Nueve años después, Pablo Llarena se desprende de la causa del Procés y activa la cuenta atrás de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. El juez instructor ha dado el penúltimo paso que faltaba para hacerlo posible: ha revocado el procesamiento que dictó en 2018, ha concluido el sumario y ha remitido la causa a la sala penal para que sea Manuel Marchena quien dicte el archivo definitivo de la causa. De esta manera, la persecución judicial del 1-O en el Tribunal Supremo está más cerca de quedar enterrada.

En los últimos días vecinos y vecinas de Urda se han convertido en protagonistas involuntarios de un accidente que dejará secuelas imborrables en este pequeño pueblo a setenta kilómetros de Toledo. Son un montón de personas anónimas que no dudaron en acercarse al lugar de los hechos, que estuvieron al pie del cañón desde el primer momento para ayudar a las víctimas. Ahora, todavía conmocionados, recuerdan unas horas que les han cambiado la vida. Tampoco lo olvidará el pasajero de otro AVE que cubría el trayecto de Sevilla a Madrid y que se detuvo a 500 metros del siniestro.

“La incertidumbre, claro, es lo que peor se lleva. Pero creo que hay una cosa que la contrarresta, que es la esperanza, que no se debe perder nunca”. Es la reflexión que verbaliza esta tarde Manuel, el hermano de uno de los desaparecidos en el accidente de trenes en Urda, en Toledo, que continúa anhelando que le lleguen buenas noticias. “Hay picos de esperanza absoluta y picos en los que te hundes”, admite su hermana, Esther. Ambos han pasado el día en la Casa Sacerdotal de Toledo, el espacio que se ha habilitado para las personas que todavía no han localizado a sus familiares. Están buscando a Pepe, que tiene 54 años y viajaba a Sevilla por trabajo.

A las 8.54 de la mañana, Nicolás escuchaba música sentado en el sexto vagón de un AVE en dirección a Sevilla para visitar a su novia. Hace este trayecto tres o cuatro veces al mes. Pero hoy ha sido diferente. De repente, los asientos se han descolocado, ha caído un grupo de personas juntas, han acabado aplastadas y él no se podía mover. “He mirado y me he dado cuenta de que estaba en la vía contraria. Era como Adamuz. Me he levantado y he intentado abrir la puerta”, recuerda en conversación con el ARA. Pero, con el impacto, había perdido las gafas y no podía leer las instrucciones, así que ha tenido que pedir ayuda al resto de pasajeros. “Cuando he salido, oía los gritos del séptimo vagón, que estaba destrozado. Y he visto a dos personas en el suelo que me suplicaban llorando que les dejara el móvil para llamar a la familia. Uno no se podía mover y he tenido que aguantarle el móvil”, relata.

Hugo Chávez, cuando era presidente de Venezuela, regaló a José Luis Rodríguez Zapatero la réplica de la espada de Simón Bolívar y una figura de latón del Quijote. De hecho, durante sus años en la Moncloa, el expresidente español recibió cinco esculturas del icono de la literatura española hechas de hierro, bronce, madera y papel maché. Cuando era presidente de Rusia, Dmitri Medvédev le regaló una botella de vodka decorada y un machete con funda de piel. Desde los Estados Unidos, Barack Obama optó por obsequios más formales: un ornamento de Navidad oficial de la Casa Blanca y una carpeta de cuero con la reproducción del segundo discurso de investidura de Abraham Lincoln. Zapatero declaró más de 300 obsequios que recibió como presidente, pero se olvidó de algunos, empezando por las joyas que la policía encontró en una caja fuerte de su despacho.

“Dicen que es bueno, lo he leído”. Así defendía el viernes Alberto Núñez Feijóo al misterioso community manager del PP, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la precampaña electoral del 29-N. Con un estilo combativo, despiadado, irónico y atrevido, las publicaciones de los populares en Instagram, TikTok y X se han viralizado con rapidez y han sido capaces de asomarse a los medios convencionales. El que ha tenido más eco es un vídeo hecho con inteligencia artificial, visto por más de dos millones de personas en X, en el que aparecen Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán, entre otros, reconociendo los hechos por los cuales están siendo investigados. Es lo que se conoce como deepfake. “Tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente”, dice la mujer de Pedro Sánchez. “Esconder joyas en una caja fuerte”, expresa el expresidente español. “Pertenecer a una banda criminal”, verbaliza el ex número 3 del PSOE. También aparece Leire Díez, que ha presentado una querella contra el PP por los delitos de calumnias con publicidad, atentado contra la integridad moral y suplantación de la identidad digital.

