Tejero, Milans y Armada, los golpistas enfrentados en el juicio del 23-F

Barcelona“A Su Excelentísima Señoría Don Jaime Milans del Bosch y Ussía, teniente general del ejército, como autor de un delito consumado de rebelión militar, incluido en el artículo 287 del Código de Justicia Militar, se le condena a la pena de 30 años de reclusión”. Con enorme expectación, el 3 de junio de 1982 se procedió a la lectura de la sentencia contra los responsables del intento de golpe de Estado del 23-F. Milans del Bosch y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero fueron considerados los cabecillas de la rebelión y el consejo de guerra les aplicó penas máximas, a diferencia de a quien ambos señalaban como cerebro del golpe: el general Alfonso Armada sólo fue considerado conspirador y condenado a seis años de prisión. Las pugnas entre Armada y los otros dos principales golpistas fueron constantes en el juicio, que duró tres meses (desde el 19 de febrero) en el Servicio Geográfico del Ejército en Madrid.

Los golpistas eran básicamente militares (32 de los 33 procesados), de modo que fue la justicia militar la primera en intervenir -el caso acabaría en el Supremo-. 17 jueces, 69 testigos, 26 abogados defensores, la Fiscalía encabezada por el general Claver Torrent, 66 periodistas acreditados en la sala y más de 370 personas de público siguieron atentamente el procedimiento. El juicio tuvo 48 sesiones y se vivieron diferentes episodios de desobediencia al tribunal, con los acusados negándose a asistir en alguna ocasión en protesta por informaciones periodísticas -se retiró la acreditación al director de Diario 16, Pedro J. Ramírez- o abandonando la sala en contra del criterio del juez porque algunos testigos los consideraban “secuestradores”.

Versiones contradictorias

El juicio partía de dos evidencias. La primera, que el 23 de febrero de 1981 un grupo de guardias civiles, encabezados por Antonio Tejero, había asaltado el Congreso con pistolas y metralletas y había secuestrado durante más de diecisiete horas a los miembros del gobierno, los diputados de la cámara baja y a todo el que allí trabajaba mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. La segunda, que el ejército había ocupado las calles de Valencia, con carros de combate y destacamentos de militares, siguiendo el bando decretado por el capitán general de aquella región militar, Jaime Milans del Bosch. “Los tanques respetaron las señales de tráfico”, defendió el coronel Ibáñez Inglés, mano derecha de Milans, durante el juicio. Tanto Tejero como Milans reconocieron su participación en los hechos, pero negaron la rebelión.

“Tenía la idea de que había que ocupar el Congreso o la Moncloa desde hacía tiempo, porque si no tenía retenidas las más altas magistraturas de la nación había peligro de guerra civil”, declaró Tejero el 17 de marzo durante el interrogatorio del fiscal.

Tejero, que ya había sido condenado en 1980 a siete meses de prisión por haber intentado orquestar un golpe de Estado en la llamada operación Galaxia, explicó que el inicio del 23-F se remontaba a noviembre de 1980, cuando hablaron de ello con Milans del Bosch. El teniente coronel implicó también al general Armada, con quien aseguraba haber conversado por teléfono varias veces y haberse reunido dos días antes del 23-F en un piso de Madrid. También al director del Cesid -antiguo CNI-, José Luis Cortina, que el tribunal acabó absolviendo por falta de pruebas.

“Ocupamos el Congreso a las órdenes del teniente general Milans del Bosch, sin otro deseo que el bien de España, y no admitimos más que un gobierno que instaure una verdadera democracia sin autonomías separatistas [...] y que aplique todo el rigor de la ley a los terroristas”. Era el texto que los golpistas pretendían distribuir aquel día, señalando a los Estatutos vasco y catalán y a ETA como motivos para imponer un gobierno militar.

Milans del Bosch declaró que Alfonso Armada, Tejero y él -y otros que no quiso mencionar- habían preparado el golpe por “patriotismo”. Según el teniente general, Armada -militar muy cercano a Juan Carlos I- les había prometido que el rey estaba al corriente. “Naturalmente que estaba a favor de ocupar el Congreso, porque pensaba que el rey apoyaba”, respondió Milans, quien reconoció que había retirado los tanques tal como le había ordenado el monarca por teléfono. “Pensé que se había echado atrás”, apuntó.

Milans no dejó de increpar a Armada durante el juicio, y su abogado incluso pidió un careo entre ellos dos que no fue aceptado por el juez. Armada, en cambio, siempre negó su implicación y la del rey. “Lo único que quería era liberar a las personas secuestradas, ya fuera a través de un gobierno presidido por mí o por otra persona”, respondió al fiscal. El 23 de febrero por la tarde, después de haber conversado por teléfono tanto con Milans como con el rey, acudió al Congreso, según él para convencer a los asaltantes de que se rindieran. Ofreció a Tejero y sus hombres dos aviones para huir del país -autorizados por el Estado Mayor- y se propuso, a instancias de Milans, como presidente de un gobierno donde también habría de haber Felipe González y Jordi Solé Tura, entre otros. “¿Y usted realmente pensaba que aquello era constitucional?”, le interpeló el fiscal.

Tejero no aceptó aquel gobierno (“Me daba mala espina”) y horas después se rendía habiendo negociado que el resto de guardias civiles salieran libres del Congreso (la mayoría alegaron que simplemente obedecían órdenes). Tejero dedicó la última palabra del juicio a cargar contra Armada y otros mandos del ejército: “Quiero manifestar mi más profundo desprecio por su cobardía y traición”. Fue expulsado de la sala mientras sus familiares lo aclamaban con gritos de “Franco!, Franco!”.

Indignación y recurso al Supremo

La sentencia, dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, provocó indignación entre buena parte de la ciudadanía y de la clase política. 30 años para Tejero y Milans, pero 11 de los 33 procesados fueron absueltos, 8 fueron condenados a penas de 2 o menos años de prisión y los 12 restantes a penas de entre 3 y 6 años. Inmediatamente, el presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, anunció un recurso al Tribunal Supremo. Un año después, Armada acompañaba a Milans y Tejero en el club de los 30 años, el tribunal condenaba a 30 de los 33 procesados y doblaba hasta 6 o 12 años de prisión la pena para la mayoría de las segundas espadas que participaron en el último intento de golpe de Estado en España.