La vuelta al mundo de la fortuna oculta de Juan Carlos I

MadridExonerado por la Fiscalía, Juan Carlos I ha vuelto este jueves de su autodestierro en Abu Dabi. Otro viaje de tantos que ha hecho el exjefe de estado español, aunque este sufragado con fondos públicos. Su vida de lujo por todo el mundo durante su reinado y después de abdicar fue posible gracias a una fortuna de más de 80 millones de euros que ocultó a Hacienda. Gracias a la información que proporcionó la Fiscalía de Ginebra y a la que ha hecho aflorar el mismo Juan Carlos con sus regularizaciones ante la Agencia Tributaria, la investigación del ministerio público pone luz a la parte contrastable del patrimonio que el rey emérito hizo circular por el mapa. Se ha centrado en aquello que podría haber tenido trascendencia penal y no ha hecho una investigación genérica y prospectiva –vedada por el ordenamiento jurídico–, de forma que este viaje a través del dinero del emérito al extranjero puede ser incompleto.

La época más lejana a la que se remonta la Fiscalía es a los años 90, cuando aborda dos trusts radicados en la isla de Jersey, en el canal de la Manga, que abrió Manuel Prado y Colón de Carvajal, diplomático y exsenador considerado uno de los principales gestores económicos de Juan Carlos. En 1995 y en 1997, respectivamente, constituyó Tartessos Trust y Hereu Trust, de los cuales el emérito era beneficiario, con fondos provenientes de donaciones de particulares hechas décadas atrás que guardaba Colón de Carvajal y nueve millones de dólares transferidos en 1999 por Simeón de Bulgaria que había acumulado a partir de inversiones a la entidad JP Morgan, en Suiza. 

Nunca se hizo ningún pago a Juan Carlos desde estos trusts, pensados como colchón por si un “golpe anticonstitucional o una circunstancia similar” ponía fin a su reinado. Así lo relató John Ruddy, el protector –una especie de gestor– del JRM Trust 2004, abierto también en Jersey a partir de las liquidaciones de los dos anteriores a nombre del historiador Joaquín Romero Maura. Aconsejado por Colón de Carvajal, el emérito ordenó traspasar los fondos –unos 10 millones de euros– y se desvinculó. En una carta enviada a los administradores en julio del 2009, Romero solicitaba que Juan Carlos I fuera el tercer beneficiario –después de él y su mujer– cuando dejara de ser rey, pero nunca se llegó a materializar la petición.

8 millones en viajes de lujo

El emérito encontró otra manera para mantener su tren de vida después de la abdicación, precipitada por su estado de salud y su desprestigio ligado al escándalo de Botsuana. La Fiscalía ha desgranado las facturas que la fundación Zagatka, creada por el primo lejano del exmonarca Àlvaro de Orleans en 2003 en Liechtenstein, pagó a empresas que organizaban viajes privados para Juan Carlos: Air Partner PLC, Viajes Terra Viva y Fathomless Advisory Services Limited. En total, ocho millones de euros. 

Con la primera de ellas constan hasta 19 viajes entre 2014 y 2018 y el ministerio público ha podido ver algunos contratos. En algunas ocasiones se pagaba el precio acordado para hacer uno o varios viajes determinados y en otros se compraba una especie de “bono de tiempo de vuelo” que permitía hacer los trayectos que se quisieran siempre que no se excediera el tiempo total adquirido. En los contratos no aparecen los nombres de los viajeros y al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no le pasa por alto que otros miembros de la Zarzuela pudieron disfrutar de los mismos privilegios que Juan Carlos. De hecho, Felipe VI y sus hermanas, Cristina y Elena, fueron beneficiarios de la fundación Zagatka hasta el 2018.

La regularización con Hacienda

El emérito asumió todas las obligaciones tributarias derivadas de los pagos de Álvaro de Orleans. La Fiscalía contrastó los gastos de Zagatka en las cuentas bancarias de Credit Suisse y Lombard Odier y coinciden con los 4,4 millones de euros que Juan Carlos regularizó en concepto de IRPF el 2 y 3 de febrero del 2021. Este movimiento lo protegió del delito –algunas cuotas pasaban de los 120.000 euros que marca el Código Penal– y la incógnita es si ha habido pasividad del ministerio público y la administración tributaria al investigarlo. 

