Sánchez avisa sobre el fondo del Govern para pagar las fianzas: "Si no está sujeto a derecho, lo tendremos que recurrir"

Madrid / BarcelonaLa Moncloa evita mojarse de momento sobre el fondo del Govern para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas en la causa por responsabilidad contable contra la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, pero advierte de que si no es legal, lo recurrirá. El presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha asegurado que su gobierno está estudiando la medida. "Si está sujeta a derecho, nada que objetar. Y si no lo está, pues evidentemente lo tendremos que recurrir", ha afirmado este martes por la tarde en una rueda de prensa celebrada en Tallin.

A mediodía, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha subrayado que el ejecutivo se esperará a conocer los detalles del acuerdo más allá de los titulares para "hacer una consideración". Ahora bien, también ha avisado de que "el gobierno de España vela por la legalidad existente en Catalunya" y que "todas las normas [autonómicas] pasan por el filtro de la legalidad".

La respuesta llega después de que el líder del PP, Pablo Casado, ya haya advertido de que recurrirá el fondo y reclamará que se inhabilite a los miembros del Govern que lo avalen. Casado aviva así la judicialización contra la política catalana en un momento en el que la Moncloa quiere recuperar el diálogo a través de la política. La ministra portavoz ha dicho que lo importante es que "la investigación en el Tribunal de Cuentas acabe cuanto antes mejor" –hasta ahora la Moncloa no había pedido celeridad al ente fiscalizador – y ha insistido, eso sí, en que las personas afectadas podrán recurrir tanto al Supremo primero como después al Tribunal Constitucional.

El propio presidente español cuestionó la semana pasada el rol del Tribunal de Cuentas, cosa que llevó al ente a emitir una nota quejándose de quien cuestionaba su independencia. Pero Montero este martes ha insistido en que respeta la decisión del tribunal, a pesar de que ha puntualizado que no representa al poder judicial y que por eso la decisión es recurrible en los tribunales como tal.

Casado reclama una respuesta inmediata

"No corresponde al gobierno juzgar", ha señalado sin mojarse sobre si realmente se cometió malversación o responsabilidad contable –esta última es la que decidirá el Tribunal de Cuentas–. Para el PP, en cambio, la malversación está clara, cosa que crea dudas sobre lo que realmente está en juego en la causa. Casado ha reclamado a Pedro Sánchez que diga "inmediatamente" si permitirá la creación del fondo porque opina que se está produciendo una "malversación de otra malversación que ya se hizo". Además, considera que es prevaricación porque "hay funcionarios y políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas".

Desde Catalunya, el PSC ha sido prudente y, antes de conocer la propuesta del Govern, su portavoz en el Parlament, Alícia Romero, ha pedido al ejecutivo catalán que cualquier solución se tenía que mover dentro de la "legalidad". En la misma línea se han expresado los comuns, que quieren primero estudiar la propuesta antes de pronunciarse, pero confían en que sea "jurídicamente sólida". La CUP, en cambio, ha avalado "cualquier fórmula" del Govern que sirva para "estar junto a las personas represaliadas", pero ha exigido al ejecutivo catalán que no haya "represaliados de primera y de segunda", en referencia a los manifestantes contra los que la Generalitat ejerce la acusación particular.

Ciudadanos, por su parte, ha avisado de que no descarta llevar a los tribunales a la Generalitat si acaba pagando la fianza del Tribunal de Cuentas, porque, según ha dicho su portavoz en el Parlament, Nacho Martín, estaría incurriendo en los delitos de encubrimiento y prevaricación.