Radiografía de la amnistía tras la bocanada de esperanza de Europa: ¿quién está pendiente?
Más de 350 encausados se han beneficiado del olvido judicial mientras el Supremo bloquea la amnistía en el Gobierno del 1-O por malversación
BarcelonaHace 522 días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley de amnistía, tras una negociación convulsa entre el PSOE y Junts y los intentos del PP de torpedearla en el Senado. Sin embargo, los líderes del 1-O siguen sin haberse beneficiado en su totalidad por las reticencias del Supremo en aplicarla al delito de malversación. Ahora bien, tanto ellos como el resto de encausados por el Proceso comienzan a ver la luz al final del túnel: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado esta semana avalando el gran grosor de la norma. Hace reproches menores, como que el tiempo de dos meses que se dio para aplicarla —y que muchos tribunales igualmente no han cumplido— es insuficiente, pero defiende la finalidad de "reconciliación" política y social.
Tras el informe del letrado, que no es vinculante, el TJUE deberá ahora dar respuesta a las peticiones que le hicieron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la UE. No son las únicas que tiene sobre la mesa, pero la posición que avance será clave en la evolución de las causas pendientes de amnistiar en los tribunales españoles. Las repasamos.
La causa del Tribunal de Cuentas
Unos 35 ex altos cargos del Govern afrontan todavía la responsabilidad contable derivada de los gastos del Proceso. Entre ellos se encuentran el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, además de ex consellers del Govern del 1-O, pero también el expresidente Artur Mas, amnistiado por el 9-N (aunque el dinero que pagó de multa al Tribunal de Cuentas, en este caso, no se le devuelve). La Fiscalía pide 3,1 millones de euros, mientras que SCC eleva la cifra hasta los 5 millones. El Tribunal de Cuentas espera ahora la respuesta definitiva del TJUE sobre si la amnistía se opone de algún modo a los intereses financieros de la UE. El abogado general lo ha descartado.
Los CDR que quiere juzgar la Audiencia Nacional
Una de las grandes victorias para el activismo independentista en cuanto al informe de Spielmann es lo que dice sobre la excepción de terrorismo en la ley de amnistía: la Audiencia Nacional había preguntado si es compatible amnistiar actos tipificados como tales en el marco del juicio a los 12 CDR detenidos en la operación Judas, que se enfrentan a penas de entre 8 y 15 años de cárcel por presuntamente haber organizado acciones violentas coincidiendo con el aniversario del 1-O y la entonces inminente publicación de la sentencia del Proceso. El letrado del TJUE responde que las excepciones previstas en la ley, que deja fuera de la amnistía los actos contrarios a los derechos humanos, son compatibles con la directiva europea contra el terrorismo.
Jové, Salvadó y Garriga, en el TJSC
Otra de las causas que se han eternizado en los tribunales es la que afecta a los ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por desobediencia, malversación y prevaricación por los preparativos del 1-O, y la ex consellera Natàlia Garriga, por desobediencia. En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) activó una doble vía de consulta, tanto en el TC como en el TJUE: les trasladó sus dudas, respectivamente, sobre la compatibilidad de la ley con la Constitución española y el ordenamiento jurídico europeo. Ahora también espera respuesta. Mientras tanto, los cargos del sottogobierno del 1-O procesados en la macrocausa del juzgado 13 de Barcelona ya han sido amnistiados, por orden de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Exiliados e inhabilitados, pendientes del TC
A diferencia del TSJC, el Supremo optó por no hacer ninguna consulta a la justicia europea y rechazó amnistiar por malversación a Puigdemont y al resto de consejeros del 1-O inhabilitados, con el argumento de que había habido un "enriquecimiento personal" por su parte y que eso les dejaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Los condenados recurrieron al Tribunal Constitucional (TC), que deberá pronunciarse sobre si la sala segunda del alto tribunal retorció la interpretación del texto para no amnistiarlos tras descartar ya la cuestión de constitucionalidad que le elevó este tribunal. De la decisión del Constitucional depende el regreso de Puigdemont a Catalunya, así como de los ex consellers Lluís Puig y Toni Comín. Por el momento, la Fiscalía se opone a la suspensión de la orden de detención contra el expresidente mientras los magistrados deliberaran.
Pero, ante la posibilidad de que la sala segunda del Supremo intente enviar de nuevo la causa a Europa, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha lanzado un aviso a navegantes: "Nuestras sentencias son obligatorias para todos", dijo en una entrevista en RTVE en la que recordó que, una vez el TJUE decida, rige la doctrina del "acto aclarado". Es decir: no se puede preguntar de nuevo al TJUE lo mismo para ir dilatando el procedimiento, una vez ya está resuelto. Sin embargo, el Supremo sí podría volver a requerir la intervención del TJUE por una duda diferente a las ya resueltas por Luxemburgo sobre la malversación.
El caso de desobediencia en Vilanova
La última cuestión prejudicial en el TJUE sobre la amnistía que ha trascendido es la que ha presentado un magistrado de Vilanova y la Geltrú. Tiene entre manos una causa contra un hombre que, siendo vocal en una mesa electoral en el 2019, se negó a quitarse el lazo amarillo y acabó acusado de desobediencia. En la misma línea que los tribunales que han optado por esta fórmula, el titular del juzgado número 3 preguntó al TJUE si la amnistía es compatible con el ordenamiento de la UE y, en concreto, con el principio de separación de poderes y de igualdad ante la ley.
¿Cuántos amnistiados hay?
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cifró este jueves en más de 350 las personas que se han visto beneficiadas por la ley de amnistía. Según los últimos datos de Òmnium, actualizados en mayo de 2025, un total de 236 causas penales contra independentistas se han cerrado definitivamente desde que se aprobó la ley: en 178 casos ha sido por aplicación directa de la amnistía, mientras que en 49 ha sido a consecuencia de archivos, y en otros 9. En el bloque de casos archivados existe la causa de Tsunami Democrático y la de la supuesta trama rusa del Proceso que nació de la operación Volhov, ya enterradas entre reproches de las instancias judiciales superiores a los respectivos instructores.
Además, en mayo de 2025 por primera vez el número de causas penales cerradas contra los represaliados superó al de policías amnistiados (164), que fueron el colectivo que en un primer momento se benefició más rápido de la amnistía. Uno de los casos que afectan a agentes de la Policía Nacional y que no ha sido amnistiado, en cambio, es el de los cuatro policías que irán a juicio por vaciar un ojo a Roger Español en las cargas del 1-O.