Sumar plantea un pulso al PSOE y pide apartar a Isabel Rodríguez

MadridSumar eleva el tono contra el PSOE y sugiere la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, frente a la crisis de precios. "Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras. Y nos da miedo que Isabel Rodríguez no acaba de asumirlo, eso, y por tanto debería dejar paso a quien esté dispuesto a hacerlo", ha afirmado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. La portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, replicó que no comparte la petición, y en la parte socialista de la coalición sostienen que no está "justificada". "Los grupos deben hacer su trabajo para llamar la atención", ha reaccionado la propia Rodríguez en los pasillos del Senado.

El socio minoritario del gobierno español recibió con "decepción" la comparecencia de Rodríguez la semana pasada en el Congreso, en la que anunció un teléfono gratuito, el 047, para consultas de vivienda. "No se puede venir al pleno a proponer teléfonos de esperanza", ha dicho Martínez Barbero, con un tono casi irónico. Desde los comunes, el diputado Gerardo Pisarello ha advertido que el tiempo de Rodríguez "se va agotando" y que a la ciudadanía se le "acaba la paciencia". Fuentes del entorno de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español, evitan secundar su petición de dimisión y señalan que es una cuestión del grupo parlamentario.

¿Qué propone Sumar?

La ley de vivienda aprobada durante la legislatura anterior no está dando resultados en todas partes porque existen comunidades autónomas que no aplican el tope de precios al alquiler. Es el caso de Madrid, por ejemplo. Por eso, Sumar planteó hace unas semanas algunas medidas urgentes como congelar los contratos de alquiler, es decir, alargar su fecha de vencimiento para que los propietarios no puedan firmar nuevos subiendo su precio. La intervención del mercado incluiría que, hasta que no se declaren zonas tensionadas en aplicación de la ley de vivienda, los nuevos contratos deberían estar al mismo precio que el anterior.

Este control de renta se aplicaría también a los alquileres de habitaciones, que se regularían para que sean de más de 30 días, o en caso contrario se considerarán turísticos. El objetivo es evitar fraudes de plataformas que los presentan como de temporada. Los alquileres turísticos deberían tributar un IVA del 21%. Para frenar la especulación, Sumar reclama también una tributación del 5% anual sobre patrimonio inmobiliario a aquellos propietarios que tengan 4 o más viviendas. También, la bonificación del 40% en el impuesto de sociedades en las rentas de alquiler si se dedican a alquiler asequible. La nueva compra de vivienda destinada a alquiler, además, sólo podrá dedicarse a alquiler asequible.

Desde la Moncloa, Alegría ha replicado que el gobierno español "se toma muy en serio" el problema de la vivienda y ha recordado que se ha multiplicado por 8 el presupuesto. Fuentes del ministerio aludido critican que lleva un mes esperando que Sumar designe a interlocutores para abordar algunas de sus reivindicaciones y que aún no se han puesto de acuerdo. Desde esta formación aseveran que esto es una "excusa" y que lo importante no son las personas, sino las políticas. Otras fuentes de la Moncloa apuntan a que algunos de los planteamientos son inconstitucionales, sacan hierro a la petición de dimisión y lo enmarcan en un intento de Sumar de asomarse.

Presión de los comunes también en el PSC

En Catalunya, por su parte, los comunes también han presionado al Govern en la misma línea. La líder de Comuns, Jéssica Albiach, ha avisado al ejecutivo catalán de que se aleja la posibilidad de obtener su apoyo a los presupuestos si no hay avances en vivienda. "Los acuerdos son para cumplirlos", ha dicho en rueda de prensa. Ahora bien, el ejecutivo ultima la unidad antidesahucios, según contestó la portavoz, Sílvia Paneque, que se mostró "optimista".

De hecho, en principio se prevé sacarla adelante este octubre en una medida acordada en el pacto de investidura entre PSC y Comuns. Sin embargo, Albiach ha recordado que todavía no se han aplicado sanciones por vulnerar la ley de vivienda, ni se ha creado esta unidad, ni tampoco el registro de grandes tenedores.informa Roger Palós.