La secretaria general del Parlament analiza si hubo acoso psicológico por parte de Bayona
La mesa le encargó que estudiara la queja de otra miembro del órgano de transparencia
BarcelonaLa secretaria general del Parlament, Esther Andreu, está analizando si una queja de la archivera Blanca Martínez –miembro del órgano de transparencia de la cámara– contra el ex letrado mayor Antoni Bayona merece activar el protocolo contra el acoso psicológico del Parlament. Es lo que le encargó la mesa de la cámara el pasado 18 de enero, después de que la propia Andreu les trasladara que Martínez había dimitido del ente a finales de noviembre por "una respuesta extemporánea y desmesurada" de Bayona, que la habría apuntado "con acusaciones inconcretas pero contundentes de no actuar con imparcialidad" –según el escrito de la archivera avanzado por Efe y El Periódico.
Blanca Martínez se quejó a través de una carta a la secretaria general de la actitud de Bayona el pasado 25 de noviembre en el marco de una discusión del ente de transparencia sobre la petición del ARA para saber qué funcionarios estaban acogidos al régimen especial de las licencias por edad y sus retribuciones.
Como la dirección de estudios parlamentarios -que recibe las peticiones de transparencia- no entregó el sueldo completo de los 21 funcionarios que estaban en licencia por edad, este diario interpuso un recurso al Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información del Parlament (OGDAIP), formado por Bayona, la también letrada Anna Casas y Blanca Martínez, que a la vez forma parte de la dirección de estudios parlamentarios que se negó a entregar la información. En el marco de este proceso, Bayona y Martínez discrepaban sobre un "punto" de la petición y, según la queja de la archivera, el ex letrado mayor tuvo una "reacción que no es propia de quien pertenece a un organismo colegiado, que como tal tiene que tener como fundamentos de su trabajo el debate y el consenso, y que tendría que basar su funcionamiento en el respeto a las personas, sus ideas y la libertad de expresarlas".
Ante la existencia de esta queja del mes de noviembre, la mesa del Parlament del pasado 18 de enero acordó: "Encargar a la secretaria general que, en conformidad con el protocolo para la prevención, la detección, el abordaje y la resolución de situaciones de acoso psicológico, analice la situación que se ha producido a raíz de una queja de una funcionaria miembro del órgano de acceso a la información del Parlament". Fuentes de la mesa dejan claro que no se ha activado el protocolo, puesto que no se ha presentado ninguna denuncia, y que todavía están a la espera de que Esther Andreu los informe de si ha detectado indicios de acoso.
Después de Martínez, que dimitió el 25 de noviembre, también acabó yéndose Bayona. El 23 de diciembre presentó un escrito de renuncia porque no se estaban cumpliendo, por parte de la administración parlamentaria, sus resoluciones favorables a entregar los datos sobre las retribuciones de los funcionarios en licencia por edad.
Enfrentamiento entre Andreu y Bayona
La manera en la que se abordó la queja de Martínez por parte de la secretaria general no gustó al ex letrado mayor, que este martes mandó una carta a la mesa del Parlament criticando su actitud ante los representantes políticos y acusándola de usar de forma parcial el escrito de Martínez. "Considero especialmente grave que la secretaria general hiciese una lectura parcial de este escrito para deducir del mismo un supuesto de acoso laboral imputable a mi persona", decía Bayona, además de reprocharle que si se trataba de un escrito "sensible" no se hubiera esperado "dos meses" a informar a la mesa del Parlament.
Para el ex letrado mayor del Parlament, las afirmaciones que hizo Andreu dentro de la mesa son "totalmente improcedentes y van en contra de las elementales normas de la función pública que exigen el respeto a los subordinados y de los procedimientos de tipo disciplinario, que se basan en la confidencialidad y la presunción de inocencia" –dijo en la misiva que hizo llegar ayer martes a la mesa–. Bayona también acusaba a Andreu de obstaculizar la entrega de datos sobre las licencias por edad, avalando las respuestas que había dado la dirección de estudios parlamentarios.
La secretaria general no tardó en responder al ex letrado mayor, responsabilizándolo del "bloqueo" del órgano de transparencia del Parlament. En un comunicado el martes al atardecer decía: "El letrado se pone en una posición de superioridad jurídica y moral, considerándose en posesión de la verdad, sin aceptar las varias interpretaciones que pueden contener los textos de naturaleza jurídica, y no asumiendo ningún tipo de implicación en el bloqueo del OGDAIP [...] por la actitud y el comportamiento del letrado hacia otra miembro de este órgano". El desenlace de este caso también será otra derivada del escándalo sobre las licencias por edad.