14 millones de euros: el coste de la represión económica sufragado por la Caixa de Solidaritat

La Audiencia de Barcelona reabría el lunes el sumario contra una treintena de altos cargos del Govern por la organización del 1-O instruido por el juzgado número 13 de Barcelona. Esta es una de las múltiples causas en las que la Caixa de Solidaritat ha ayudado a sufragar las fianzas desde que se puso en marcha, primero bajo la tutela de la ANC y Òmnium y después como entidad independiente. Las cifras que ha movido en todos estos años son muy elevadas. "Desde el 9-N hasta ahora hemos aportado unos 14 millones de euros", revela su presidente, Pep Cruanyes, que denuncia que "al disidente lo penalizan judicialmente y le imponen una multa para arruinarlo". Lo compara con lo que pasaba durante el franquismo. "Todos los estados represores aplican la pena de prisión y la pena económica. Durante la dictadura se creó el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que confiscaba bienes o imponía multas desorbitadas, y ahora esta función la hace el Tribunal de Cuentas", espeta el ex vicepresidente de la ANC. Un tribunal que no ha dado tregua durante el Procés.

Casi el 95% de las aportaciones que ha recibido la Caixa han ido destinadas a cubrir los gastos de las causas del 9-N y el 1-O. "Es la parte de la represión gorda", remarca Cruanyes. Los datos hablan por sí solos. Por el proceso participativo, el Tribunal de Cuentas condenó al ex president Artur Mas y al resto de miembros del Govern encausados a pagar un total de 4.946.788 de euros, a pesar de que el TSJC los había absuelto del delito de malversación. El 1 de agosto del 2019, el mismo día que la entidad pagaba los dos millones que faltaban para completar esta sanción, sus promotores anunciaban que se había abonado la fianza de 5,8 millones de euros impuesta por el juzgado 13 contra los altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum. La Caixa de Solidaritat aportó 5, mientras que el resto llegó de los partidos y de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, que reúne a los familiares de los presos políticos. Y la fianza derivada de la sentencia del 1-O a los responsables del Govern se fijó a principios del 2020 en los 4 millones de euros.

Sobre esta última causa, el presidente de la entidad denuncia que en su momento ya depositaron los más de dos millones que se pidió a los líderes independentistas por los mismos hechos: los supuestos gastos del Govern en el referéndum. El Tribunal Supremo no concretó en la sentencia del Procés la responsabilidad civil derivada del delito de malversación y lo derivó al Tribunal de Cuentas, que duplicó la cifra hasta los cuatro millones. "Tenemos la misma fianza duplicada, cosa que demuestra que tienen la voluntad de arruinarnos", carga Cruanyes, que sustituyó a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert al frente de la entidad. "La cifra del Supremo ha ido creciendo", ironiza Cruanyes, que cree que cuando se liberen las cantidades duplicadas el Tribunal de Cuentas "se sacará del sombrero la sorpresa de Exteriores". Y es que este tribunal ya ha puesto bajo la lupa millones de dinero público –no ha concretado la cifra total– de la acción exterior del Govern que se habrían destinado al Procés. "Es llevar la imaginación al límite", critica el presidente de la Caixa. De momento, una treintena de personas, entre las que están Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han sido citadas el 29 de junio.

Restando el retorno de las fianzas impuestas a los miembros del Govern (560.000) y a los de la mesa del Parlament (350.000), la cifra final sube aproximadamente hasta los 13.270.000 euros. El resto ha servido para pagar las fianzas y las sanciones impuestas a centenares de alcaldes, concejales o manifestantes. Estos 14 millones, sin embargo, no se pueden considerar la cifra total del coste de la judicialización del Procés porque, por un lado, los partidos asumen siempre la defensa de sus representantes, y por el otro, solo una parte de los represaliados han reclamado ayuda a la Caixa de Solidaritat. "Hay grupos de apoyo a nivel local que son autosuficientes y consiguen cubrir todos los gastos y en los casos que no llegan nos los repartimos", explica Cruanyes, que cifra en 600 a los activistas que han ayudado, entre los cuales los CDR encausados en la operación Judas.

Entre las causas más recientes en las que trabaja la Caixa está la del alcalde de Roquetes, Paco Gas, que se enfrenta a un año y tres meses de inhabilitación y más de 11.000 euros de multa por la organización del 1-O ,o la de los jóvenes activistas Adrián Sas, el primer condenado a prisión, y Marcel Vivet, que también podría ingresar al mantener la Generalitat la acusación de 4 años y 9 meses contra él. En el caso de Sas, la Caixa de Solidaritat asumió la primera parte de los gastos de defensa y ahora está pendiente de recibir las del juicio y de la apelación. Cuando la sentencia sea firme, si el grupo de apoyo no llega a cubrir los 4.000 euros de multa, la entidad muestra su predisposición a hacerse cargo. El grupo de apoyo de Vivet, en cambio, ya ha conseguido recaudar los 2.160 euros de multa y tiene previsto devolver el dinero a la Caixa para que lo utilice para otras causas. "Acabe como acabe el juicio, devolveremos lo que nos avanzaron porque ya lo tenemos cubierto", señala el militante de Guanyem Badalona.

Criterios para validar la ayuda

El criterio que siguen para validar la ayuda a cualquier encausado es que sea un represaliado por el Procés por haber defendido derechos fundamentales. En este sentido, Cruanyes admite que se han rechazado algunos casos. "No se puede ayudar a gente que dice barbaridades por Twitter. Una cosa es defender la libertad de expresión y la otra que te dediques a insultar en las redes sociales", remarca Cruanyes. También reclaman que los abogados se ajusten a unos baremos económicos y que no cobren las tarifas normales si el encausado no pertenece a ninguna organización política. "Hace falta que tengan una actuación solidaria y que se ajusten porque, si no, no podríamos llegar a todo el mundo", expone Cruanyes, que admite que priorizan las fianzas en la defensa porque es lo que evita que ingresen en la prisión.

Cruanyes confirma que hacen falta donaciones porque la situación financiera de la Caixa de Solidaritat no es la más óptima. "Podemos ir cubriendo muchas ayudas que nos piden, pero la represión no se para y necesitamos más aportaciones", subraya el presidente. A pesar de que explica que hay puntas de donaciones cuando se producen peticiones de fianza elevadas o condenas firmes, el máximo responsable de la entidad afirma que se mantiene un flujo continuado de aportaciones que les permite atender a todo el mundo que lo solicita. Cruanyes rebate que detrás de estas donaciones haya grandes mecenas. "Un 90% de las donaciones son de menos de 250 euros, todo el mundo aporta lo que puede y a menudo son 5 o 10 euros. Es la solidaridad de base la que mantiene la Caixa", concluye.