La Fiscalía General del Estado, comandada desde diciembre por Teresa Peramato, ha confirmado al juez que investiga el caso Leire Díez que la conocida como fontanera del PSOE se reunió dos veces con la mano derecha de su predecesor, Álvaro García Ortiz, junto con el abogado Jacobo Teijelo, que actualmente defiende a Santos Cerdán y también está imputado en la Audiencia Nacional. El interlocutor era Diego Villafañe, que era el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía y que "informó a posteriori" al fiscal general del Estado de las dos citas. El primer encuentro fue el 6 de marzo de 2025 y también participó la fiscal Beatriz López Pesquera. Fuentes fiscales explican que Jacobo Teijelo informó de "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, hubo una segunda reunión, en la que Teijelo comunicó su "voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

José Manuel Villarejo es un nombre que permite establecer un puente entre el caso Kitchen –la supuesta operación para robar a Luis Bárcenas información comprometedora sobre la caja B del PP– y el caso Leire Díez –las presuntas maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que salpican a Pedro Sánchez–. El comisario jubilado ha continuado declarando esta mañana en el juicio que se celebra desde hace dos meses sobre el espionaje al extesorero del PP, pero antes de acceder a la Audiencia Nacional se ha detenido diez minutos con los periodistas. Sin aclarar si se reunió con la conocida como "fontanera" del PSOE, se ha presentado como una víctima: "Durante todos estos años las supuestas cloacas han ido contra mí y han ido a destruirme", ha denunciado. Y ha recordado que los socialistas, que son acusación popular en el caso Kitchen, le piden más años de prisión que la Fiscalía: "¿Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para ponerme más años en prisión? ¿No se dan cuenta de que es una estupidez?", se ha preguntado con ironía.

Por primera vez en la historia, el Papa ha pronunciado un discurso en el Congreso. En un hemiciclo vestido de gala para la ocasión y en una visita que ha querido que sirva como un "gesto de proximidad" hacia España, León XIV ha vuelto a entrar de lleno en el debate político español para enmendar de raíz los postulados de la extrema derecha en cuanto a la inmigración. Se ha vuelto a referir al "trágico drama migratorio" y ha reprobado la prioridad nacional que el PP y Vox han pactado recientemente en las comunidades autónomas. "Donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", ha proclamado. "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas", ha añadido. Asimismo, ha planteado una "doble exigencia de justicia social" con los inmigrantes: se les deben ofrecer "vías seguras y legales", un "acogimiento respetuoso" y "posibilidades reales de integración" y, en paralelo, se debe promover el "derecho a quedarse en la misma tierra" trabajando para conseguir que "nadie tenga que abandonar su hogar". Precisamente el jueves el Papa viajará a Canarias, que es el destino final de la ruta migratoria más peligrosa de Europa.

El caso Leire se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para el PSOE. El goteo de informaciones sobre el sumario y la aparición de nombres que salen salpicados ha hecho que los socialistas se hayan visto obligados a salir al paso para desmarcarse de lo que el juez cree que era una "estructura criminal" por "desestabilizar" investigaciones judiciales. El mantra que repiten en Ferraz es que los imputados hicieron "uso del nombre del PSOE en vano". Quien por fin se ha pronunciado ha sido Pedro Sánchez, que, de visita oficial a los Balcanes, ha asegurado que todo se hizo a sus espaldas: "Nunca se me ha informado sobre las aventuras de Leire Díez. Nunca avalé y nunca tuve conocimiento de algo que jamás habría tolerado", ha dicho desde Montenegro. El presidente español ha reconocido que todo lo que se ha ido sabiendo le llena de "decepción, preocupación e indignación" y ha anunciado que el equipo jurídico del PSOE está estudiando "qué acciones se emprenderán" en "defensa de la honorabilidad y limpieza" del partido.

El sumario del caso Leire Díez que se está investigando en la Audiencia Nacional incluye la grabación de dos reuniones que mantuvieron la conocida como "fontanera del PSOE con Francisco Martínez, que fue número dos del ministro Jorge Fernández Díaz como secretario de estado de Seguridad y que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen. El 15 de julio de 2024, él mismo relató a Leire Díez cómo Gonzalo Boye –el abogado de Carles Puigdemont– y Javier Pérez Dolset –que también está investigado– le habrían ofrecido entrar en la ley de amnistía. Según se puede oír en la grabación a la que ha tenido acceso el ARA, fue el empresario quien contactó con él para poner sobre la mesa una "colaboración" con la que, a cambio, él tendría que "dar explicaciones" y "reconocer la autenticidad" de unos documentos en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya. Todo ello le sorprendió: "Me parece extraño, no veía ninguna posibilidad de que yo pudiera entrar en la amnistía en términos jurídicos y políticos, pero pensé que no tenía nada que perder por sentarme. Y me senté muchas veces con el empresario Javier y el abogado Gonzalo", le explicaba.

