Amnistía

Puigdemont reclama al Supremo la retirada "inmediata" de la orden de detención

Sin debate de investidura al 25 de junio, el expresidente pospone su regreso a Catalunya

BarcelonaEl expresidente Carles Puigdemont mueve ficha ante el Tribunal Supremo para que le aplique la amnistía. Después de que el alto tribunal haya pedido a todas las partes que se posicionen, su letrado, Gonzalo Boye, ha presentado este miércoles un escrito de 23 páginas en el que reclama que se amnistie al líder de Junts y que se retire de forma " inmediata" la orden de detención nacional que recae sobre él para que pueda regresar. "La única solución conforme a derecho y respetuosa con la Constitución, los tratados ratificados por España y la ley de amnistía, es el levantamiento de las medidas cautelares que afectan a mi representado", escribe Boye.

El abogado defiende la total extinción de las responsabilidades penales de Puigdemont, ahora investigado por un delito de malversación, por haber liderado el Gobierno del 1-O, y se dedica a través de su escrito a desmontar la argumentación de los fiscales del Supremo apartados de la causa, que reclamaban deja fuera de la ley al expresidente y también a Oriol Junqueras por un supuesto "enriquecimiento personal" por el 1-O, que implicaba que la malversación no fuera amnistiable. Una posición, en todo caso, que ya no es la del ministerio público: después de la intervención de la Fiscalía General del Estado, defiende la amnistía total para todos los encausados ​​por el 1-O.

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En este sentido, Boye considera que no aplicar la amnistía con el argumento de que en el referéndum hubo "enriquecimiento personal" sería "arbitrario" e iría en contra de la "literalidad de la norma", que explicita que deben amnistiarse "todos los actos dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la celebración del referéndum". De hecho, Boye incluso dice que sería "irracional" y "absurdo" no aplicar la ley de amnistía en Puigdemont con ese argumento.

También sostiene que el 1-O no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, el otro argumento de los fiscales del Supremo ya apartados para excluir al expresidente del olvido penal. El letrado dice que la directiva europea que hace referencia a la protección de estos intereses entró en vigor en el 2019, después del 1-O, y por tanto defiende que no se puede intentar agravar la responsabilidad penal de un encausado a partir de una legislación que en 2017 no estaba vigente.

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Por otra parte, la juez de Tsunami Democrático en el Supremo, Susana Polo, ha aceptado la personación del expresidente a la causa y le da un plazo de 10 días para que se posicione sobre si cree que el caso debe quedar amnistiado.

El regreso a Cataluña, aplazado

Paralelamente a este movimiento ante los tribunales, en el Parlament, Junts ha participado en la ronda de contactos para elegir nuevo presidente de la Generalitat, en el que el líder del grupo en la cámara, Albert Batet, ha dejado claro que Puigdemont quiere someterse a un debate de investidura, pero no ahora. Una decisión, junto a la de Salvador Illa, que comporta que no haya lleno de investidura la próxima semana. "Puigdemont volverá cuando haya debate de investidura", aseguró Batet en rueda de prensa, reconociendo que sin el pleno para elegir presidente previsto para los días 25 o 26 de junio no existe retorno del expresidente.

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¿Y cuándo volverá? Los junteros insistieron en que el compromiso que adquirió en campaña de acudir a la cámara catalana por el primer debate de investidura se mantiene, pero añadieron que esto se producirá cuando este pleno se haga de forma efectiva. Por tanto, dependerá de las negociaciones sobre la investidura. Y si finalmente no hay acuerdo y no hay lleno, ¿Puigdemont volverá? Batet ha declinado responder a esta cuestión.