El TC retrasa la amnistía en Puigdemont: "Difícilmente se resolverá antes de Navidad"

MadridLa decisión de la defensa de Carles Puigdemont de recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ya hacía prever una dilación en los plazos para resolver la amnistía en el expresidente de la Generalitat. Este jueves el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, lo ha confirmado en un almuerzo con periodistas. "Difícilmente podrán ser resueltos antes de Navidad", ha dicho sobre los recursos de amparo tanto de Puigdemont como de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Conde-Pumpido ha atribuido este "retraso" de "mínimo un mes" en relación con los tiempos previstos inicialmente —en el TC contaban admitirlos a trámite a principios de septiembre y finalmente lo harán en el pleno de la próxima semana— a la decisión de tratar de apartar a los magistrados conservadores José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por parte de la misma.

El movimiento del abogado Gonzalo Boye generó desconcierto en un Constitucional que, según ha defendido su presidente, ha tratado desde un principio "agilizar" la resolución de esta cuestión porque dilatarla "genera una perturbación en el ordenamiento jurídico". Así, Conde-Pumpido ha reivindicado que emitieron sentencia sobre el recurso del PP contra la amnistía en nueve meses cuando otros recursos polémicos del PP como el que se presentó contra el Estatut de Catalunya o contra la ley del aborto del expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero tardaron cuatro y doce años, respectivamente, en cerrarlo. Conde-Pumpido ha defendido haber avalado la constitucionalidad de la amnistía -argumentó que sería "extraño" que España sea "el único país de la UE que no pudiera aprobarlo"-, si bien no ha querido avanzar cómo se resolverá el gran tema pendiente, como es si se puede amnistiar la malversación, que es lo que impide que se le impide que se le impide.

No lo sabremos previsiblemente hasta el 2026, según los cálculos de Conde-Pumpido, porque, además, el pleno de la próxima semana, que tiene también sobre la mesa el recurso de las Cortes de Aragón contra la amnistía, no entrará a fondo en esta cuestión. Fuentes del Constitucional apuntan a que, aunque la comunidad autónoma mencione este delito, en la sentencia que lo resuelva "no habrá una referencia explícita" a la malversación, sino "mínima". La intención, tal y como trasladan fuentes del tribunal, es que no se pueda interpretar que lo que se diga sobre la malversación en respuesta a las Cortes de Aragón es aplicable a los recursos de amparo de los líderes del 1-O. Un recurso "abstracto" sobre la ley, como es el aragonés, no puede "prejuzgar" la aplicabilidad de la norma en un caso concreto, añaden.

Así, la próxima semana el TC admitirá a trámite el recurso de Puigdemont y, con toda probabilidad, rechazará la solicitud de que se le levante inmediatamente la orden de detención en el Estado. Denegada esta medida cautelarísima, se abrirá un trámite de alegaciones a las partes para estudiar si se acepta esta petición como medida cautelar antes de resolver el fondo del recurso de amparo, pero las fuentes consultadas apuntan a que esta vía (que permitiría un retorno inmediato de Puigdemont) tampoco prosperaría. En paralelo, en el pleno de la próxima semana también se estudia la primera cuestión de inconstitucionalidad, la que presentó el Tribunal Supremo en un caso de desórdenes públicos de un activista de Girona. Conde-Pumpido ha avanzado que en estos casos no habrá sorpresas y que todo se resolverá de acuerdo a la doctrina establecida a finales de junio en la sentencia que dio el visto bueno a la norma.

¿Cuándo podrá cerrar definitivamente la carpeta de la amnistía el TC? Conde-Pumpido ha advertido de que todavía quedan "bastantes meses" para que todos los asuntos pendientes estén definitivamente resueltos y no ha garantizado que pueda ser antes del verano del próximo año. El mandato del presidente del TC se agota a finales de diciembre, pero se mantendrá en el cargo hasta que se nombre un relevo. La falta de puentes entre PP y PSOE hace prever que deberá alargarlo, si bien Conde-Pumpido ha apuntado que "no puede profetizar" sobre lo que ocurrirá durante el 2026 porque "es probable" que deje la presidencia del órgano. En este período también es relevante lo que pueda decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales en relación a la malversación. Hay una primera fecha rodeada en rojo, en este sentido, que es la del 13 de noviembre, cuando debe hacer un primer pronunciamiento el abogado general. Lo que diga no es vinculante, pero suele marcar el camino del tribunal.

Las críticas del PP

El PP ha cargado reiteradamente contra Conde-Pumpido, al que presenta como un títere de Pedro Sánchez. El presidente del TC ha defendido la profesionalidad del Constitucional: "Quien descalifica desde la política al TC se está descalificando a sí mismo, porque hemos sido elegidos por los cuatro poderes del Estado", ha dicho Conde-Pumpido. Así, ha defendido que "ninguna institución del Estado puede criticar al resto de poderes" y ha negado que el TC esté invadiendo la competencia del Tribunal Supremo con la admisión a trámite de recursos como el de Puigdemont. "Recibimos 6.500 recursos de amparo [sólo en 2024], amamos 17 y después nos acusan de envadir competencias", ha lamentado.

Conde-Pumpido ha hecho la misma argumentación con las sentencias emitidas. "De las 498 que llevamos, se nos critica por dos, la amnistía y los ERE [de Andalucía], cuando hemos dicho muchas cosas más", ha defendido. El TC también está en el punto de mira del PP por los conflictos de competencias. Aunque los populares predican que tienen desconfianza hacia el Constitucional debido a que tiene una mayoría progresista –Esteban González Pons, portavoz en la Eurocámara, llegó a decir que era el "cáncer del estado-, el cáncer del estado-, PSOE.

El Constitucional deberá resolver, por ejemplo, si el Congreso, con el "bloqueo" denunciado por el PP de las normas que envía el Senado, está pisando las competencias que la Constitución atribuye a la cámara alta El PP también amenaza con llevar un conflicto con el gobierno español ante "Senado" "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Todavía están prorrogados los del 2023.