El Me Too político llega a España
El caso Errejón desencadena una ola de solidaridad y denuncia contra las agresiones sexuales en el ámbito político
BarcelonaÍñigo Errejón dimitió el pasado jueves después de que, tímidamente, afloraran en las redes y de forma anónima –a través de la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás– las primeras acusaciones de acoso sexual. Fueron anónimas, pero a las pocas horas surgieron más con nombres y apellidos. Los focos se pusieron sobre ellas e incluso se cuestionó la veracidad de su versión de los hechos. Un patrón que ya vivió la concejala del PP de Ponferrada Nevenka Fernández en el 2001. Pero más de veinte años después, ahora se ha desatado un Me Too político en España –ya se había extendido en países como Francia y el Reino Unido– que muchas mujeres esperan que sea un punto de inflexión, para que estas violencias dejen de vivirse en silencio en la esfera política –y en cualquier ámbito–.
"Significa visibilizar lo que las feministas hace mucho tiempo que decimos, que la violencia machista no entiende de ideologías ni clases sociales, que los agresores pueden estar en nuestro entorno más cercano. Qué nos hacía pensar que la política no fuera ¿un espacio donde no pasara?", reflexiona la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, en declaraciones al ARA. Por ser quien es y lo que ha defendido, la socióloga Gemma Altell cree que el caso Errejón es aún más indignante y paradigmático. De hecho, considera que para las mujeres que le han denunciado aún puede haber sido más difícil, porque podían pensar que lo ocurrido era "disonante con el planteamiento político" que defendía el exdirigente de Sumar. "Puedes dudar de tus propias sensaciones: alguien que dice que es feminista y lo que te está pasando, puedes pensar que eres tú que no lo interpretas bien", analiza.
Poner el foco en el agresor
El caso Errejón no es el primero que aflora de la escena política, pero seguramente sí ha sido el más mediático y de los que mayor repercusión ha tenido, por la visibilidad que tenía el exportavoz de Sumar y la trayectoria dentro de la izquierda española . "A pesar de que sea anónimo, cuando la fuerza es colectiva, acaba teniendo un impacto real para el agresor", defiende la presidenta del Institut Català de les Dones, Sònia Guerra. Aún sin haber digerido el escándalo, afloraron más casos: una mujer denunció haber sufrido acoso sexual por parte de un político socialista de Badajoz y una otra llevó a los tribunales a un alcalde del PP por una presunta agresión sexual.
En Cataluña se han destapado otros casos como el del jefe de gabinete de Alfred Bosch, Carles Garcias, o el del exdiputado de la CUP Quim Arrufat, avanzados por el ARA. Garcias fue apartado de ERC por acoso sexual y Arrufat abandonó la CUP con dos denuncias internas de abusos sexuales. Los cuperos también apartaron al exalcalde de Argentona Eudald Calvo por acoso sexual. El ahora senador de Junts Eduard Pujol también fue denunciado internamente por la misma cuestión, pero más adelante la víctima dijo ser una denuncia falsa. En el caso del PP, tanto el ex secretario general Daniel Serrano como el vicesecretario de comunicación Albert Fernández Saltiveri recibieron denuncias judiciales por agresión y maltrato, respectivamente, pero al primero se le archivó el caso y el segundo quedó absuelto. También ha habido diputadas que han decidido contar su caso personal de violencia machista, como el de la diputada republicana Jenn Díaz. "Denunciar es un proceso dificultoso y en el caso de los hombres que tienen poder, es aún más difícil. No es cuestión de que ellas tengan miedo, sino que la sociedad las acaba cuestionando a ellas", apunta Guerra, que pide poner el foco en el agresor y no la víctima.
Con la ley del sólo sí es sí, la víctima puede recibir atención psicológica sin denunciar a su agresor si no lo quiere. "Las mujeres deben estar recuperadas, fuertes y ubicadas para dar un paso como éste [presentar una denuncia judicial]", apunta Altell. Hace unos meses, el ejecutivo central también aprobó la ley de paridad que obliga a los partidos a tener un plan de igualdad con un protocolo contra el acoso. Una herramienta que también tiene el Congreso de los Diputados o el Parlamento. Ahora bien, más allá del cumplimiento de las normas, Hernández también pone el foco en la necesidad de "transformación" de los hombres: "Si en la sociedad sigue existiendo la cultura de la violación, podremos seguir atendiendo a las víctimas, pero a lo que aspiro es que no haya víctimas".