La esperada declaración de David Sánchez en el juicio sobre su contratación en la Diputación de Badajoz ha durado 10 minutos y 20 segundos. Solo le ha interrogado su abogado, Emilio Cortés, que le ha hecho 25 preguntas sobre su despacho, el cambio de denominación de su puesto de trabajo y el fichaje de un amigo suyo que le ayudaba. Sánchez, sin embargo, no ha hecho ninguna mención a cómo consiguió el puesto de trabajo en 2017. Tampoco ha aludido en ningún momento a su hermano y presidente del gobierno español. De hecho, en la declaración del resto de acusados y testigos del día, ha habido un elemento en común: nadie sabía —según han dicho— que Pedro Sánchez tenía un hermano.

La supuesta trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también mostró interés por la ley de amnistía. Un informe de la Guardia Civil de 372 páginas, al que ha tenido acceso el ARA, contiene referencias a la norma y a la persecución judicial contra el independentismo. Concretamente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró un documento Word elaborado en noviembre de 2024 por la conocida como "fontanera del PSOE que aludía directamente a José Manuel Villarejo. Decía que el comisario jubilado de la policía española, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, tenía las "pruebas que demostrarían la corrupción" de Manuel Marchena, que fue el presidente del juicio del Procés y fue uno de los jueces que cerró el paso a amnistiar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados por decisión de Pablo Llarena–.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán, Leire Díez y otras personas conformaron un grupo para impulsar un “conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas” con la voluntad de “proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales” que afectan al PSOE y, “directa o indirectamente”, a Pedro Sánchez o “ciertos miembros” del gobierno español. Es uno de los elementos que constan en uno de los informes a los que tuvo acceso el ARA y que forma parte del sumario de la causa que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

José Manuel Villarejo ha sido el protagonista del día en el juicio del caso Kitchen. El comisario jubilado de la policía española, que hace años que desfila por los juzgados y que forma parte de la cúpula de la policía patriótica, ha estado tres horas ininterrumpidas contestando las preguntas del fiscal en una declaración enrevesada en la que se ha dedicado a disparar a torta y a siniestra y ha puesto varios nombres sobre la mesa. Uno de los destacados ha sido el de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de beneficiarse del espionaje ilegal a Luis Bárcenas: "Se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectara a él. Todos los que están imputados fueron engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu [un whisky]", ha dicho. "Posiblemente, quiso subirse al carro, aprovecharse del tema y «Si hay algo de mi [negocio], también lo quiero»", ha añadido más tarde. Previamente, ha asegurado que el expresidente del gobierno español le pedía "a través de terceros" que le informara "directamente" de su actividad porque "no se fiaba" de lo que le explicara el ministro Jorge Fernández Díaz.

Si la anterior legislatura española (2019-2023) estuvo marcada por las causas judiciales contra el independentismo, la actual se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial para el PSOE. El hilo conductor entre ambas fue, además, la amnistía, que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar para tener los votos de ERC y Junts para la investidura. Si bien su aplicación, cuando hace dos años que se aprobó, aún no se ha culminado –con más de un centenar de políticos, activistas y cargos públicos con procedimientos pendientes de resolver–, uno de los efectos palpables que ha tenido la medida es el enfado de la derecha política y judicial por la concesión de los socialistas. De hecho, la legislatura comenzó con las protestas constantes ante la sede del PSOE alentadas por la extrema derecha y también por cargos del PP.

Nadie cuestiona que Gabriel Rufián se ha erigido en un referente indiscutible para las izquierdas en toda España: no en vano es el cuarto político más valorado en España y el preferido de los catalanes. El portavoz de ERC en el Congreso lleva tiempo haciendo un llamamiento desacomplejado –y desautorizado por la dirección de su partido– a tejer una alianza entre las izquierdas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales para impedir que el PP y Vox lleguen a la Moncloa. Mientras transita por este camino, se está acercando a diferentes sensibilidades a un lado y otro, con una actitud de poliamor electoral que desconcierta, a menudo, al resto.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez han enterrado el hacha de guerra y, negación tras negación, han ejecutado con luces y taquígrafos un pacto de no agresión. Después de dos meses de juicio y más de 150 testigos, los dos principales acusados del caso Kitchen han entrado en escena: han seguido el guion previsto y han negado cualquier implicación en el espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para el exsecretario de Estado de Seguridad. Sus declaraciones han tenido una pacificación que fue inexistente durante la instrucción, muchos puntos de conexión y una contradicción palmaria. El denominador común ha sido desentenderse de las cloacas del Estado. Jorge Fernández Díaz ha relatado que tuvo conocimiento de la Kitchen, "como el común de los mortales", a finales del 2015, cuando "empezó a aparecer" en los medios de comunicación: "Hasta entonces no había oído hablar de ella ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me había hablado de ella", ha asegurado. Francisco Martínez también ha negado que ordenara un dispositivo contra el extesorero del PP: "Jamás ordené investigaciones sobre nada", ha dicho.

