El Supremo decidirá el día 14 si revoca los indultos
La posible amnistía frena la euroorden de Llarena contra Lluís Puig
MadridInevitablemente, amnistía ha sido una de las palabras más nombradas este jueves en el Tribunal Supremo, con motivo del acto solemne de apertura del año judicial. Y no porque estuviera en los discursos, sino en las conversaciones en los pasillos entre jueces, fiscales, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), políticos y periodistas. En cambio, apenas se ha hablado de indultos, y eso que, según ha podido saber el ARA, el próximo jueves la sala tercera del alto tribunal resolverá si mantiene o revoca la medida de gracia que Pedro Sánchez concedió a los presos políticos. Los primeros recursos en llegar al final de la tramitación son los de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Ambos tienen perdonada hoy en día la pena de cárcel y, en caso de que el Supremo tumbara a los indultos, Manuel Marchena debería estudiar en qué situación quedan los expresidentes de Òmnium y el ANC.
El 14 de septiembre es la fecha fijada para que la sección quinta delibere sobre los primeros recursos que han terminado la tramitación, y son tres presentados por Vox y Cs que afectan a Sánchez y Cuixart. La sedición se derogó y se incluyó en el Código Penal el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, que Marchena consideró que podía aplicarse a los exlíderes de las entidades soberanistas. Es decir, que en caso de revocarse a los indultos habría un cierto riesgo de prisión. No sería inmediato, porque podrían acudir al Tribunal Constitucional y que suspendiera cautelarmente la ejecución de una hipotética privación de libertad. La opción de que el consejo de ministros aplicara un nuevo indulto está descartada porque el gobierno está en funciones.
El ponente de la sentencia es Wenceslao Olea, y el resto de integrantes de la sección son Pablo Lucas, presidente de la sala contencioso-administrativa, y los magistrados Fernando Román, Ángeles Huet y Ángel Ramón Arozamena. En primer lugar, deben decidir si Cs y Vox estaban legitimados para recorrer los indultos y, en caso de que así sea, también posicionarse sobre el fondo. Estos mismos jueces ya archivaron en mayo los expedientes relativos a Joaquim Forn, Josep Rull y Carme Forcadell, porque con la derogación de la sedición y no habiendo sido condenados por malversación, ya no corrían el riesgo de tener que volver a prisión.
La del próximo jueves es una decisión largamente esperada. Hace dos años que PP, Vox y Cs presentaron recurso en el Supremo contra los indultos. Los antecedentes dejan pocas rendijas para que se revoque la medida de gracia, una hipótesis que cambiaría por completo el clima político. No está del todo claro si de la composición de la sección quinta resulta una mayoría progresista o conservadora. Fuentes jurídicas avisan de que nunca se puede poner la mano en el fuego con todo lo que tiene que ver con Catalunya. Básicamente, porque la derecha judicial inicia el curso con la misma indignación con la que ha recibido todas las medidas vinculadas a la desjudicialización del Proceso que ha salido adelante hasta ahora el PSOE.
En los pasillos, este jueves se daba por hecho que llegará la amnistía, si bien todavía no hay ningún texto sobre la mesa y la mayoría de miembros de la cúpula judicial han querido ser cautelosos. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, muy cercano a la Moncloa, ha rehuido cualquier pregunta de los periodistas. Cierto es que los miembros del tribunal tendrán que decidir sobre la constitucionalidad de la ley que pueda llegar a aprobar el Congreso y no pueden emitir valoraciones previas.
Por su parte, magistrados y fiscales del Supremo tampoco han querido profundizar en ellos. Ahora bien, el simple hecho de que la amnistía forme parte de las negociaciones de los partidos soberanistas para la investidura de Sánchez tiene ya incidencia, por ejemplo, en la situación del exconseller Lluís Puig. Desde que Luxemburgo situó las limitaciones que los Estados miembros tienen para rechazar euroórdenes, Llarena podría haber dictado una nueva orden de detención contra Puig, que no es eurodiputado y, por tanto, no está afectado por el procedimiento sobre la inmunidad que tienen abierto Carles Puigdemont y Toni Comín. Fuentes del tribunal explicaban este jueves que el nuevo procesamiento por malversación de Puig no fue firme hasta junio, que después Llarena quiso esperar en la primera resolución del TGUE sobre la inmunidad de Puigdemont (el 5 de julio) y que con una posible amnistía sobre la mesa ya prefiere esperar a que el TJUE se pronuncie definitivamente sobre la inmunidad y tratar a los exiliados como un lote.
¿Y esto cuándo será? La defensa de los eurodiputados tiene hasta el 15 de septiembre para recorrer la pérdida de inmunidad y pedir que se les devuelva cautelarmente. Luego, Luxemburgo tendrá que resolver y en el Supremo creen que no tendrá nada rápido. ¿Por qué debería correr el TJUE a determinar si Puigdemont es un prófugo de la justicia en Bruselas si le acaba de visitar toda una vicepresidenta del gobierno español –Yolanda Díaz– para negociar una amnistía?, se preguntaban en el alto tribunal . Sea como fuere, este jueves se hacían todo tipo de futuribles. Uno de ellos es cómo operaría esta eventual norma cuando se aprobara.
La cuestión de constitucionalidad
Fuentes jurídicas dejan claro que los tribunales no tienen más remedio que aplicar la ley. Ahora bien, tienen potestad para plantear cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional antes si creen que una ley que les afecta en un determinado procedimiento –en este supuesto, la de una amnistía en múltiples causas sobre el 1-O– es contraria a la carta magna. No todos los tribunales tienen por qué actuar en el mismo sentido; es decir, podría ser que, por ejemplo, Llarena planteara la cuestión de constitucionalidad –fuentes del Supremo no han asegurado si lo haría o no en caso de que llegue el momento– y, en cambio, el juzgado 13 de Barcelona, que tiene decenas encausados por el referéndum, aplique directamente la amnistía. El trámite indica que se pide criterio a la Fiscalía y el resto de partes, por lo que el ministerio público podría tener que mojarse. Este miércoles no ha querido hacerlo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no ha hecho ninguna referencia a la amnistía, pese a que la conservadora Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en el que criticaba el “silencio” de su máximo representante. En cualquier caso, la cúpula judicial se prepara para una nueva carpeta del Proceso.
