¿Dónde quedaron las investigaciones contra el rey emérito?

BarcelonaSi bien en el 2018 la filtración de una conversación del excomisario Villarejo con el examante del rey emérito Corinna Larsen ya hizo encender todas las alarmas, no fue hasta marzo del 2020 que empezaron los periplos judiciales de Juan Carlos I Desde entonces, fueron saliendo diferentes escándalos que terminaron con tres líneas de investigación por parte de la Fiscalía y su salida a Abu Dhabi en agosto del mismo año. Pero todas, quedaron archivadas dos años más tarde, el 2 de marzo de 2022, pocos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, la Fiscalía del Tribunal Supremo justificó el archivo por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución durante su reinado (hasta 2014) y la prescripción de algunos delitos. Sin embargo, la investigación sí que constató diferentes irregularidades durante décadas.

Uno de los grandes puntos por los que se le investigaba fue por la adjudicación de las obras del AVE que une la Meca con la ciudad de Medina al consorcio empresarial Al-Shoula. Este consorcio estaba formado por doce empresas españolas y dos de Arabia Saudita. ¿Pero por qué se le vinculaba a esta operación? El caso es que unos años antes, en el 2008, la fundación panameña Lucum, cuyo titular real era Juan Carlos I, había recibido un ingreso de 64,8 millones de euros. La Fiscalía, sin embargo, no pudo establecer, "ni siquiera de forma indiciaria", vinculación alguna entre el "ingreso referido" y "la adjudicación del proyecto". De esta forma, descartaron que fuera ninguna comisión ilegal.

Por este caso, el ministerio público sí identificó cuotas defraudadas a Hacienda entre 2008 y 2012 que superaban "con creces" el importe de 120.000, el umbral que convierte el fraude en delito penal. Sin embargo, tampoco se siguió esta línea porque las responsabilidades penales entre los años 2008 y 2011 ya habían prescrito. Por su parte, la del 2012 tampoco pudo perseguirse dada su inviolabilidad como jefe de Estado.

El dinero de Arabia Saudí también fue protagonista en la demanda que Corinna hizo a Juan Carlos I por acoso en Reino Unido. La justicia inglesa desestimó este caso al considerar que no tenía jurisdicción para juzgarle. Por su parte, el periodista de la Corona Jaime Peñafiel llegó a asegurar que la fortuna del rey tenía uno de sus orígenes en una pequeña comisión por cada barril de petróleo importado. Este hecho nunca ha sido investigado y no hay pruebas de que lo sostengan.

Donaciones y dos trusts en la isla de Jersey

Una segunda línea de investigación terminó con dos regularizaciones fiscales que devolvieron a las arcas públicas un total de 5,1 millones de euros. La primera llegó después de que el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause realizara diferentes transferencias con valor de 516.606,32 euros para satisfacer los gastos personales del emérito. Este dinero debería haber estado sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Por motivos similares fueron las donaciones que recibió de la fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, que le abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento". Por estos movimientos abonó 4,4 millones de euros en febrero de 2021 a la Hacienda española.

La última pata de la investigación de la Fiscalía era la existencia de dos trusts en la isla de Jersey. El caso salió después de que el Sepblac alertara de que éstos podían tener como último beneficiario a Juan Carlos I. El ministerio público fue capaz de verificar que, hasta el 2004, el emérito había sido beneficiario de dos concentraciones empresariales creadas en 1995 y el 1997 por su amigo Manuel Prado Colón de Carvajal. En 2004 decidió traspasar ese dinero al historiador Joaquín Romero Maura, que abrió JRM 2004 Trust con unos 15 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no tenía indicios de que le vincularan con este nuevo trust.