Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

Jordi Pujol i Soley ha quedado finalmente fuera de la causa judicial que tiene a su familia en el epicentro después de catorce años de instrucción. El procedimiento, que comenzó en 2012 en torno a su hijo mayor y que se agravó con la confesión sobre la herencia del abuelo Florenci en 2014, ha terminado en el caso del expresidente porque no está en condiciones de ser juzgado. Ha pasado demasiado tiempo y sus habilidades cognitivas ya no son las adecuadas. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha comunicado su exclusión del procedimiento después de haberle visto en persona. Como habían dicho ya repetidamente los médicos, los jueces han constatado la "imposibilidad" de que Jordi Pujol continúe como acusado con "plenitud de conocimientos y capacidades".

Jordi Pujol i Soley será el gran protagonista este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat ha tenido que viajar hasta Madrid para que un médico forense examine su salud y el tribunal del juicio a su familia dictamine si puede declarar como acusado o lo exime de la causa. Ahora bien, a lo largo de 31 sesiones y 200 testigos, las referencias hacia él han sido mínimas, tangenciales y con cuentagotas. Quien ha estado en el centro de todos los interrogatorios ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En relación con el expresidente catalán, ha habido agradecimientos, recuerdos de saludos de pasada y anécdotas, pero no se ha hecho ninguna alusión a tratos de favor o comisiones ilegales a cambio de obra pública. La investigación judicial concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" para "acumular un patrimonio desmesurado" que estaba "directamente relacionado" con "actividades corruptas". La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" y pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat. Ahora bien, hasta ahora la acusación no ha presentado pruebas que acrediten su implicación. ¿Qué han dicho los testigos que han hablado de él?

La Audiencia Nacional no quiere caer en el edadismo –la discriminación por motivos de edad– con Jordi Pujol. Según ha podido saber el ARA, así lo ha argumentado el presidente del tribunal que está juzgando el caso Pujol, José Ricardo de Prada, al inicio de la sesión del juicio de este viernes, la última antes de las declaraciones de los acusados. Llega tres días después de que se supiera que el expresidente de la Generalitat tendrá que viajar el lunes a Madrid para que un médico forense lo examine y acredite si está en condiciones de continuar en el banquillo de los acusados. "El tribunal no quiere caer en el edadismo", ha verbalizado el juez Prada antes de que arrancase la sesión pública y después de que uno de los abogados de la familia Pujol le pidiese abordar el tema. Es decir, no quieren dejar de citarlo por su avanzada edad. Ahora bien, Jordi Pujol no solo tiene 95 años, sino que también tiene marcadores de alzhéimer en la sangre. "Quiero que el señor Jordi Pujol Soley participe en el procedimiento teniendo la certeza de que está en condiciones de poder soportar el juicio", ha añadido el juez. "El tribunal no parte del prejuicio, quiere ver exactamente sus capacidades para determinar si debe continuar o no", ha rematado. La defensa de Jordi Pujol ha optado por no presentar ningún escrito nuevo porque considera que la decisión está tomada y no hay margen para modificarla. Y se inclina porque Jordi Pujol se traslade a Madrid en coche. Todavía no se sabe a ciencia cierta si entrará por el parking o no.

Nueve años después de testificar por el caso Gürtel, Mariano Rajoy ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen. Ha llegado a San Fernando de Henares a las 9:40 horas en coche y ha accedido a las dependencias judiciales por el aparcamiento. Ha estado respondiendo durante treinta minutos, en una declaración que ha comenzado protagonizada por monosílabos y evasivas y que ha acabado con tres alegatos en los que se ha desmarcado de los hechos y ha echado una mano a las defensas de los acusados. La frase estrella ha llegado nada más arrancar, durante el interrogatorio de la abogada del PSOE, que le ha preguntado si él era M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas: "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y después cada cual me llama como quiere; pregúntaselo a ellos". Después de este primer lucimiento, se ha dedicado a negarlo todo categóricamente. "¿Le entregó a Bárcenas un sobre con el remanente de la caja B? ¿Introdujo en la trituradora la última página de los papeles de Bárcenas? ¿Tiene conocimiento de que Bárcenas fuera presionado o intimidado por orden de responsables del partido?", ha preguntado la abogada del PSOE. Son tres cuestiones que el extesorero del PP aseguró el lunes cuando declaró como testigo. "Absolutamente falso", se ha limitado a contestar Rajoy en las tres ocasiones.

Una de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.

Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

Jordi Pujol i Soley tendrá que ir "personalmente" a Madrid el lunes 27 de abril para que un médico forense le examine como paso previo a su declaración como acusado en el juicio contra su familia y nueve empresarios que está en marcha en la Audiencia Nacional desde hace cinco meses. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso el ARA, que cita al expresidente de la Generalitat a las 9.30 horas de la mañana, a pesar de que los forenses dijeron en noviembre que "no está en condiciones físicas ni cognitivas" para ser juzgado. Ahora la Audiencia Nacional le vuelve a ofrecer la posibilidad de aportar los "documentos que estime conveniente a efectos de su valoración médica". A las 10 h comenzarán las declaraciones de los acusados. Además, el médico forense tendrá que estar presente "durante todo el tiempo que dure" la declaración de Pujol.