El Tribunal Supremo eleva el tono en el conflicto con el gobierno español por el voto de los nacionalizados con la ley de nietos. El alto tribunal ha dado un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto de cara a las elecciones españolas del 29-N. Deben enviarla al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, y tienen tiempo para hacerlo hasta el miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde. La sala contencioso-administrativa del alto tribunal no se queda aquí, sino que amenaza a los ministros de Asuntos Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con una posible multa o, incluso, con responsabilidades penales –que debería investigar la sala penal– si incumplen el requerimiento. La multa sería de 1.000 euros y se podría “reiterar” hasta que se cumpliera la petición.

La lista de personas pendientes de la amnistía continúa reduciéndose con cuentagotas. El último tribunal en dar el paso ha sido la Audiencia Nacional, que llevaba tres meses arrastrando los pies para no aplicar la ley a los doce CDR de la operación Judas acusados de terrorismo. Después de la aprobación de la norma, el tribunal intentó esquivarla preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si amnistiar a los CDR contravenía el derecho europeo. Fue una manera de boicotear y retrasar la aplicación de la amnistía. La sentencia de Luxemburgo, que tardó dos años en llegar, se emitió finalmente en julio avalando por completo la ley. Desde entonces, la Audiencia Nacional tenía vía libre para mover ficha, pero ha necesitado tres meses más para hacer efectivo el olvido judicial. Finalmente, 28 meses después de que la ley entrara en vigor, ha enterrado la causa: “Se debe entender que deben incluirse [en la amnistía] los hechos que son objeto de este procedimiento”, concluye el auto, de cuatro páginas.

Movimientos de peso en el caso Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por malversación por haberse quedado las joyas que le regaló el rey de Arabia Saudita en 2007 durante una visita oficial a España, según consta en el escrito al que ha tenido acceso el ARA. Fue el expresidente español quien hace un mes aseguró al juez que este era el origen de las joyas de mayor valor que la UDEF encontró en su despacho el pasado mes de mayo. La fiscal Elena Lorente asevera ahora que esto puede hacer presumir que cometió también un delito de malversación. De momento, en la pieza relativa a las joyas está investigado solo por delito fiscal y contrabando.

Gabriel Rufián se ha pasado los últimos meses reclamando un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales, pero la única alianza que el dirigente republicano ha acabado firmando –sin acuerdo con el Frente Amplio de Ada Colau– ha sido con Irene Montero, la candidata de Podemos. Ambos, de hecho, ya protagonizaron un acto juntos el 9 de abril en Barcelona y, en los últimos meses, han ido estrechando lazos, aunque su afinidad política no es nueva. Rufián había salido en defensa de Montero varias veces ante la ofensiva de la derecha cuando encabezaba el ministerio de Igualdad. Ahora bien, ¿desde cuándo se conocen ambos dirigentes? ¿Siempre han tenido complicidad política?

Después de casi nueve años en el exilio y al día siguiente del retorno de Lluís Puig a Tarrasa, Toni Comín ha pisado el estado español para prometer la Constitución y recoger la credencial de diputado del Parlamento Europeo que la Junta Electoral Central (JEC) le negó en julio de 2024. Lo ha hecho ahora que Pablo Llarena ha levantado la orden de detención que había contra él y tres días antes de solemnizar el regreso del exilio cruzando la frontera a pie por un collado de montaña acompañado de sus amigos. “Con fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre”, ha dicho en catalán a la hora de prometer la carta magna por “imperativo legal”. El presidente de la JEC, Eduardo Calvo, le había advertido previamente que no cumpliría el requisito si daba una respuesta que no incluyera una forma “incondicionada”, pero justo después ha confirmado que se había convertido plenamente en eurodiputado.

El Tribunal Constitucional no autoriza, de momento, el voto a las personas nacionalizadas con la ley de nietos. El alto tribunal ha frenado el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de todos aquellos que no hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Por tanto, habrá 163.000 personas con la nacionalidad española –el 0,41% del censo– que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre si no acreditan que cumplen los requisitos. Ángel Gabilondo denunció que la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal de garantías considera que es “prematuro” estudiar el recurso porque el Supremo abrió un periodo de alegaciones que todavía no ha terminado. Cuando se haya vuelto a pronunciar, después de estudiar las quejas de los afectados, el Constitucional sí podría aceptar estudiar un recurso de amparo.