"No puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más apremiantes". Después de un año de investigación, esta fue una de las conclusiones que hizo que la jueza Beatriz Biedma enviara a juicio a David Sánchez, nueve cargos de la Diputación de Badajoz y también al entonces líder del PSOE en Extremadura por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Las acusaciones populares piden tres años de prisión para el hermano del presidente español. Bajo la lupa está la creación de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, que se habría creado para adjudicarlo a él directamente, y la contratación de un amigo suyo que le ayudaba "extraoficialmente" desde la Moncloa. Durante las cuestiones previas, el abogado del hermano de Sánchez, Emilio Cortés, ha denunciado que la investigación fue "prospectiva" y tuvo una "inspiración de signo político". "La raíz está podrida", ha lamentado. Y ha reprobado a las acusaciones populares que quisieran hacer un "escrutinio" o "déjà-vu histórico" sobre una contratación de hace nueve años: "Un procedimiento que no ha sido nunca recurrido por ningún administrado, de tal manera que rebuscaremos a ver si encontramos algún vicio", ha remachado.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

El 23 de febrero de 2026, una jueza de Madrid envió a la Audiencia Nacional la causa que ha desembocado en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El caso había renacido después de que Francia y Suiza remitieran información sobre una investigación que tenían en marcha y en la cual aparecían referencias de Plus Ultra como "cliente" de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La magistrada apuntó que Rodolfo Reyes –accionista mayoritario de la aerolínea y en el punto de mira de los Estados Unidos– y otros directivos de la aerolínea habrían orquestado un plan desde 2020 para "apoderarse de dinero limpio proveniente de subvenciones públicas". Como que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, la Audiencia Nacional es la competente para investigarlos, y por eso es José Luis Calama quien ahora lleva la batuta de la instrucción.

8.17 de la mañana, 19 de mayo. La policía se presenta con una orden judicial en el número 35 de la calle Ferraz, piso primero izquierda. Es el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él no está, los abre "doña Gertrudis" –su secretaria, Gertrudis Alcázar–, que es la persona que estará presente en todo el registro. Colabora con los agentes, a los que deja pasar voluntariamente, y comienzan a registrar todas las dependencias: cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos lavabos, una sala de reuniones y un office. Así se desprende del acta que incluye el sumario del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso el ARA, en la que se describe la oficina de expresidente como un “centro de dirección operativo” y un “núcleo de recepción y emisión de instrucciones” de Zapatero. Ahora bien, de acuerdo con la policía, cuando se trataba de operaciones "sensibles" había otro centro: el mismo domicilio del expresidente.

Uno de los dos informes de la UDEF –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional– que han servido al juez para imputar José Luis Rodríguez Zapatero se queja de los palos en las ruedas que la SEPI –el brazo inversor del Estado y quien dio luz verde al rescate de Plus Ultra– puso durante la investigación. "La documentación remitida era incompleta y presentaba carencias que impedían su análisis", concluye el documento, al que ha tenido acceso el ARA. El juez tuvo que hacer una segunda petición de información porque la primera remesa de documentación era insuficiente: "Algunas de las carpetas están vacías de contenido y no tienen documentación y otros archivos no pueden ser abiertos", dice la UDEF. También lamenta que los correos electrónicos que aportó eran del año 2025, cuatro años después del rescate. "Cabe señalar que estos correos existen o han existido", puntualiza la UDEF. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación", añade en otro momento.

Mientras Begoña Gómez confía en que la Audiencia de Madrid evite que se siente en el banquillo y continúa a la espera de que Juan Carlos Peinado tome una decisión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado un informe, al que ha tenido acceso el ARA, que puede ser beneficioso para sus intereses. Pero no del todo. De entrada, el instituto armado concluye que la cátedra de la Universidad Complutense que la mujer de Pedro Sánchez codirigía se creó legalmente. "Se nutre de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente. [...] Todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Complutense y con la normativa común que le es aplicable", sostiene el documento, de 158 páginas. Además, alega que el Reglamento de creación de cátedras extraordinarias incluye la "posibilidad" de que, "excepcionalmente y por causas justificadas", se pueda designar como directora a alguien "sin vinculación laboral" con la universidad.

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional es un terremoto de alcance todavía incalculable para la política española. Una noticia que ha sacudido al PSOE y que ha dado al PP un nuevo motivo para cargar contra el gobierno español y pedir a los socialistas que abandonen la Moncloa. Por eso todos los focos estaban puestos a primera hora en el Congreso, donde se esperaba la primera reacción del presidente español, Pedro Sánchez, a la cuestión. Y no ha cambiado el guion: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha dicho. "Si usted quiere mirar la corrupción, mírese al espejo", le ha espetado, incluso, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de tener información privilegiada del poder judicial y utilizarla políticamente. "A las elecciones se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027", ha seguido Sánchez, que también ha defendido el legado de Zapatero. "No nos metió en una guerra ilegal, avanzó en derechos como el matrimonio homosexual y acabó con ETA", ha resumido.