupuestos del Estado aprobados y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado. A pesar de que en un primer momento Esquerra no quería ni oír hablar del tema y prefería situar el terreno de juego en la amnistía, en los últimos días los republicanos han mostrado síntomas claros de estar abiertos a sacar adelante una reforma que, entienden, podría clarificar la situación de algunos de los dirigentes políticos que todavía están pendientes de juicio por el 1-O, también los exiliados.

A pesar del margen de discrecionalidad que, como se ha demostrado en todo el Procés, tienen los jueces, desde la Moncloa y también desde ERC se interpreta que una redefinición a la baja del tipo penal de la sedición podría favorecer el regreso de los exiliados. Si, como hacen pedagogía estos días los ministros y dirigentes del PSOE, la intención es homologar el Código Penal español a los estándares europeos, teniendo en cuenta los ejemplos que, según fuentes del gobierno español, se toman como referencia en la Moncloa –con Alemania, Francia, Italia y Bélgica como espejos–, nos podríamos encontrar que los delitos de sedición –sin el agravante de la violencia– se situaran alrededor de los 5-7 años de prisión. Este castigo, interpretan en Madrid, podría atenuar el riesgo de prisión preventiva en el caso de regreso de los exiliados, puesto que cuando se trata de penas no tan altas como las actuales de sedición los incentivos de los jueces para privar de libertad antes del juicio bajan.

Aun así, una de las claves de la reforma es si, además de la sedición, también se modifica la malversación. El PSOE no está ahora mismo por la labor de tocar un delito asociado a la corrupción, pero Esquerra sabe que si no se revisa también esta figura del Código Penal, el objetivo de facilitar la vida a los dirigentes independentistas todavía encausados se diluye. De hecho, entre los exiliados solo en el caso de Marta Rovira y Clara Ponsatí la acusación que pesa sobre ellas no incluye la malversación, cosa que sí pasa con Toni Comín, Lluís Puig y el propio Carles Puigdemont. Tres cuartos de lo mismo en el caso de los dirigentes que están pendientes de juicio en Catalunya y que están acusados de malversación, sea en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –es el caso de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó– o en el juzgado 13 de Barcelona, donde todavía esperan que empiece el juicio decenas de cargos del gobierno del 1-O.

Reivindicación del exilio

En su comunicado con motivo del quinto aniversario del exilio, Puigdemont explica que se marchó de Catalunya porque "continuar el camino decidido por el pueblo" se podía hacer "en mejores condiciones" desde fuera. Así, defiende que abría "una etapa nueva" para ampliar "el conocimiento internacional de la crisis catalana y evidenciar la arbitrariedad" de los tribunales españoles. "Y así reforzar la posición que mantenía una sociedad civil movilizada y unida para, de este modo, rehacernos del golpe del 155 y proponer una continuación del proceso entorno a los mismos ejes que lo habían hecho posible: unidad política, movilización ciudadana, no-violencia, democracia", añade en el texto.