¿El acuerdo PSOE-PP despolitiza a la cúpula judicial?

Madrid"Bienvenido al acuerdo y cumplimiento de la Constitución", trasladaba Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo este miércoles en la sesión de control en el Congreso. Y el líder del PP replicaba al presidente español que, lejos de iniciar una etapa de entendimiento con la Moncloa, se ha abonado al pacto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -los nuevos vocales se escogerán el 23 de julio- para "poner límite a la voracidad [de Sánchez] para controlar las instituciones del Estado". ¿Es cierto, tal y como se jactan PSOE y PP, que el acuerdo despolitiza la cúpula judicial y refuerza su independencia?

Sólo los partidos que han formado parte del acuerdo -PSOE, PP e indirectamente Sumar- lo han celebrado, así como las dos asociaciones judiciales más alineadas con las dos grandes formaciones y que, históricamente, se han beneficiado de las designaciones de vocales y jueces en las más altas instancias jurisdiccionales: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces por la Democracia (JJpD). Las centristas Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado un nuevo "intercambio de cromos" en la elección de los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, PNV, Esquerra, Junts, EH Bildu y Podemos también se han mostrado críticos. Catalanes y vascos, además, echan de menos perfiles con sensibilidad territorial.

La elección de los magistrados

A diferencia de lo que proponían Sánchez y Guilarte, sigue recayendo únicamente en el CGPJ

En cuanto a la elección de magistrados por parte del CGPJ, la principal novedad del acuerdo es que se amplían los casos en los que será necesaria una mayoría de tres quintas partes a la hora de realizar los nombramientos. Hasta ahora era necesaria para la designación de miembros del Supremo y presidentes de tribunales autonómicos y de la Audiencia Nacional; ahora se amplía a presidentes de sala de la Audiencia Nacional y de tribunales autonómicos, así como a los presidentes de audiencias provinciales y para los jueces del Supremo que controlan el CNI. La segunda novedad es la creación de una comisión de calificación que "informará" al pleno del CGPJ sobre los nombramientos "garantizando una valoración objetiva de los candidatos basada en la trayectoria profesional". Para la elaboración de los criterios, recopilará información de los tribunales territoriales.

Esta comisión se irá renovando cada año y estará formada por cinco vocales del propio CGPJ. Se trata de una solución queda a medio camino de la sugerida por Sánchez y el propio presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, en las últimas semanas. El presidente español propuso un cambio en el sistema para que el CGPJ tuviera menos peso a la hora de nombrar a jueces del Supremo, en sintonía con lo que Guilarte había planteado: una comisión como la que se ha decidido crear, pero que también estuviera formada por expertos externos en el CGPJ. Para el nombramiento de cargos en tribunales autonómicos y provinciales, había puesto sobre la mesa que la elección la hicieran los propios jueces de ese territorio.

La elección de los vocales

Se plantea a futuro una hipotética reforma

Pese al aval de la Comisión Europea, una debilidad en términos de regeneración de este acuerdo es que la elección de los vocales se sigue haciendo con el modelo anterior: PP y PSOE han propuesto diez nombres cada uno, la mayoría de ellos los que ya figuraban en las listas que ambos partidos habían confeccionado en el 2018, cuando se frustró el primer intento de renovación y ni siquiera se ponía sobre la mesa la necesidad de despolitizar la cúpula judicial. Muchos de los nuevos vocales de procedencia judicial habían sido ya preseleccionados gracias al aval de las asociaciones APM y JJpD, que juegan un papel clave en estas designaciones. El pacto PP-PSOE incluye ahora que el nuevo CGPJ elabore en los próximos seis meses una propuesta para modificar el sistema de elección de los vocales jueces de cara a la próxima renovación, en cinco años. Cuando se han planteado alternativas, se ha subrayado la necesidad de que dejen de tener tanto peso las asociaciones —se calcula que sólo están afiliados un 50% de los miembros de la carrera—, pero lo cierto es que para los propios jueces es la forma para darse a conocer, conseguir soportes y escalar.

Ambos partidos se han jactado de que la elección anunciada este martes ya incluye algunas medidas para garantizar la independencia: básicamente, que no podrán ser vocales juristas que en los cinco años anteriores a la elección hayan ocupado algún cargo como ministro, secretario de estado, consejero, alcalde o diputado. PSOE y PP han sorteado este requisito de varias maneras: optando por perfiles de menor rango a secretarios de estado y que hubieran formado parte de gobiernos anteriores, ya sea de José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, o bien eligiendo fiscales de asociaciones afines al PP y al PSOE como son la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales. Para el Tribunal Constitucional, Feijóo se ha servido de José María Macías, mucho significado contra la amnistía y el gobierno de Pedro Sánchez.

Una reforma judicial a fondo, aparcada

El nuevo CGPJ tiene ahora por delante el reto de nombrar 98 vacantes pendientes a raíz de la eliminación de competencias que tenía el organismo mientras estuviera en funciones. Será una prueba de fuego para que se constate si, efectivamente, existe una despolitización. Fuentes parlamentarias de varios grupos consultados por el ARA coinciden en que el pacto PP-PSOE aparca una hipotética reforma a fondo en la judicatura. Quedan asignaturas pendientes como la democratización del acceso a la carrera judicial o un debate sobre el papel de las acusaciones populares que, con la aquiescencia de determinados jueces, originan el lawfare de lo que ahora también se queja Sánchez.