Sólo cuatro de cada diez hombres jóvenes en Cataluña ven preferible la democracia como sistema

BarcelonaNuevos datos que retratan el crecimiento de postulados reaccionarios y de extrema derecha entre los jóvenes: sólo cuatro de cada diez hombres de entre 18 y 24 años ven preferible la democracia a cualquier otro sistema (un 15% están muy de acuerdo con esta premisa y un 23%, de acuerdo) ni siquiera se muestran ni se muestran afirmación. Así lo apunta la encuesta del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) hecha pública este lunes, que también señala que existe una ligera diferencia con las mujeres de la misma edad: si bien un 45% prefieren la democracia; hay un 25% que se muestra indiferente y sólo un 7%, en contra. En cualquier caso, en ambos casos las franjas jóvenes quedan por debajo de los datos de la población en general, en los que un 64% ve la democracia como sistema preferible.

Durante la presentación del estudio, el politólogo de la UPF Toni Rodon, que es uno de los coordinadores de la encuesta, ha advertido sobre el rechazo a la democracia: "No necesariamente quiere decir que sean antidemocráticos, ya que las personas mayores tienen una forma más mínima de entender su democracia y los jóvenes". En este sentido, "esto no quiere decir que en estos momentos destruirían la democracia y pondrían un dictador a gobernar", apuntó Rodon, sino que tienen que ver también factores como el desencanto con el futuro, la falta de oportunidades o la desafección política. Sobre la misma franja de edad hay otro dato que llama la atención y también confirma la tendencia reaccionaria entre hombres jóvenes: el 27% considera que la violencia machista es un invento del feminismo, mientras que un 60% opina que el feminismo está perjudicando las relaciones entre personas de diferentes géneros. Entre las mujeres de la misma edad, este porcentaje desciende hasta el 24%.

Los datos que muestra la encuesta son una "señal de alarma -ha explicado Kristian Herbolzheimer, director del ICIP-, pero no son de alarma máxima, sino que indican la necesidad de actuar en varios frentes". Para Herbolzheimer, se trata de una reacción "razonable en un contexto en el que no se dibuja un horizonte esperanzador", y apuntó que "hay margen para que las instituciones públicas actúen" y den respuesta a las "violencias estructurales" ya problemas como las dificultades en el acceso a la vivienda, que achacó como causas que conducen a estas.

Más allá de los jóvenes, el estudio apunta que el 29% de la ciudadanía piensa que habría que limitar el derecho a voto, se ampara en la manipulación y el desconocimiento político entre la sociedad. La confianza en las instituciones –desde el gobierno local hasta la UE– se mantiene por debajo del aprobado, y el 79% de los encuestados considera que falta mecanismos para forzar la dimisión de políticos que no cumplen sus compromisos.

¿Punitivismo contra la criminalidad?

En el ámbito social, el Proceso, la lengua de uso habitual y la inmigración empatan como temas que la ciudadanía percibe que polarizan más a la comunidad. En cambio, cuando se pregunta por las preocupaciones personales, entre las cuestiones planteadas por los investigadores, las relaciones Cataluña-España se sitúan en la última posición. Encabezan la clasificación la delincuencia, las crisis económicas y financieras, la emergencia climática y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad.

El estudio dibuja una postura punitivista de la sociedad catalana, con un 63% que defienden el endurecimiento de penas como receta para reducir la criminalidad. Ahora bien, cuando se pregunta sobre si se está dispuesto a perder algún derecho o libertad a cambio de mayor seguridad, aunque un 30% se muestran a favor, una mayoría (47%) lo rechazan, "lo que va más en la línea con unas políticas antipunitivistas", apuntó Rodon.

Esta doble interpretación (entre una sociedad punitivista y una más bien antipunitivista) demuestra, según el politólogo, la importancia de cómo se plantean las preguntas y los temas en la agenda pública. Otro ejemplo es cuando se pregunta por desahucios: sólo un tercio de los catalanes están de acuerdo con echar de su casa a la gente que no puede pagar el alquiler. En cambio, si se pregunta sobre empleos y se incluye el término "ilegal", 8 de cada 10 encuestados son partidarios de desahuciar a los habitantes del inmueble.

En contra del aumento de gasto militar

La encuesta también revela que la población catalana no apoya la iniciativa de la OTAN promovida por Donald Trump para que los países miembros de la Alianza Atlántica aumenten el gasto militar hasta el 5% del PIB. De hecho, el 30% de los catalanes consideran que el gasto actual, que en España se sitúa en el 2%, es excesiva, y el 34% la valoran como adecuada. Tan sólo un 18% la ven insuficiente, si bien es cierto que este último porcentaje aumenta 10 puntos respecto a 2023.

En este caso, el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que priorizan la cooperación internacional al aumento del gasto militar se sitúa en un 42%, mientras que el porcentaje en el resto del 3%. En el otro extremo, quienes priorizan el gasto militar por encima de la cooperación internacional representan el 24% entre los más jóvenes. Entre las personas de 25 a 64 años, en cambio, el porcentaje desciende alrededor del 15% en todos los casos, y entre los mayores de 65 años, poco menos de uno de cada diez prefiere la vía militarista.