Un audio en el que se oye a Mariano Rajoy en el despacho de la séptima planta de la sede de la calle Génova recibiendo un sobre de dinero en efectivo y destruyendo la documentación que demostraba la existencia de la caja B del PP. Este ha sido uno de los protagonistas de la esperada declaración de Luis Bárcenas como perjudicado en el juicio del caso Kitchen. Él grabó al entonces presidente del gobierno español porque quería que “quedara claro” que la caja B del PP –acreditada en la sentencia del caso Gürtel que acabó desembocando en la moción de censura de Pedro Sánchez– “existía con conocimiento de todas las instancias responsables del partido”. Ahora bien, el archivo de audio nunca vio la luz y fue presuntamente robado por la policía patriótica. Es esto, precisamente, lo que se está juzgando en el juicio que está en marcha desde principios de abril en la Audiencia Nacional, que debe dirimir las maniobras de las cloacas del Estado para espiar al extesorero del PP y robarle información que pudiera salpicar a la cúpula del PP. Luis Bárcenas, que es acusación particular de la causa, ha apuntado que el impulsor de la operación Kitchen fue el mismo Partido Popular para intentar destruir las pruebas de la trama Gürtel, de la que estaba al tanto Rajoy, según ha relatado. Solicita 41 años de prisión para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien era su número dos, Francisco Martínez.

Un viandante poco informado se preguntaba a las cinco de la tarde si los centenares de venezolanos que se congregaban en la Puerta del Sol de Madrid estaban celebrando un triunfo futbolístico. Ver niños con los colores de Venezuela pintados en la cara, el mar de banderas que inundaba la plaza y el ambiente festivo que sobrevolaba la cita podían hacerlo intuir. Pero no. "Es vivir lo que siempre quisimos allí, la libertad", resume Francisco, que hace ocho años que vive en Madrid y presenta a María Corina Machado como un "baluarte de la lucha por la libertad". Para Clara, que también hace ocho años que está en España, es la "gran esperanza para conseguir un país democrático para siempre". Son dos de los miles de venezolanos que esperan a la líder de la oposición venezolana el día que ha sido distinguida por Isabel Díaz Ayuso con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. "Es nuestra futura presidenta, la que nos ha liberado y la que se ha llevado al dictador", le agradece Mariel, que hace 26 años que se marchó de Venezuela y ahora vive en Sevilla. "Donald Trump no es el presidente ideal, pero nos ha dado el ánimo y la esperanza de que sí que podemos salirnos", reconoce Frai, que hace tres años que vive en Valencia.

Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.

El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha entrado en la recta final. Esta semana ha estado protagonizada por los peritos propuestos por las acusaciones y las defensas para valorar los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Y el plato fuerte ha sido el careo entre dos expertos de Hacienda y tres especialistas propuestos por la defensa del primogénito, que comenzó el martes y terminará el próximo viernes en una sesión extraordinaria. En total, acabarán siendo más de diez horas de declaración.

Después de tres meses escuchando testimonios, el juicio contra la familia Pujol Ferrusola está inmerso en las declaraciones de los peritos, que deben arrojar luz sobre los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Dos de los que comparecieron este martes en la Audiencia Nacional fueron nombres que emergieron en los medios de comunicación en el mes de julio en el marco del caso Montoro: Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor. Son inspectores de Hacienda, son socios directores de Equipo Económico –el bufete que fundó Cristóbal Montoro y que está en el epicentro de la presunta trama de corrupción– y están investigados por los juzgados de Tarragona.

Cinco horas después de que acabara la sesión del juicio contra José Luis Ábalos sentado entre los miembros del tribunal, Manuel Marchena entraba solemnemente al salón noble de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España para ingresar en ella como académico. Un acto protocolario en el que, rodeado de los nombres de más peso de la justicia española, ha pronunciado un discurso de 45 minutos sobre la incorporación de datos electrónicos al proceso penal. Se le escuchaba –y hacía alguna foto con el móvil– la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro. Ha llegado sola cuando faltaban diez minutos para que arrancase el acto y, mientras buscaba su sitio, ha recibido una particular bienvenida. Julián Sánchez Melgar –que también está juzgando a José Luis Ábalos y que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy después de la muerte de José Manuel Maza– le ha tocado el hombro para saludarla. Después de una breve conversación, ha ido a sentarse. Y –al igual que toda la sala– ha aplaudido a Manuel Marchena cuando ha terminado su discurso y cuando ha recibido la insignia que lo acredita como académico.

Dos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

Una de las misiones del Tribunal Supremo los primeros tres días del juicio contra José Luis Ábalos ha sido reconstruir el presunto enchufismo de dos mujeres próximas al entonces ministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. Son Jessica Rodríguez, que fue su pareja durante un año y medio; y Claudia Montes, con quien mantuvo una relación "virtual". La primera ha admitido que cobraba sin ir a trabajar –un total de 44.000 euros a Ineco y Tragsatec–. La segunda mujer defiende que sí que cumplía con su trabajo en Logirail, aunque otras voces lo desacreditan. Entre contradicciones y enfrentamientos laborales, diversos testigos han intentado arrojar luz esta semana en el alto tribunal. "Tenía un contrato, pero no trabajaba activamente", reconoció el martes Jessica Rodríguez. Marino Turiel, el abogado de José Luis Ábalos, sospecha que hay un acuerdo oculto entre ella y Víctor de Aldama: "Es muy claro que existe un pacto y una concertación".

El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

Hay un nombre relacionado con el PSOE que ha aparecido en las dos primeras sesiones del juicio del caso Kitchen, que salpica la cúpula del ministerio del Interior del PP: Javier Pérez Dolset. Es empresario y colaborador de Leire Díez, la exmilitante socialista bautizada como fontanera del PSOE, y se considera una víctima de las cloacas del Estado. Hace meses reconoció que se reunió con Santos Cerdán en Ferraz para entregarle documentos sobre prácticas irregulares del gobierno de Mariano Rajoy y desde el pasado octubre está investigado por haber intentado sobornar a dos fiscales. ¿Qué relación tiene con la Kitchen? Hace cuatro años, aportó a la Unidad de Asuntos Internos de la policía española una batería de grabaciones de José Manuel Villarejo. Y ahora, a petición del comisario jubilado, tendrá que declarar como testigo en el juicio.