El 16 de julio de 2025, siete años después de que abandonara el ministerio de Hacienda, trascendió públicamente que Cristóbal Montoro –junto con su equipo– estaba investigado por un juez de Tarragona por haber traficado presuntamente con la modificación de leyes para favorecer a empresas gasísticas a cambio de sobornos. En doce meses, la instrucción ha avanzado lentamente y los autos de Rubén Rus han llegado con cuentagotas. Una de las grandes novedades que ha habido fue un informe de la Agencia Tributaria que localizó 850.000 euros sospechosos: es la cantidad que las empresas gasísticas hicieron llegar a Equipo Económico –el despacho fundado por Montoro y que está en el epicentro de la supuesta trama– entre 2011 y 2019 en pagos fraccionados y con una operativa para intentar disimularlos. Alrededor de este documento se pueden trazar las dos visiones de la investigación que se han ido construyendo.

El PP se ha visto obligado a hacer equilibrios con Vox ante la situación de emergencia humanitaria en Ceuta. Y el reparto de los menores migrantes no acompañados que continúan en la ciudad desde que entraron nadando desde Marruecos está poniendo a prueba la complicidad y el entendimiento entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. La formación de extrema derecha anunció el sábado que sus tres vicepresidentes que tienen competencias en Infancia –en Extremadura, Aragón y Castilla y León– no irán a la reunión que se celebrará el jueves para empezar a abordar el reparto de los menores. Ahora bien, el PP dejará a Vox solo porque las consejerías que dependen de los populares –en Andalucía, donde también hay una coalición, y en los otros siete territorios donde gobiernan en solitario– sí asistirán a la cita.

Isabel Díaz Ayuso ha llegado al mes de agosto más contra las cuerdas que nunca. El polémico viaje a México de hace pocos meses, la investigación judicial contra su pareja y la gestión de los graves incendios que han afectado a la Comunidad de Madrid se suman a la última polémica que ha sacudido su figura. Se trata de la compra y posterior venta precipitada de un ático de lujo en Chamberí con un valor de 6,6 millones de euros —la Comunidad de Madrid publicó el anuncio de la venta este viernes— rodeada de declaraciones contradictorias y justificaciones poco convincentes. Inicialmente, el gobierno madrileño sostuvo que se debía convertir en una oficina temporal –a pesar de que no está habilitado como tal– durante las obras en la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo. Pero 24 horas después de que se hiciera pública la información, se apresuró a vender el inmueble alegando que serviría para reconstruir la sierra Oeste tras los incendios.

En los últimos días, la amnistía ha vuelto a la primera plana de la actualidad política a raíz de la aval del TJUE y de las seis aplicaciones de la ley que ha hecho el Tribunal Supremo. A pesar de ello, el perdón todavía no ha llegado a todos. Más allá de los conocidos casos de los líderes del Procés, que continúan esperando el Tribunal Constitucional, hay otros independentistas que jueces tanto de Madrid como de Cataluña han dejado fuera del perímetro de la norma. A diferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han quedado excluidos por un enrevesado argumento de Pablo Llarena y Manuel Marchena sobre la malversación, los otros casos no se han podido beneficiar porque la justicia ha considerado que no tenían relación con el independentismo.

La polémica compra –y posterior venta– de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid ha llegado al Tribunal de Cuentas. La ha denunciado un abogado que, ante la “imposibilidad de acceder” a la documentación sobre esta operación, ha querido “poner en conocimiento” del órgano fiscalizador un “conjunto de hechos con apariencia de haber generado menoscabo a los caudales públicos”. El caso estalló la semana pasada, cuando El País reveló que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de 485 metros cuadrados porque sirviera como “oficina temporal” para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las obras en la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol, a pesar de que no se tenía constancia. Pese a ello, 24 horas más tarde, el ejecutivo anunció que vendría el inmueble y que destinaría el dinero a la reconstrucción del incendio que ha asolado la sierra oeste.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

El juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz quiere profundizar en la sospecha de que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como fontanera del PSOE de forma encubierta. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y los saldos de 81 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, hay 62 de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once vinculados con Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y una de Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados de Santos Cerdán.

Antes de las vacaciones de verano, José Luis Calama ha movido ficha para profundizar en la investigación patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un nuevo informe de la UDEF, ha dado luz verde a una batería de peticiones de información para seguir la pista del dinero relacionado con la presunta “estructura organizada y estable orientada al ejercicio de influencias ilícitas”. El auto, al que ha tenido acceso el ARA, autoriza a la policía española a acceder a 57 cuentas de doce bancos. 25 son del expresidente español, de sus dos hijas y su secretaria –que también están investigadas– y de Julio Martínez Martínez. Los otros 32 son de empresas vinculadas con la supuesta trama. En el caso de Zapatero, la petición es al Banco Santander, a CaixaBank y al BBVA, tres bancos donde tiene seis cuentas bancarias.

Después de que la Audiencia de Madrid haya avalado que sea juzgada con jurado popular –a pesar de que le ha retirado dos delitos y le ha devuelto el pasaporte– y que Hazte Oír haya pedido trece años de prisión para ella, Begoña Gómez sacude el tablero y, según confirman a el ARA fuentes conocedoras, ha decidido cambiar de abogado. De esta manera, prescinde del letrado que la ha defendido a lo largo de toda la instrucción de dos años, Antonio Camacho, y ficha a Jaime Campaner, que también es el abogado de Josep Pujol Ferrusola.

