El Supremo asume la causa por terrorismo contra Puigdemont

MadridCarles Puigdemont y el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg serán investigados por terrorismo en el Tribunal Supremo. En un auto dictado este jueves, la sala penal resuelve que debe citarse a declarar como investigados en la causa sobre el Tsunami Democrático en el alto tribunal, mientras que la Audiencia Nacional debe continuar su instrucción contra las otras diez personas señaladas por el juez Manuel García-Castellón. Los cinco miembros que han tomado la decisión son: Manuel Marchena, Julián Sanchez Melgar, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo y Eduardo de Porres, los cinco de órbita conservadora. Y marcan ya el camino a seguir a la encargada de instruir el caso, Susana Polo, magistrada considerada progresista que fue ponente de la sentencia de la Manada que sí consideró agresión sexual la violación grupal.

Al día siguiente que las defensas maniobraran por hacer descarrilar el caso, el Supremo ha hecho vía para quedarse la causa contra las dos personas aforadas. Más allá de la cuestión competencial, lo trascendental de la decisión es que el alto tribunal ve indicios de terrorismo: los jueces explican en su auto que para acreditar el "terrorismo callejero" se exige que se detecte alguna de las siguientes fines: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

"En nuestro supuesto, se han cometido por parte de los integrantes del movimiento Tsunami Democrático los delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros", subraya el tribunal, que pone especial énfasis en los hechos del aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019. En el auto, el Supremo rechaza a los miembros del gobierno español, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, quienes han manifestado que no hubo terrorismo en el Proceso. "La afirmación que aflora en algunos políticos de que sólo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratadas como terrorismo es incompatible con la definición de terrorismo que se deriva del actual artículo 573 del Código Penal", dice.

Aunque no sea el documento oficial presentado por la Fiscalía, los magistrados se agarran a el informe que hicieron los fiscales del Supremo partidarios de investigar a Puigdemont. "No es necesario que el autor forme parte de un grupo terrorista, o actúe organizadamente, de modo que cualquier persona que ejecute, aunque sea individual o colectivamente, alguna de las acciones previstas con las finalidades expresadas en el precepto [las mencionadas anteriormente], será autor o partícipe de un delito de terrorismo", subrayan los magistrados. Con esta premisa ven motivos para apuntar a Puigdemont. Constatan que "estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y la desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones".

Los cinco jueces dan por buenos los indicios que señalaba García-Castellón contra el expresidente catalán y, en cambio, discrepa de lleno con la interpretación que hizo la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que en el su informe desmontaba una a una las incriminaciones hacia Puigdemont. “No resulta aceptable analizar cada uno de los elementos y darles otra interpretación, o aislarlos del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones. La fuerza convectiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios", destacan los magistrados, que acusan a Sánchez Conde de "subjetividad".

No evitó las protestas

Según la sala, la "pluralidad de indicios" acredita "liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas" de las actuaciones por parte de Puigdemont, por lo que "hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico retirando su apoyo carismático. Pero lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento". Para Marchena y el resto de magistrados que firman el texto, Puigdemont es uno de los "hombres traseros, que ordenan delitos con mando autónomo pudiendo evitarlo".

El eurodiputado de Junts ya ha reaccionado en un tuit a X, en el que ha ironizado sobre la resolución del Supremo. "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá", ha escrito sobre lo que llama "Matrix judicial español". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se mostró indignado y acusó al Supremo de "hacer política partidaria". "Entra a intentar boicotear una ley de amnistía y ésta es la razón última por la que el Supremo ha decidido acusar por terrorismo lo que son simples protestas", ha denunciado el jefe del ejecutivo catalán.

Una vez que la sala ha admitido la exposición razonada de García-Castellón, la instrucción queda en manos de la magistrada Susana Polo, considerada progresista. Habrá que ver si tiene un criterio distinto al que ya ha marcado Marchena en el auto de este jueves y qué margen tendría para implementarlo. Las decisiones que pueda tomar siempre se podrán ver revisadas por la sala, que si tiene mayoría conservadora puede enmendarle la página en caso de ser discrepantes. Lo mismo podría ocurrir si se aprueba la amnistía con la interpretación que se haga sobre si afecta o no a Puigdemont y Wagensberg.