Sumar ha anunciado este miércoles que ha acordado con el PSOE la prórroga de los alquileres para 2028 a través de un nuevo decreto sobre vivienda que también incluirá incentivos fiscales para los propietarios, una medida indispensable para conseguir que el texto acabe aprobado con el voto favorable de Junts en el Congreso.

“Yo lo tendré al acabar el consejo [de ministros], así hemos quedado”. Este es el mensaje de la discordia al que se aferra Jorge Fernández Díaz para intentar conseguir la absolución en el juicio del caso Kitchen, que ha entrado en la recta final en la Audiencia Nacional tras casi cuatro meses. ¿De dónde sale? Es un SMS que el 2 de agosto de 2013 habría enviado presuntamente el entonces ministro del Interior a su número dos, Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad. Es una de las pruebas que desembocaron en la imputación de Fernández Díaz –en septiembre de 2020– y que lo han conducido al banquillo de los acusados. La Fiscalía pide quince años de prisión. Ahora bien, desde el primer día él niega la autenticidad. “Nosotros mantenemos la tesis de que estos mensajes no existieron nunca. Si existieron, no fueron ni enviados ni reenviados por él”, ha defendido su abogado, Jesús Mandri, durante el informe final. Considera que experimentaron una “clara manipulación” y una “creación ad hoc” y que es “inverosímil” sostener que los mensajes procedían del exministro. En cambio, fuentes de las acusaciones los avalan aduciendo que no tiene ningún sentido que Francisco Martínez pusiera negro sobre blanco algo que lo incriminaba.

Julio Martínez Martínez se ha convertido en una de las piezas clave de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos se conocieron en 2011, cuando el expresidente le vendió una casa en Almería, se hicieron amigos y se aficionaron a salir a correr juntos. La UDEF cree que era su testaferro. 24 horas después de trastocar la estrategia de defensa de Zapatero asegurando que él era quien “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de Plus Ultra, el empresario ha estado cuatro horas declarando ante el juez José Luis Calama como investigado y ha ratificado al detalle la confesión sobre la intervención del expresidente. A pesar de ello, ha dicho que no sabe en quién influyó o con quién habló para que la aerolínea consiguiera la ayuda pública. Fuentes presentes en la declaración explican a el ARA que ha relatado que él se limitaba a transmitir a Zapatero lo que le decían los clientes, que no entraba en las gestiones que él hacía y que él no le reportaba si iba a ver a alguien.

Un pájaro que sobrevolara la plaza Cibeles de Madrid a las cuatro de la tarde habría visto una multitud de paraguas abiertos. No eran para protegerse de una nula amenaza de lluvia, sino que eran unos aliados imprescindibles para los valientes que se disponían a resistir más de seis horas para poder celebrar desde primera fila el segundo Mundial de la selección española. A lo largo de la tarde, incluso voluntarios del Samur los han refrescado con dispensadores de agua pulverizada para soportar el calor sofocante. Es un selecto grupo de personas que estaban convencidas de que la ocasión se lo merecía. Igual que los casi dos millones de aficionados que han inundado las calles de Madrid para seguir la rúa. Los jugadores han comenzado a desfilar desde el Arco de la Victoria después de pasar por la Zarzuela para ser recibidos por la familia real y por la Moncloa para saludar a Pedro Sánchez. Desde allí, han hecho cuatro kilómetros de recorrido hasta llegar a Cibeles.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Casi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

El 19 de mayo a primera hora, una noticia estalló como un obús inesperado: un juez de la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Un mes más tarde, quien en los últimos años ha sido fiel escudero y celador de Pedro Sánchez declaraba ante José Luis Calama durante casi tres horas y negaba de raíz todas las sospechas. Pero se dejaba un tema en el tintero: las joyas con valor de 1,3 millones de euros que la policía española encontró en la caja fuerte de su despacho. Una semana más tarde, la UDEF abrió una nueva vía y apuntó que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana. Desde entonces, las filtraciones y las quejas de la defensa del expresidente español han sido las únicas novedades de una causa sobre la que todavía planean muchas incógnitas. Desde aquel momento, y a pesar de los interrogantes que permanecen abiertos, la Moncloa mantiene el apoyo cerrado al expresidente español y Pedro Sánchez reitera la “confianza” en él.

Un año después, ha llegado el esperado informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán. Estas son las conclusiones de la Guardia Civil: en primer lugar, los investigadores han encontrado 18.260 euros de ingresos en efectivo con un “origen aparentemente desconocido” entre 2014 y 2017, cuando él era diputado en el Parlamento de Navarra y Mariano Rajoy todavía estaba en la Moncloa. En segundo lugar, han detectado una “reducción de gastos” con tarjeta y retiradas de efectivo a partir de 2019, en un periodo que “coincide temporalmente” con la etapa de José Luis Ábalos como ministro y la adjudicación a Acciona de los expedientes que están bajo sospecha. En tercer lugar, las liquidaciones de pagos anticipados del PSOE y del Congreso fueron “superiores” a los gastos que han observado que eran “susceptibles” de ser reclamadas. En total, han analizado 1,1 millones de euros de ingresos y de gastos de 2014 a 2025.