Los progresistas se han impuesto a los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, han propuesto sancionar al juez Juan Carlos Peinado por una falta leve de desconsideración por haber insinuado que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir. Las diligencias informativas se abrieron hace un mes y ya en aquel primer momento el CGPJ quedó dividido porque los vocales conservadores alegaron que revisar las palabras del juez sobre las medidas cautelares no era competencia del CGPJ. Al principio, había sobre la mesa una posible falta grave, pero finalmente se ha reducido a leve. Este enroque de posiciones, que frenó el primer intento de llegar a un acuerdo, se ha mantenido hasta el final, pero el voto de calidad de Perelló –igual que en la votación inicial– ha deshecho el empate. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora deberá decidir si sanciona al juez o no: le puede hacer una advertencia, imponerle una multa de hasta 500 euros o aplicarle ambos castigos.

Después de cuatro meses, el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional ha quedado visto para sentencia. En el banquillo de los acusados ha estado la cúpula del ministerio del Interior de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente, que está bajo sospecha por haber urdido supuestamente una operación para robar a Luis Bárcenas información sobre la caja B del PP. Esta es la tesis de las acusaciones. En cambio, todos los acusados, en una estrategia absolutamente coordinada, sostienen que la operación realmente pretendía buscar a los testaferros o el dinero en el extranjero que pudiera tener el extesorero del PP.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

El incendio de Ávila, Madrid y Toledo, que ha calcinado más de 80.000 hectáreas y afecta a 91.000 personas –hay 63.000 evacuados y 28.000 confinados–, continúa quemando en medio de unas condiciones meteorológicas que no ayudan a extinguirlo, por las altas temperaturas y la baja humedad, pero que son más favorables que las que habrá a partir del miércoles. Desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto énfasis en la importancia de las próximas 48 horas: el lunes y el martes serán dos días "absolutamente centrales", porque después las previsiones son "realmente negativas" y complicarán –aún más– la posibilidad de poner fin a un incendio que quema desde el pasado miércoles. “Vienen dos días que no tendrán las condiciones que nos gustarían, pero podemos ser proactivos a la hora de avanzar en el control del incendio”, ha añadido.

Han pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.

Después de un fin de semana de ingentes esfuerzos para extinguirlas, las llamas continúan arrasando los diversos puntos del Estado afectados por los incendios. El incendio forestal que se originó el miércoles en Burgohondo (Ávila) ha quemado 50.000 hectáreas y abarca un perímetro de unos 280 kilómetros. Según ha anunciado la vicepresidenta tercera del gobierno español, Sara Aagesen, se ha convertido en el más grande de la historia reciente en el Estado. Este domingo por la tarde el viento todavía le dio más fuerza, y desde el viernes se ha complicado a causa de la simultaneidad con el fuego de Madrid, que ha afectado a más de 25.000 hectáreas. Sumadas a las 2.000 que también se han calcinado en Toledo, este frente –que seestá combatiendo conjuntamente como un único incendio desde el sábado– ha quemado 77.000 hectáreas en total. Además, ha afectado a 90.000 personas: 60.000 desalojados y 30.000 confinados.

Cuando el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil lo detuvo, Víctor de Aldama era presidente del Zamora CF y su nombre nunca había aparecido relacionado con el gobierno español. Dos años y medio después, su colaboración “activa” en las investigaciones judiciales que salpican a Pedro Sánchez lo ha convertido en una bomba de relojería para el PSOE. No solo por la “cooperación plena y continua” con la justicia que ha desembocado en la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, sino porque, sacando pecho de los beneficios que comporta destapar el pastel, se ha convertido en un camino a seguir para otras personas. Y es un punto débil de la defensa que hace la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta misma semana hemos tenido algunos ejemplos. 

Doble mensaje de Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado del incendio que azola la Comunidad de Madrid y que ha quemado casi 10.000 hectáreas. El presidente español ha advertido de que la situación “continúa siendo compleja” porque, a pesar de que las temperaturas han bajado, no se sabe “cuál será la evolución y la intensidad de los vientos” en las próximas horas, pero al mismo tiempo no ha descartado que, durante el fin de semana, haya una “ventana de oportunidad” para “luchar contra el incendio y proteger vidas y núcleos poblacionales”. Lo ha verbalizado después de que, durante la noche, tanto el fuego de Madrid como el de Ávila –que ha calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas– se hayan mantenido sin control a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.

Sumar ha anunciado este miércoles que ha acordado con el PSOE la prórroga de los alquileres para 2028 a través de un nuevo decreto sobre vivienda que también incluirá incentivos fiscales para los propietarios, una medida indispensable para conseguir que el texto acabe aprobado con el voto favorable de Junts en el Congreso.

“Yo lo tendré al acabar el consejo [de ministros], así hemos quedado”. Este es el mensaje de la discordia al que se aferra Jorge Fernández Díaz para intentar conseguir la absolución en el juicio del caso Kitchen, que ha entrado en la recta final en la Audiencia Nacional tras casi cuatro meses. ¿De dónde sale? Es un SMS que el 2 de agosto de 2013 habría enviado presuntamente el entonces ministro del Interior a su número dos, Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad. Es una de las pruebas que desembocaron en la imputación de Fernández Díaz –en septiembre de 2020– y que lo han conducido al banquillo de los acusados. La Fiscalía pide quince años de prisión. Ahora bien, desde el primer día él niega la autenticidad. “Nosotros mantenemos la tesis de que estos mensajes no existieron nunca. Si existieron, no fueron ni enviados ni reenviados por él”, ha defendido su abogado, Jesús Mandri, durante el informe final. Considera que experimentaron una “clara manipulación” y una “creación ad hoc” y que es “inverosímil” sostener que los mensajes procedían del exministro. En cambio, fuentes de las acusaciones los avalan aduciendo que no tiene ningún sentido que Francisco Martínez pusiera negro sobre blanco algo que lo incriminaba.