El Supremo pide a la Abogacía del Estado que se moje sobre los indultos a las puertas del 14 de febrero

Quedan sólo dos días para que empiece la campaña electoral catalana y el Tribunal Supremo ha decidido finalmente mover ficha en un tema que tanto el gobierno español como el PSC no quieren que marque el debate: el posible indulto a los presos políticos. Justo en el momento en que Salvador Illa comparecía por última vez desde la sala de prensa de la Moncloa como ministro de Sanidad, el alto tribunal ha trasladado la petición a la Abogacía del Estado para que se moje sobre la posibilidad de conceder la medida de gracia a los líderes independentistas. A las puertas de Navidad ya se pronunció la Fiscalía, que rechazó del todo el indulto, pero todavía quedaba pendiente que el Supremo pidiera el informe a la Abogacía del Estado y que, a diferencia del ministerio público, recibe órdenes directas del gobierno español. De hecho, se ha especulado que podría pronunciarse a favor de un indulto parcial para que, si lo acaba concediendo el consejo de ministros, Pedro Sánchez no lo haga con todos los informes en contra. Hay que tener en cuenta que el presidente español se despidió del 2020 abriendo la puerta al indulto a los presos. "Hay que superar tiempo nefastos", aseguró.

Si hasta ahora, pues, estaba en manos del Supremo mover ficha, ahora es la Abogacía del Estado la que controla el reloj para conceder el indulto. Según han detallado fuentes del Supremo al ARA, la petición del alto tribunal no prevé ningún límite de tiempo. Es decir, el departamento se podría tomar el tiempo que quisiera, pero sirven de referencia las cinco semanas que tardó el ministerio público, del 16 de noviembre –cuando el Supremo le solicitó el informe– al 22 de diciembre, cuando avisó de que los "acuerdos políticos" no pueden ser un motivo para concederlo.

Una vez la Abogacía se pronuncie –podría ser ya después de las elecciones–, solo quedará que el Supremo eleve su informe a la mesa del consejo de ministros. Entonces Sánchez ya no podrá mirar hacia otro lado y tendrá que decidirse. En los últimos meses, unos cuantos ministros han preparado el terreno para la posibilidad de que el gobierno español resuelva la cuestión en contra del criterio del Supremo y de la Fiscalía.

El cambio de discurso sobre los indultos

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull ha enviado el último mes hasta dos escritos al Supremo pidiendo que se acelerara el proceso para responder al indulto porque ya hacía más de un año desde que se envió al ministerio de Justicia la primera petición de indulto para todos los presos políticos a manos del abogado Francesc Jufresa. Desde entonces tanto los líderes independentistas como los partidos y el gobierno español han cambiado del todo el discurso sobre esta medida de gracia. Si bien todos se oponían, poco a poco se ha ido abriendo la puerta a la medida. Sánchez los ha pasado por delante de la reforma del delito de sedición en el Código Penal, mientras que los partidos independentistas, a pesar de defender la amnistía, lo ven como una opción factible para que los presos puedan volver con sus familias.

Pero el movimiento del Supremo no es el único en el terreno judicial a las puertas del 14 de febrero. El Tribunal Constitucional tiene previsto responder por primera vez jueves, justo el día de inicio de la campaña catalana, a los recursos presentados por los líderes independentistas a la sentencia del Procés. En concreto, se trata del recurso de la ex consejera Meritxell Borràs, condenada por desobediencia, pero la respuesta del pleno del Constitucional servirá de referencia para el resto de recursos, que está previsto que se resuelvan antes del verano.