El 2018, las conversaciones entre la empresaria Corinna Larsen y el excomisario José Manuel Villarejo motivaron la apertura de una pieza en la Audiencia Nacional sobre las obras del AVE en la Meca y los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos. La Fiscalía Anticorrupción incluyó en un escrito el aviso que los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha habían lanzado el julio de aquel año: que las declaraciones de Larsen sobre fondos en el extranjero en posesión del emérito tenían “la entidad suficiente para que la Agencia Tributaria les preste la máxima atención y las verifique”. El jueves Gestha se preguntaba por qué la Fiscalía y Hacienda no se pusieron a trabajar antes de que se produjera una regularización “espontánea” que ha permitido al exmonarca esquivar una querella.

En paralelo a Zagatka, desde 2016 también se practicó otra vía para pagar el ocio de Juan Carlos. El empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause financió por valor de un millón de euros aproximadamente gastos del exmonarca o, tal como apunta el fiscal Luzón, “de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o próximos”. En este caso, el método fue hacer transferencias desde sus cuentas de titularidad directa o indirecta –a través de la empresa británica Pretorian Prevention– a cuentas de Ibercaja y Banco Caminos del excoronel del ejército Nicolás Murga, que el 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey. Además, Sanginés-Krause también hizo donaciones a cuentas del Banco Santander de Viajes El Corte Inglés. Estos regalos motivaron que Juan Carlos I hiciera una primera regularización a Hacienda por valor de casi 540.000 euros en diciembre del 2020. La cuota en concepto de impuesto de donaciones y sucesiones que abonó no llega a lo mínimo para ser delito.

Los 65 millones de Arabia Saudí

Lo que más agranda la cifra del patrimonio oculto de Juan Carlos es, sin duda, el insólito traspaso de 64,8 millones de euros –100 millones de dólares– que recibió de parte de Arabia Saudí el 8 de agosto del 2008. Llegó a una cuenta del banco suizo Mirabaud, del cual era beneficiario, y que estaba vinculado a la Fundación Lucum, constituida solo una semana antes en el paraíso fiscal de Panamá. Los titulares eran Arturo Fasana y Dante Canonica –supuestos testaferros del emérito y exonerados por la Fiscalía suiza el pasado diciembre– y Harmodio Tejeira. Y el segundo beneficiario, después de Juan Carlos, era Felipe VI, que renunció el marzo de 2020 cuando cortó los vínculos con su padre. “Importe enviado por el rey Abdullah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”, decía la descripción detallada del origen del ingreso. La Fiscalía no ha encontrado suficientes indicios de que este dinero sea en realidad una comisión por la adjudicación de las obras del AVE en la Meca a un consorcio de empresas españolas en enero de 2012. Presupuestaron 6.487 millones de euros, un 29,6% menos que los competidores franco-árabes.

En la reconstrucción de los hechos, Luzón relata cinco que son remarcables: en abril de 2006 Juan Carlos viajó a Arabia Saudí con los consejeros delegados de OHL e Indra –dos de las empresas del consorcio–, junto con Corinna Larsen y la empresaria iraní Shahpari Azzamy Zanganeh. Un mes después, el emérito mandó una carta al príncipe saudí Bin Abdulaziz, en aquel momento ministro de Defensa, en que comisionaba a Zanganeh para hacer gestiones. El 2010 consta un contrato de consultoría del consorcio español con el príncipe Abdulaziz bin Mishal que establecía una retribución de 120 millones de euros que no se han pagado completamente. El 2011 hay otro contrato con Zanganeh para hacer tareas similares de consultoría por valor de 95 millones de euros que tampoco consta que se hayan abonado al completo. La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, todavía investiga el destino de los 34,8 millones que sí que se entregaron a Zanganeh. A pesar de apuntar que el concurso se abrió en septiembre del 2008, un mes después de recibir los 64,8 millones, Luzón constata que solo hay “simples sospechas” sobre la involucración de Juan Carlos en aquella adjudicación.

Así, el fiscal asume que pueda ser un regalo, como los 1,9 millones de dólares que recibió en abril de 2010 del sultán de Bahrain y que Orleans ingresó en efectivo a otra cuenta de Mirabaud. Con la fortuna de Lucum se hicieron inversiones y movimientos de capital que la Fiscalía no detalla, hasta que el 5 de junio de 2012 Juan Carlos dio irrevocablemente todos los activos a una cuenta de Corinna en Nassau (Bahamas). En concepto de IRPF por el ejercicio del 2012, se podría haber enfrentado a un delito agravado contra la hacienda pública penado con entre dos y seis años de prisión. Inviolable, el exjefe del estado español ha podido defraudar a su país con impunidad.