La directora general de la Guardia Civil ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Su nombre afloró después de que la Unidad Central Operativa (UCO) descubriera que se había reunido con la conocida como fontanera del PSOE, a pesar de que ella se ha desmarcado desde el primer momento de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales. Según ha podido saber el ARA, ante el juez ha afirmado que es una “víctima” de Santos Cerdán, que era el número tres del partido y con quien “nunca” tuvo una “buena relación”, y ha asegurado que si hubiera sabido que Leire Díez iba de su parte, se habría negado a recibirla. Ha añadido que no vio “nada oscuro” en los contactos con ella y que nunca hablaron de las investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil.

Decisión relevante de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa que afecta a Begoña Gómez. Desde hacía semanas el gobierno español esperaba su pronunciamiento para que parara los pies al juez instructor, Juan Carlos Peinado, y finalmente la decisión ha llegado este jueves. ¿Qué ha decidido la sala? Los cinco magistrados ordenan retirar las medidas cautelares y devolverle el pasaporte –consideran que no hay riesgo de fuga "real" porque tiene arraigo familiar y fue una decisión "poco afortunada"–, pero avalan que la juzgue un jurado popular.

Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.

Cristina Narbona se ha desvinculado completamente de las maniobras que presuntamente instigó Leire Díez para desestabilizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE, que se intercambió mensajes de WhatsApp con la entonces militante socialista el día que el presidente español comenzó los cinco días de reflexión, ha dejado claro que “no tenía el mínimo conocimiento” de la supuesta trama que está investigando la Audiencia Nacional. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de una declaración como testigo de menos de media hora ante el juez Santiago Pedraz. Leire Díez le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes” y ella la remitió a Santos Cerdán porque él, como secretario de organización del partido, se encargaba de la política de comunicación. Según ha podido saber el ARA, a puerta cerrada ha dicho que Díez la llamó porque “quería colaborar y ayudar” y tenía “información útil para el partido”. “Me refiero a información, nada de cloacas”, ha puntualizado. Eso sí, ha reconocido que los informes de la Guardia Civil describen “indicios preocupantes”.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. El hermano del presidente español evita, sin embargo, la prisión y queda exonerado del delito de tráfico de influencias. Las acusaciones populares, integradas –entre otras– por Manos Limpias, Hazte Oír, el PP y Vox, habían pedido seis años de prisión para él. La condena no es por la creación del puesto de trabajo que consiguió en la Diputación de Badajoz, sino por el cambio de nomenclatura de la plaza con el objetivo de crear, en realidad, un puesto de alta dirección con unas funciones “radicalmente diferentes”. Asimismo, la Audiencia de Badajoz ha condenado a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación en el momento de los hechos y líder del PSOE de Extremadura del 2024 al 2025, a dieciocho años de inhabilitación. Los otros nueve acusados han sido condenados a nueve años de inhabilitación.

Juan Carlos Peinado duda de Begoña Gómez y vuelve a mover ficha. Después de que la mujer de Pedro Sánchez volara a Londres para asistir a la graduación de su hija, que fue el pasado viernes, el juez que la ha estado investigando durante dos años y le ha prohibido salir de España por riesgo de fuga, le da cinco días para que demuestre que utilizó el pasaporte solo para este viaje: “Requerirle que acredite que el pasaporte ha sido utilizado para el fin concreto para el cual se dejó sin efecto la medida cautelar”, apunta en una providencia a la que ha tenido acceso el ARA. Y añade que quiere comprobarlo para asegurarse de que no ha hecho “ningún acto” que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

Cuatro semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, fichó a Antonio Viejo (Madrid, 1959) como secretario general de la administración de justicia. Durante dos años se encargó del “impulso, la dirección y el seguimiento” de “la modernización, la ordenación y la distribución de los recursos humanos y materiales” de la administración de justicia y las relaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial o con la Fiscalía. Estuvo al cargo hasta febrero de 2020, después de la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unides Podem.

Movimiento Sumar –el partido que fundó Yolanda Díaz en 2023– intenta ponerse la tirita después de una crisis interna que ha hecho implosionar la dirección. La manera de pasar página ha sido ratificar la única candidatura que se ha presentado en la tercera asamblea en tres años, encabezada por Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y número 2 del ministro Pablo Bustinduy. En un cónclave plácido y sin sorpresas, la lista ha recibido el 95,9% de los apoyos. Durante el acto político que ha servido de colofón, Rosa Martínez ha abanderado la apuesta por las “alianzas amplias y diversas” y ha reclamado “explorar todas las posibilidades” que permitan “construir un frente amplio”.

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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Santiago Pedraz estrecha el círculo sobre el entorno de Pedro Sánchez. El juez que está investigando el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de que llegara a la Moncloa y presidente de Correos del 2018 al 2023. Da este paso después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción a raíz de el último informe de la Guardia Civil, que concluyó que él tuvo una “participación relevante y preeminente” en la presunta trama. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaba que él y Díez habrían “trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos” de la supuesta organización, tanto en la presunta adjudicación irregular de contratos en el entorno de la SEPI como en los intentos de desestabilizar causas judiciales vinculadas a los socialistas.

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Nuevo paso adelante en el caso de la presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. El juez de Madrid que investiga el caso, que nace de la denuncia de una agente del cuerpo policial, ve indicios claros del delito en las diligencias practicadas hasta ahora y, como es un delito grave, ha decidido transformar las diligencias previas en sumario, la fase previa a enviar el caso a juicio. Según afirma en un auto al que ha tenido acceso el ARA, los hechos investigados "revesten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual", el cual –añade– debería ser juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid.

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