Torra no piensa pagar las multas de la Junta Electoral y dice que está dispuesto a "ir a la prisión"

BarcelonaA pesar de que ya ha hecho medio año que el ex president Quim Torra está alejado de la primera línea política, los frentes judiciales se le continúan acumulando. Uno de ellos es el contencioso que mantiene con la Junta Electoral Central por no haber retirado inicialmente las pancartas y símbolos por la libertad de los presos políticos de cualquier edificio de la administración de la Generalitat durante la campaña electoral de marzo del 2019. Pues bien, el organismo electoral le pide ahora 8.500 euros en multas y Torra ha comunicado formalmente este miércoles, tras recibir el requerimiento, que no tiene intención de pagar. "No pagaré voluntariamente estas multas. Forman parte del saqueo disfrazado de legalidad que hace años, decenios y siglos que el estado español ejecuta en los Països Catalans", ha dicho a través de un comunicado.

"No pagaré estas multas y, por lo tanto, tendrán que robarme este dinero si las quieren cobrar. Estoy dispuesto a ir a la prisión", ha añadido el ex president. Se trata de unas multas que le pusieron en su día por haber desatendido instrucciones emitidas por la propia Junta, unas instrucciones que para Torra eran "completamente irregulares e ilegítimas" y forman parte de un "proceso represivo de coerción y persecución del independentismo en Catalunya". Estas multas fueron impugnadas por el ex president, pero de manera infructuosa, y ahora las incorporará al pleito legal que quiere abrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

Además, Torra ha explicado que no quiere que nadie asuma por él el pago de los 8.500 euros, tampoco la Caixa de Solidaritat, que lo ha hecho en los casos de otros políticos y que también le ofreció ayuda. El ex president ha aprovechado el comunicado para pedir que los catalanes retomen "el camino decidido hacia la independencia sin esperar permisos ni diálogos que no llegarán nunca". Un dardo hacia la mesa de diálogo que defiende ERC y que ha generado más de una controversia entre JxCat y ERC en las negociaciones, todavía abiertas, para la investidura de Pere Aragonès.

Andrés Betancor

Durante meses Torra y la JEC mantuvieron un tira y afloja de recursos e impugnaciones, y en uno de estos episodios el ex president denunció a uno de los miembros de la Junta, Andrés Betancor, porque consideraba que había cometido varios delitos porque también era asesor de Cs. El tema es que este catedrático formaba parte de la JEC a propuesta de Ciudadanos entre el 2017 y el 2019, cuando, además, era asesor de la formación e incluso tenía despacho en el Congreso de Diputados. Pues bien, precisamente este miércoles el juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha comunicado que desestima la querella que en su día presentó Torra contra Betancor. El ex president defendía que había un delito electoral y un delito en actividades y asesoramientos prohibidos a los funcionarios públicos, puesto que el catedrático había compaginado las dos tareas.

En la resolución hecha pública, el juez discrepa del ex president y considera que no ha quedado acreditado que sea un "funcionario público que se aproveche de esta condición por el hecho de formar parte de la Junta y resolver contra los intereses del querellante". El magistrado no descarta que sí pueda haber cierta incompatibilidad entre los dos cargos que ejercía Betancor, pero considera que esto se tiene que examinar en "el ámbito administrativo" y no en la justicia penal. Para Torra está siendo una semana intensa desde el punto de vista judicial, puesto que este mismo martes se confirmó que será juzgado otra vez por desobediencia por el segundo procedimiento que tiene abierto por el asunto de las pancartas.