¿Qué supone que el Ayuntamiento de Tarragona esté a punto de quebrar?
Las nuevas ordenanzas fiscales podrán subir impuestos y deberá reducirse gasto, con la opción de refinanciar la deuda
BarcelonaA diferencia de las empresas, si un municipio llega a una situación económica límite y no pueden pagarse servicios y sueldos no puede presentar concurso de acreedores. Ahora bien, ¿qué ocurre si no tiene suficiente tesorería para pagar nóminas o servicios esenciales? ¿Y si tiene una deuda desorbitada? ¿Qué salidas le quedan? El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), anunció el lunes que necesita 14 millones urgentemente para hacer frente al gasto corriente o si no el Ayuntamiento quebrará. No es el primer alcalde que se encuentra en esta situación, pero repentina en una capital de más de 130.000 habitantes.
Moià ha sido uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que supone llegar al punto más extremo: tuvieron que tomar medidas drásticas. Cuando Dionís Guiteras (ERC) tomó las riendas de la alcaldía en el 2011, se encontró con 25,5 millones de deuda, que achaca a los mandatos anteriores de Josep Montràs (CiU). La deuda llegó a representar el 395% del presupuesto anual. ¿Cómo superaron la situación? "No pudimos pagar las nóminas durante varios meses, tuvimos que reducir el gasto para ser más eficientes y tuvimos que despedir a personal", relata Guiteras en una conversación con este diario. Pese a que técnicamente no es posible, se "declaró en quiebra" porque "no podía hacer frente a los pagos" y presionó hasta que la Generalitat les pagó lo que les debía, lo que facilitó la cobertura de nóminas. Fue tutelado por el Estado, y el plan financiero de Guiteras para el Ayuntamiento, bajo estricto control, les permitió salir adelante.
Era el momento de la gran recesión mundial provocada por la crisis de financiación, y muchos otros municipios , como por ejemplo Sitges y Cunit, se encontraron en una situación similar. "Tuvimos que refinanciar la deuda, acogernos al mecanismo estatal de pago a proveedores para pagar lo que estaba pendiente, lo reestructuramos todo y apostamos por inversiones con retorno, como el cambio de alumbrado para ahorrar en electricidad", explica Guiteras, que recuerda que otros lugares como Jerez de la Frontera carecían de luz dos días a la semana.
De hecho, Moià no se puede comparar con la situación de Tarragona, que prevé un endeudamiento del 80,17% al finalizar el año. ¿Cuál es la receta? Reestructurar el gasto, lo que puede ir acompañado de la refinanciación de la deuda. En el caso de la capital del Moianès "fallaron" controles económicos ordinarios del consistorio y del departamento de Gobernación, apunta Guiteras, pero en el día a día municipal existen unos firmes controles. Fuentes de la secretaría de Gobiernos Locales de la Generalitat recuerdan que los ayuntamientos tienen las figuras de secretario e interventor, que fiscalizan los asuntos económicos para que se cumpla la legislación: así, los municipios deben tener menos de un 75% de endeudamiento respecto en el presupuesto corriente, el pago a proveedores debe hacerse a un compromiso de 30 días vista y es necesario aprobar sin déficit las cuentas anuales, que deben presentarse en la Sindicatura de Cuentas.
Actualmente la ley impide que los consistorios sigan generando deuda –lo que implica muchas críticas de los alcaldes– y les empuja al superávit por la estabilidad presupuestaria. Cuando no se cumple la norma el interventor pide fijar medidas, y si se debe pedir un crédito en situación de incumplimiento legal es necesario pedir autorización a la Generalitat, que también hace su vencimiento. Si la situación es tan excepcional como la de Moià llega la intervención estatal.
El plan de Tarragona
Los motivos detrás de la actual situación en Tarragona son varios. Para empezar, una mayor situación de costes de la prevista –causada por la inflación y el aumento del precio de la energía–, que ha hecho crecer el gasto corriente mientras los ingresos no han seguido la misma tendencia. También el elevado endeudamiento que arrastra desde hace una década al Ayuntamiento y que supera los 100 millones de euros, por encima del 75% del presupuesto, el límite legal. Asimismo, existe el problema estructural de financiación de los ayuntamientos, que denuncian que deben asumir gastos que no les corresponderían ante la inacción de la Generalitat o el Estado.
Ante la actual situación, Viñuales ya ha avanzado que habrá que reducir la gasto y mejorar la eficiencia de las empresas municipales y de cada uno de los servicios, pero con una prioridad: mantener los servicios sociales, añaden fuentes del Ayuntamiento. Por eso, el alcalde presentará un plan de ordenanzas fiscales, que negociará con los grupos municipales porque gobierna en minoría, sabiendo que tendrá que recortar gasto de donde pueda y con la opción de intentar aumentar los ingresos con más impuestos. El año pasado las reglas fiscales estaban suspendidas y el consistorio pudo destinar su remanente de tesorería a financiar el gasto corriente no recurrente, lo que este año, ya con el cambio de alcalde, no ocurre.