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56 diputados británicos fueron investigados entre 2019 y 2024
Más de uno de cada veinte parlamentarios del Reino Unido –hay 650, en la Cámara de los Comunes– hicieron frente a acusaciones de conducta inapropiada durante la anterior legislatura, entre diciembre de 2019 y mayo de 2024. Conducta inapropiada es un cajón de sastre en el que caben todo tipo de actitudes reprobables: desde ver pornografía en el ordenador de la oficina, en el móvil y durante un pleno, comentarios sexualmente ofensivos hacia diputadas además, claro, del acoso sexual en todas sus formas: tocamientos no consentidos, envío de imágenes sexuales, agresiones. Durante los cinco años anteriores, hasta 56 diputados, incluidos tres miembros del gobierno, investigados.
Ante la gravedad de la situación y algunos escándalos denunciados por mujeres en la pasada década –asistentes de parlamentarios y personal auxiliar: la comunidad de Westminster tiene una población de 15.000 personas–, en el 2018 se creó un protocolo –El Independent Complaints and Grievance Scheme– diseñado para abordar acoso, intimidación y mala conducta sexual dentro del Parlamento del Reino Unido. Incluye cuatro puntos: confidencialidad de las quejas, investigaciones independientes y recomendación de sanciones que no excluyen acciones criminales y judiciales.
De las 56 investigaciones iniciadas entre 2019 y 2024, 34 parlamentarios terminaron dimitiendo o fueron sancionados por sus partidos. Diecisiete diputados eran del Partido Conservador trece del Partido Laborista, tres del Partido Nacional Escocés y uno de Plaid Cymru.
La exdiputada laborista Harriet Harman, la que hasta julio era la de más larga trayectoria en los Comunes, denunciaba este pasado verano, en la BBC, un comentario, de acuerdo con la confesión que le había hecho una ex ayudante de Westminster: “Uno hombre con un cargo superior le dijo: «Tus pechos parecen muy firmes con esta blusa»”. Harman apuntaba la posibilidad de que todo fuera habitual, e hizo un llamamiento a la solidaridad masculina, para que los hombres también denuncien a otros hombres en caso de actitudes reprobables de todo tipo, si se producen en su presencia.
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Del caso Strauss-Kahn a los ministros del gobierno Macron
En 2011, el entonces director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, fue detenido en Estados Unidos tras recibir una denuncia por abusos sexuales, intento de violación y retención ilegal de una camarera del Hotel Sofitel, Nafissatou Diallo. El dirigente socialista de Francia aspiraba a presidir el país, pero su carrera política se vio truncada a raíz de este caso, que acabó sin condena. Ahora bien, no fue hasta casi diez años después que se desató un Me Too explícito. Hasta 285 mujeres que trabajaban en partidos políticos e instituciones firmaron una carta publicada en Le Monde en la que exigían que se apartaran todos los hombres acusados de violencias sexuales de las listas electorales. El texto impulsó la etiqueta #MeTooPolitique en Francia donde decenas de mujeres denunciaron situaciones machistas en la esfera política. La iniciativa terminó desembocando en el Observatorio de Violencias Sexistas y Sexuales en la Política.
Pocos meses después dos mujeres denunciaron al exministro de Solidaridad Damien Abad, que acabó dimitiendo hace dos años después de ser acusado de agresión sexual. No era el primer miembro del gobierno de Emmanuel Macron que debía plegar por una denuncia similar. En 2018, por ejemplo, Nicolas Hulot, exministro de transición ecológica, también tuvo que apartarse a raíz de una denuncia de acoso sexual. En un inicio, el propio Macron le había defendido.
Los últimos casos destapados han afectado especialmente al gobierno de Macron, pero recientemente el partido de la Francia Insumisa también apartó a uno de sus militantes, Taha Bouhafs, tras recibir dos denuncias de agresión sexual que fueron canalizadas internamente. Si echamos unos años más atrás, en el 2016 también encontramos el caso del exvicepresidente de la Asamblea Nacional Denis Baupin, uno de los dirigentes del partido ecologista francés, que tuvo que dimitir de su cargo tras ser denunciado por acoso sexual .