Dos años y cuatro meses después de que entrara en vigor, la amnistía ha llegado plenamente a los condenados por malversación en el juicio del Procés. El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha aplicado la ley a cuatro miembros del Gobierno del 1-O que estaban inhabilitados hasta 2030 y 2031: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. De esta manera, recuperan todos los derechos políticos y podrán volver a presentarse a las elecciones, ocupar cargos públicos o, por ejemplo, volver a dar clases en la universidad pública. La luz verde definitiva al perdón llega poco más de siete años después de la sentencia del Supremo y cuando hace cinco años que salieron de la prisión gracias a los indultos. La decisión, a regañadientes y entrando en combate dialéctico con el Tribunal Constitucional (TC), es la penúltima intervención de Manuel Marchena en la persecución judicial del referéndum del 1 de octubre. Su último baile será la aplicación de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que continúan a la espera. Antes, será necesario que Pablo Llarena concluya el sumario, un último paso que dará en los próximos días.

Pablo Llarena asume que el Tribunal Supremo está abocado a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, pero se resiste a propiciarlo. Estaba previsto que esta semana el juez instructor concluyera el sumario y remitiera la causa contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig al tribunal del juicio del Procés para que Manuel Marchena aplique la amnistía total y definitiva a los exiliados –primero todavía debía dar un plazo de cinco días a las partes para volver a pronunciarse–. Son las dos resoluciones que faltan para que el Supremo ponga el punto final a la persecución judicial de Puigdemont. Ahora bien, el instructor ha ralentizado el camino y se ha limitado a tumbar el recurso que presentó Vox contra el levantamiento de las órdenes de detención que el Supremo dictó después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía en los casos de malversación. Llarena dilata así el desenlace: da un paso más, pero evita dar el paso decisivo, que deberá llegar en los próximos días.

La Fiscalía Anticorrupción cree que hay motivos para imputar al PSOE en el marco del caso Leire en la Audiencia Nacional, pero considera que todavía es “prematuro” dar este paso. Es la respuesta del ministerio público a la petición que formuló el PP –que encabeza las acusaciones populares– hace dos días, al día siguiente de la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre. La fiscal argumenta que primero hay que practicar diligencias que hay pendientes como, por ejemplo, la declaración como investigado de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE. Los populares querían que se investigara al partido de Pedro Sánchez por los delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.

Movimiento determinante para que Ada Colau acabe liderando la candidatura a las elecciones españolas de la coalición de izquierdas Frente Amplio. Más Madrid propone que la exalcaldesa de Barcelona sea la candidata a la presidencia del Gobierno español y encabece la lista en Barcelona para los comicios del próximo 29 de noviembre, según informan fuentes del mismo partido. Ahora bien, aunque esta apuesta es clave para allanar el camino de Colau al frente de Frente Amplio, no es el paso definitivo, ya que la elección deberá tener el visto bueno de las cuatro formaciones que se han aliado, también Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Comunes.

En los últimos meses, el PP y Vox han esparcido sospechas sobre un supuesto fraude electoral en dos direcciones: el voto por correo y el derecho a votar de los nacionalizados a través de la ley de memoria democrática. Después de que Isabel Díaz Ayuso tardara menos de una hora una vez disueltas las Cortes en recomendar que no se votara por correo –una desconfianza que el portavoz del PP ha desautorizado–, el foco vuelve a situarse en el Tribunal Supremo, que hace un mes bloqueó el derecho a voto de miles de personas hasta que demuestren que son descendientes de exiliados. A raíz de la convocatoria del 29-N, tanto Iustitia Europa como Vox han reclamado al Supremo que actúe para garantizar que se cumplan las medidas cautelares, ya que el cuerpo electoral llamado a votar en las elecciones se cerró hace dos meses, antes de que el alto tribunal tomara las medidas. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ha advertido que si el Supremo mantiene la decisión, el censo del 29-N se verá “alterado” y perdería 400.000 personas añadidas al Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA– desde el 23-J.

Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

Mariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

Han pasado 3.263 días desde que se marchó a Bélgica y 847 días desde que la amnistía entró en vigor, y Carles Puigdemont ya tiene vía libre para regresar a Cataluña, aunque esperará al archivo definitivo de la causa para hacerlo —dentro de unos días o semanas. Podrá poner fin a casi nueve años de exilio después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a los líderes del 1-O de manera “preferente y urgente” y que pocos minutos después el juez Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que estaba en vigor desde noviembre de 2017 y que confirmó en julio de 2024 con una retorcida justificación. El TC concluye ahora que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y reprocha a Manuel Marchena que decidiera “eludir el genuino sentido” de la amnistía con una interpretación “internamente contradictoria” y “manifiestamente contraria” a la “finalidad y espíritu” de la ley.