Vox presidirá dos comisiones en el Parlament: ¿se agrieta el cordón sanitario en la extrema derecha?

El PSC, Junts, Esquerra, los comunes y la CUP dicen que, con el reglamento en la mano, no pueden hacer nada

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Ignacio Garriga en el Parlament.

BarcelonaLa legislatura catalana arrancó con un pacto entre el PSC, Junts, Esquerra, los comunes y la CUP para renovar el cordón sanitario en la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana. Sin embargo, y pese a este compromiso, la mesa y la junta de portavoces del Parlament han acordado dar la presidencia de dos comisiones al partido españolista, la de textos normativos y la de peticiones. ¿Se ha agrietado el cordón sanitario, al menos contra Vox? Varias fuentes de los grupos firmantes lo niegan y justifican la decisión: aseguran que, con el reglamento de la cámara en la mano, no había más remedio que dar la presidencia de dos comisiones a Vox para cumplir con el reparto proporcional que se prevé en la norma. Para evitar que les sirvan como altavoz a discursos del odio, les dieron las dos comisiones más residuales en la vida parlamentaria, subrayan estas mismas fuentes.

¿Tenían los grupos margen de maniobra para evitar que Vox ocupara estos cargos (que tienen, además, un plus salarial asociado)? El artículo 49.2 del reglamento establece que las presidencias de las comisiones "deben ser distribuidas proporcionalmente por la mesa del Parlamento, de acuerdo con la junta de portavoces, entre los grupos parlamentarios en función del número de sus diputados". Vox tiene 11, al igual que la pasada legislatura y, según la nueva distribución, le tocan dos comisiones que ahora lideran el PSC y Junts, que asumieron la presidencia en el momento de su constitución, antes del reparto definitivo. De acuerdo con este reparto, PSC y Junts tendrán siete presidencias, Esquerra cuatro, el PP tres, Vox dos y los comunes, dos. La CUP y Aliança Catalana, cap.

¿Puede cambiar?

Para hacer efectivo el cambio de presidencia en beneficio de Vox, será necesario convocar a las dos comisiones e incluir este punto en el orden del día. La designación de la presidencia puede realizarse por ratificación o por votación, una decisión que todavía no está tomada, según fuentes parlamentarias. Desde Vox recelan del resto de grupos y creen que, llegado el momento de emitir los votos, puede haber algún movimiento para sabotearles las presidencias. Ahora bien, según las fuentes consultadas, ni ERC ni el PSC prevén torpedear este nombramiento –entienden que están obligados por el Reglamento–. La CUP y los comunes se decantan por votar en contra, pero, con cuatro y seis diputados respectivamente, no tienen bastante suficiente para tumbarlo. Juntos evita concretar qué hará si hay una votación: "Cuando llegue el momento hablaremos de ello", dicen fuentes del grupo.

Otras fuentes parlamentarias apuntan, también, que los letrados avisaron a los grupos de que, si dejan a Vox fuera del reparto, se arriesgan a que el Tribunal Constitucional lo anule si Vox lo recurre. En todo caso, el acuerdo por el cordón sanitario firmado por los cinco grupos en julio recogía el compromiso de "no apoyar ninguna candidatura de la extrema derecha por los órganos de gobierno del Parlament, tanto en la mesa como en las mesas de las comisiones , a la coordinación de los intergrupos y de los grupos de trabajo", además de evitar que "la presentación de ponencias colegiadas recaiga sobre cualquier diputado o diputada de formaciones de extrema derecha". Se les ha excluido, eso sí, de las vicepresidencias y de las secretarías de las comisiones, dado que el reglamento no dice que vayan a responder a la proporcionalidad.

¿Qué pasó la pasada legislatura?

Ese mismo debate se produjo ya la pasada legislatura. Entonces, y con la idea de evitar que Vox presidiera una comisión relevante, el Parlamento creó una sin demasiadas funciones atribuidas para darla al partido de Ignacio Garriga, con la idea de que no pudiera impugnar el reparto: era justamente la de textos normativos, que Vox renunció a presidir argumentando que era una maniobra para apartarlos de una comisión con verdadero papel parlamentario. Lo recordaba este domingo el diputado cupero Dani Cornellà en un mensaje en X ante el alboroto por las dos presidencias atribuidas a Vox.

Ahora bien, ¿por qué no se ha excluido a Vox del reparto de presidencias de comisión y sí, en cambio, del de los senadores autonómicos? El artículo 171.2 del reglamento establece que la mesa, de acuerdo con la junta de portavoces, "fija el número de senadores que corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamentario". Fuentes parlamentarias resaltan que, a diferencia de los senadores –se eligen ocho–, existen hasta 27 presidencias de comisiones, lo que complica dejar a Vox fuera sin saltarse la norma. Quien sí que ha quedado fuera es Aliança Catalana, que tiene sólo dos diputados en la cámara. En el caso de los senadores, en las dos últimas legislaturas los grupos han acordado su distribución con fórmulas de reparto que no den hacia la extrema derecha: optaron primero por la Imperiali –cambiando expresamente el sistema de elección– y después por la D'Hondt. Vox lo impugnó, pero el Tribunal Constitucional dio por buena la elección de fórmula hecha por la cámara catalana.

Otra de las cuestiones más controvertidas –al menos para la extrema derecha– es el bloqueo sistemático del debate sobre sus proposiciones de ley en el Parlament, y que ahora también afectará a Aliança. Vox ha impugnado ante el Tribunal Constitucional que no se les permita debatir ninguna de sus leyes en el hemiciclo, pero el PSC, Esquerra, Junts, la CUP y los comunes argumentan que es la junta de portavoces quien determina el orden del día de los plenos y, por tanto, puede decidir legítimamente no incluir sus propuestas. Las fuentes consultadas aseguran que esto se mantiene en vigor esta legislatura, tal y como prevé el acuerdo firmado en julio. Desde Vox consideran que este pacto vulnera las potestades que tienen atribuidas como grupo parlamentario, dado que el reglamento establece que todos los grupos "tienen los mismos derechos" en el apartado dedicado al derecho de iniciativa (artículo 32). El cordón sanitario no afecta, en cambio, a su facultad de presentar mociones, realizar interpelaciones a los consejeros o participar en las sesiones de control al Gobierno.

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