El Supremo propone que sea el TJUE quien aclare si Bélgica puede denegar la extradición de los exiliados

BarcelonaNi los tribunales alemanes, ni los escoceses ni los belgas han aceptado hasta ahora los argumentos del Tribunal Supremo por extraditar a los exiliados del Procés. El último portazo fue el del Tribunal de Apelación de Bélgica, la segunda instancia judicial, que en enero volvió a denegar la extradición del ex conseller de Cultura Lluís Puig. Ahora, el magistrado instructor, Pablo Llarena, pretende cortar la sangría elevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial para que aclare los límites que los tribunales estatales tienen para rechazar las extradiciones. La negativa a extraditar a Puig es firme porque la fiscalía belga renunció a presentar recurso, así que la intención de Llarena es que el TJUE fije las bases para la resolución de las próximas euroórdenes, que ya se preparan para cuando Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pierdan la inmunidad en el Parlamento Europeo.

Llarena ha dado tres días a la Fiscalía, Vox y la defensa de los exiliados para que se posicionen sobre esta propuesta, inédita en la causa del Procés. El Supremo había confiado hasta ahora en las euroórdenes y las órdenes de detención internacional en el caso de Suiza (a pesar de que ahora mismo no hay ninguna ni contra Marta Rovira ni contra Anna Gabriel) para conseguir las extradiciones, pero las derrotas judiciales se han ido acumulando y en más de tres años la vía europea se ha demostrado estéril. La opción de presentar una cuestión prejudicial en el TJUE siempre había estado encima de la mesa, a pesar de que Llarena nunca se había decidido a sacarla adelante. Entre otros, porque un posicionamiento de la justicia europea que avale la potestad para decidir de los tribunales de cada estado dejaría sin argumentos las críticas que se han ido multiplicando desde España a cada negativa.

Fuentes de la defensa de los exiliados consideran que se acabará demostrando que es un "error" para el Supremo dar este paso porque aseguran que la jurisprudencia del propio TJUE ya ha avalado en varias ocasiones la competencia de los tribunales nacionales por no extraditar de manera automática a personas reclamadas entre estados europeos. Aún así, es cierto que recientemente una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) condenó a Bélgica por rechazar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui y la Audiencia Nacional volvió a emitir una euroorden que finalmente se ejecutó en noviembre pasado, informa Júlia Manresa Nogueras.

La finalidad de la consulta de Llarena es, pues, "poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención europeas contra todos o alguno de los procesados". Todo apunta que Puigdemont, Ponsatí y Comín perderán la inmunidad dentro de dos semanas y será entonces cuando se inicie una nueva carrera para conseguir la extradición. De momento, Llarena no ha aclarado si, en caso de que acabe presentando la cuestión prejudicial, esperará a conocer el posicionamiento del TJUE antes de volver a dictar las euroórdenes.

Órdenes de detención

El caso de Lluís Puig es el que ha tenido una tramitación más larga. Se ha llegado a la segunda instancia -ha obtenido dos 'no' de los tribunales belgas- cuando en el resto de euroórdenes el Supremo se había acabado echando atrás ante el rechazo inicial de las instancias judiciales. En la providencia que firma Llarena, recuerda que la interpretación que acabe haciendo el TJUE "no solo afecta a las decisiones que se tengan que tomar en el futuro" sino que condiciona la existencia de las medidas de detención dictadas por las autoridades españolas "respecto a la libertad de movimientos en el actual país de ejecución y en todos aquellos otros estados de la UE donde opera la orden de detención".

En el caso de los tres eurodiputados, mientras mantengan la inmunidad tienen un salvoconducto para viajar a cualquier país de la Unión Europea -excepto España-. Cuando la pierdan, tendrán que someterse a las decisiones de los tribunales de los estados donde tienen fijada la residencia, con la posibilidad de que los obliguen -ya lo hicieron en su día- a no salir del país.