Suiza se niega a colaborar con el juez del Tsunami por falta de indicios contra Rovira

Madrid / BarcelonaNueva bofetada de Suiza en la Audiencia Nacional por el Tsunami Democrático. La Oficina Federal de Justicia del país helvético ha denegado de nuevo colaborar con el juez Manuel García-Castellón porque duda de la imputación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En una respuesta el pasado 22 de diciembre a una comisión rogatoria del magistrado instructor —avanzada por El País ya la que ha tenido acceso el ARA—, las autoridades suizas piden a España que aclare "exactamente" la relación entre la dirigente republicana y la movilización del aeropuerto de El Prat el día que se emitió la sentencia del juicio del Proceso, así como si la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso le afectaría. Tras saber esto, se planteará si colabora con la causa en caso de que no tenga un "carácter político que impediría conceder la asistencia".

El pasado 21 de noviembre el magistrado había pedido a Suiza que localizara el domicilio de Rovira y también información sobre los movimientos de una cuenta bancaria desde la que supuestamente se habría financiado Tsunami Democrático. "Si no hay ningún error por nuestra parte, el contenido es muy similar al de la comisión rogatoria de 3 de diciembre de 2019, que dio lugar a una denegación de asistencia por parte de nuestra oficina", avisa el responsable de la oficina federal, Guillaume Rousseau. Se pregunta "por qué se solicitan movimientos de la cuenta en cuestión hasta junio de 2020, en la medida en que los eventos organizados en los aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente habían recibido apoyo financiero a través de la cuenta bancaria mencionada tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019".

Más allá de esta cuestión específica, Suiza cuestiona de forma genérica la instrucción de García-Castellón. Rousseau pide que el magistrado español presente algún atisbo de que demuestre la "implicación de Rovira en estas manifestaciones y en las acciones emprendidas contra funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".

Tuits de Rovira

En la solicitud del juez García-Castellón se explica que Marta Rovira habría participado en una reunión en Ginebra en la que se habrían "planificado" las acciones de Tsunami. Sin embargo, el magistrado lo supone sin demostrarlo. De hecho, la mayor evidencia que presenta para afirmar su participación es haber republicado rápidamente las convocatorias de la plataforma. En el escrito, afirmaba que Rovira fue "la persona más rápida en retuitear el primer mensaje de Tsunami". "Solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por eso, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami", dice.

Suiza también duda de que los procedimientos empleados por García Castellón sean los más idóneos: Rousseau no entiende por qué el juez quiere localizarla mediante la cooperación jurídica internacional, cuando considera que pudo conocer dónde estaba "mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial". Hace unos días, de hecho, solicitó a la policía suiza que compruebe si el diputado de ERC en el Parlament y también investigado en la causa, Rubén Wagensberg, se encuentra en Ginebra. Sea como fuere, Rousseau también deja claro que no sabe qué "finalidad" existe al tener la localización de la número 2 de los republicanos.

Una segunda negativa

Ésta no ha sido la primera vez que la Oficina Federal de Justicia de Suiza niega una petición de estas características al propio García-Castellón. En 2019, también el propio Guillaume Rousseau ya rechazó la asistencia por el caso Tsunami. Esa vez Suiza ya advertía que la causa tenía carácter político. En concreto, Rousseau se escudaba en que la normativa europea deja claro que "la asistencia judicial puede denegarse, entre otros motivos, si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas".

En la carta emitida el 3 de diciembre de 2019, también se explica que "el carácter político del delito, en caso de que exista delito, constituye un motivo de inadmisibilidad". Esto, según la Oficina Federal de Justicia del país les "impedía" conceder la asistencia judicial que García-Castellón les había requerido. Suiza también decía que su legislación considera "inadmisible" cualquier procedimiento que bajo su "concepción" tenga un "carácter político preponderante". Así pues, cuatro años después de este primer encuentro entre el magistrado español y Rousseau, las posiciones de ambos continúan donde estaban.