El Supremo aplica la amnistía: pone fin a la causa de ocho independentistas
El alto tribunal entierra definitivamente la causa de la mesa del Parlament, que fue absuelta hace cuatro años
MadridEl Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.
No es la primera vez que el Supremo aplica la amnistía. El primero en hacerlo fue Pablo Llarena el 1 de julio de 2024. A pesar de que negó la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación, sí admitió que la desobediencia entraba en el perímetro de la norma y, por lo tanto, exoneró al expresidente de la Generalitat, así como a Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. “Cabe declarar que el ámbito de aplicación de la ley llega a las acciones y omisiones susceptibles de integrar el delito de desobediencia”, concluyó. Ahora las resoluciones las firman Manuel Marchena, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta, Leopoldo Puente y Antonio del Moral.
Dos manifestantes de Girona
El caso de Abdessabour al-Youbi y Mohcine El Mesbay fue el que aprovechó el Supremo para torpedear la aplicación diligente de la amnistía. Ambos fueron condenados a un año y medio de prisión por desórdenes públicos agravados en las protestas de octubre de 2019 en Girona, tras la sentencia del juicio del Procés. Al-Youbi presentó un recurso de casación y, antes de resolverlo, el alto tribunal envió la amnistía al Constitucional por primera vez en una resolución que calificaba el Procés de "golpe de Estado" en varias ocasiones.
Concretamente, fueron condenados por haber lanzado piedras contra la sede de los juzgados situada en la avenida Ramon Folch. La sentencia relata que formaban parte de un grupo de unas 300 personas que lanzaron “toda clase de objetos y, en particular, piedras o trozos del pavimento”. Una piedra hirió a un agente de los Mossos d'Esquadra, pero no se pudo acreditar quién fue su autor.
Un manifestante de Barcelona
El tercero es Oriol Calvo, un joven del barrio de Poble-sec, que fue condenado a un año y medio de prisión por las protestas postsentencia de 2019 en Barcelona. Inicialmente, fue condenado por atentado contra la autoridad y desórdenes agravados, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo absolvió del primer delito. La sentencia, que se sustenta únicamente en la declaración de dos agentes de los Mossos, detallaba que lanzó piedras contra la línea policial. Su defensa replicó que estaba en el "lugar inadecuado" en el "momento equivocado". Era uno de los siete jóvenes que estaban a punto de entrar en prisión antes de la ley de amnistía.
Maties Serracant, exalcalde de Sabadell
También ha quedado exonerado Maties Serracant (CUP), que fue alcalde de Sabadell de julio de 2017 a junio de 2019. Semanas antes del 1 de octubre, se atribuyó las competencias sobre la autorización del uso de las escuelas para ser él quien diera luz verde a hacerlas servir para el referéndum: era consciente de que esto podía generar responsabilidades a los concejales que se encargaban de ello y quería eximirles. Fue condenado a una multa de 1.800 euros y cuatro meses de inhabilitación por un delito de desobediencia.
La mesa del Parlament de Roger Torrent
Finalmente, el Supremo también ha aplicado la amnistía a los miembros soberanistas de la mesa del Parlament de la legislatura posterior al 1-O: Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Los cuatro fueron absueltos en noviembre de 2022 porque el TSJC consideró que no quedó acreditado que “quisieran desobedecer los mandatos” del Tribunal Constitucional cuando aceptaron la tramitación de resoluciones sobre la autodeterminación y en contra de la monarquía.
Posteriormente, la Fiscalía recurrió la absolución al Supremo. Ahora bien, más tarde, con la entrada en vigor de la amnistía, el ministerio público admitió que debían ser amnistiados. A pesar de ello, Josep Costa se opuso alegando que los hechos no eran delito: esgrimió que la justicia penal “carece radicalmente de jurisdicción sobre los votos, opiniones o expresiones de voluntad de los parlamentarios en ejercicio de sus funciones”.
Un caso pendiente: los Tres de Granollers
A pesar de las cuatro novedades, hay tres jóvenes que todavía están pendientes de la decisión del Tribunal Supremo: los Tres de Granollers, que fueron condenados por haber atacado a agentes de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre de 2020 durante el tercer aniversario del 1-O. Fueron de los primeros amnistiados, pero un policía presentó un recurso de casación al Supremo: fue la primera amnistía que había sido concedida y que un agente de los Mossos intentó revertir.
Fueron condenados entre tres años y tres años y medio de prisión y a una indemnización de 76.000 euros por lanzar piedras contra una furgoneta de los antidisturbios durante los altercados por el centro de Barcelona. El agente que intentó tumbar la amnistía es el que sufrió la lesión, que los tres independentistas siempre han negado. Argumentó, precisamente, que estas lesiones podrían no estar incluidas en la amnistía.
Además, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también anunciaron que harían lo mismo contra los tres jóvenes independentistas que fueron condenados por la protesta Holi contra la manifestación del sindicato policial Jusapol del 29 de septiembre de 2018. Sin embargo, no llegaron a formalizar el recurso y, por tanto, la amnistía se hizo firme.