La regulación de la Corona divide al gobierno de coalición y a los expertos

Madrid¿Hasta qué punto la carta magna blinda la inviolabilidad del rey? ¿Qué se puede legislar sin tener que pasar por el tortuoso camino de la reforma constitucional? Las divergencias entre constitucionalistas en relación con la posibilidad de regular la Corona son casi tantas como notorias y conocidas son las discrepancias entre los socios del gobierno español con respecto a la monarquía. Estos últimos días se ha vuelto a hacer evidente, con el presidente español, Pedro Sánchez, hablando de una institución "adecuada en la España del siglo XXI" y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defendiendo que "en este país hay un debate sobre si la monarquía es más o menos útil".

El PSOE y Unidas Podemos volverán a chocar este 2021 por la monarquía: la Moncloa no tiene sobre la mesa una ley de la Corona, tal como adelantó el martes El País y ha confirmado el ARA, mientras que la formación lila tiene avanzada una proposición de ley propia para llevar al Congreso. Sánchez subrayó el 29 de diciembre en rueda de prensa que Felipe VI ha dado "muestras con hechos" de su rumbo hacia una "renovación vinculada a la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad". E hizo referencia al discurso de Navidad de Felipe VI, en el que, tras hablar veladamente sobre su padre, el jefe de estado recordó "el espíritu renovador que inspira" su reinado "desde el primer día". En este contexto, Sánchez manifestó que el Ejecutivo "está a disposición" de la Zarzuela para ayudar en lo que pueda a encarar este rumbo.

Fuentes de la Moncloa consultadas por el ARA no avanzan en qué cambios se está trabajando, pero dejan claro que todo se tendrá que pactar con la Casa del Rey e, incluso, con la oposición. El PP señaló antes de fin de año que estaba dispuesto a establecer un diálogo "serio" con el PSOE para elaborar una ley que "refuerce" la institución, sin entrar en detalles. Martes, después de que El País publicara que las modificaciones se limitarían a cuestiones muy puntuales y autorregulaciones de la misma Zarzuela, el líder de la oposición, Pablo Casado, se quejó de que Sánchez "guarde en un cajón" una hipotética ley de la Corona y le reprochó que hubiera lanzado un "globo sonda" por motivos electoralistas.

En realidad, sin embargo, el presidente español no llegó a hablar de una norma de estas características, que inevitablemente daría pie a abrir el debate sobre la monarquía en el Congreso. "Hasta ahora no hemos conseguido convencer al PSOE para que se sume a nuestra iniciativa, y esperamos que este nuevo año lo podamos convencer", afirma al ARA el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Admite que el "choque" con el PSOE y el contexto de pandemia han hecho que presentar la ley no haya sido su "máxima prioridad", pero durante los próximos meses la formación lila sí planteará una propuesta para acotar las competencias y los privilegios del rey. Unidas Podemos quiere delimitar la inviolabilidad, acabar con la opacidad patrimonial y dejar clara la neutralidad ideológica para que no se repita un discurso como el del 3 de octubre de 2017 contra el soberanismo.

El encaje legal

El planteamiento de Asens es presentar una ley orgánica, que requiere mayoría absoluta en el Congreso, en la línea de la que propusieron hace unos meses Más País y Compromís y la mesa de la cámara baja inadmitió gracias a los votos del PSOE, el PP y Vox. Necesariamente debería ser orgánica, porque implica desarrollar el funcionamiento de una institución del Estado, pero en el debate jurídico hay dudas sobre si se podría hacer sin reformar la Constitución. La catedrática en derecho constitucional por la UIC Montserrat Nebrera y la profesora de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz coinciden en que, aunque la carta magna no lo especifique, el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido lo habilitaría.

En cambio, la catedrática por la Universidad de Sevilla Ana Carmona cree que para tocar la inviolabilidad, así como el orden de sucesión en el trono, hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Según su punto de vista, porque que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha fijado una interpretación -sobre la que discrepa- según la que la inviolabilidad y la no responsabilidad del monarca son absolutas, tanto para los actos públicos -son "refrendados" por otros poderes, normalmente por el gobierno- como para los privados. "Estas prerrogativas no solo se extienden a los actos del rey, sino también a los del rey emérito que se proponen como objeto de la comisión de investigación [del Parlament de Catalunya]", determinó el TC en una sentencia del 2 de octubre del 2019.

Esta jurisprudencia, según el exletrado del TC Joaquin Urías, no impide que un cambio legislativo del artículo 56.3 abra la puerta a investigar las presuntas corruptelas de Juan Carlos I. "Ahora se interpreta que la inviolabilidad también es cuando no es rey , pero la ley puede aclarar que cuando deje de ser rey pierda la inviolabilidad ", afirma el profesor de la Universidad de Sevilla, y pone un ejemplo:" Si el rey pega a alguien y luego dimite, ¿no puede ser juzgado? Claro que sí”.

Sáenz reconoce el carácter vinculante de la sentencia del TC, pero advierte que la jurisprudencia puede cambiar y, de todos modos, señala su discrepancia. Recuerda que España en 2000 firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que preveía la responsabilidad penal para los jefes de estado por los delitos de genocidio y lesa humanidad. La profesora cree que esto reconocía que la inviolabilidad del rey no es absoluta y que, por lo tanto, el Estado debía reformar la Constitución para especificarlo si quería firmar este tratado. Con la jurisprudencia actual del TC, concluye, este tratado debería ser inválido en España.

Alternativas

Aparcada la inviolabilidad en la posible regulación por parte del PSOE, la transparencia y la rendición de cuentas son las posibles grietas. Nebrera recuerda que la Casa del Rey tiene autonomía presupuestaria y que, hoy por hoy, no sería exigible -sí conveniente, considera- que la Corona detalle en qué se gasta los aproximadamente ocho millones que recibe anualmente. Carmona apunta a reformas puntuales de algunas leyes ordinarias como la de transparencia, donde se podría establecer más fiscalización a la monarquía. Otra opción sería modificar la ley orgánica que regula el Tribunal de Cuentas e introducir el patrimonio y las actividades de la Casa del Rey. Hay opciones, añade Carmona, pero es necesaria la voluntad política y teme que todo quede en una autorregulación -por tanto, sin traducción legal- de la misma Zarzuela.