La Fiscalía Anticorrupción cree que hay motivos para imputar al PSOE en el marco del caso Leire en la Audiencia Nacional, pero considera que todavía es “prematuro” dar este paso. Es la respuesta del ministerio público a la petición que formuló el PP –que encabeza las acusaciones populares– hace dos días, al día siguiente de la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre. La fiscal argumenta que primero hay que practicar diligencias que hay pendientes como, por ejemplo, la declaración como investigado de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE. Los populares querían que se investigara al partido de Pedro Sánchez por los delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.

Movimiento determinante para que Ada Colau acabe liderando la candidatura a las elecciones españolas de la coalición de izquierdas Frente Amplio. Más Madrid propone que la exalcaldesa de Barcelona sea la candidata a la presidencia del Gobierno español y encabece la lista en Barcelona para los comicios del próximo 29 de noviembre, según informan fuentes del mismo partido. Ahora bien, aunque esta apuesta es clave para allanar el camino de Colau al frente de Frente Amplio, no es el paso definitivo, ya que la elección deberá tener el visto bueno de las cuatro formaciones que se han aliado, también Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Comunes.

En los últimos meses, el PP y Vox han esparcido sospechas sobre un supuesto fraude electoral en dos direcciones: el voto por correo y el derecho a votar de los nacionalizados a través de la ley de memoria democrática. Después de que Isabel Díaz Ayuso tardara menos de una hora una vez disueltas las Cortes en recomendar que no se votara por correo –una desconfianza que el portavoz del PP ha desautorizado–, el foco vuelve a situarse en el Tribunal Supremo, que hace un mes bloqueó el derecho a voto de miles de personas hasta que demuestren que son descendientes de exiliados. A raíz de la convocatoria del 29-N, tanto Iustitia Europa como Vox han reclamado al Supremo que actúe para garantizar que se cumplan las medidas cautelares, ya que el cuerpo electoral llamado a votar en las elecciones se cerró hace dos meses, antes de que el alto tribunal tomara las medidas. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ha advertido que si el Supremo mantiene la decisión, el censo del 29-N se verá “alterado” y perdería 400.000 personas añadidas al Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA– desde el 23-J.

Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

Mariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

Han pasado 3.263 días desde que se marchó a Bélgica y 847 días desde que la amnistía entró en vigor, y Carles Puigdemont ya tiene vía libre para regresar a Cataluña, aunque esperará al archivo definitivo de la causa para hacerlo —dentro de unos días o semanas. Podrá poner fin a casi nueve años de exilio después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a los líderes del 1-O de manera “preferente y urgente” y que pocos minutos después el juez Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que estaba en vigor desde noviembre de 2017 y que confirmó en julio de 2024 con una retorcida justificación. El TC concluye ahora que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y reprocha a Manuel Marchena que decidiera “eludir el genuino sentido” de la amnistía con una interpretación “internamente contradictoria” y “manifiestamente contraria” a la “finalidad y espíritu” de la ley.

La cuenta atrás se ha activado después de que Pedro Sánchez haya anunciado que convoca elecciones generales el 29 de noviembre. Los plazos empezarán a contar a partir de este martes, que es cuando el decreto de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Quienes tendrán que maniobrar a contrarreloj serán los partidos del Frente Amplio –la nueva marca del espacio de Sumar a la izquierda del PSOE– para nombrar a su candidato. Los partidos tendrán tiempo hasta el viernes 16 de octubre para registrar las coaliciones: será el momento en el que tendrán que confirmar si concurren a los comicios juntos o no. Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid y Movimiento Sumar se presentarán bajo la misma papeleta, pero tienen que acabar de sellar la alianza con fuerzas como Compromís, la Chunta Aragonesista y Más por Mallorca. Hace tres años, Sumar registró la coalición tres horas antes de que acabara el plazo.

Con la consumación de la convocatoria de las elecciones generales el 29 de noviembre, los partidos del viejo Sumar –recién rebautizado y reconfigurado como Frente Amplio– deben elegir al candidato a contrarreloj. Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid y Movimiento Sumar llevan meses trabajando para urdir la nueva coalición que se tiene que presentar a los comicios, pero todavía les falta una pieza clave: el cabeza de lista. Las quinielas echan humo desde hace días, y ahora fuentes conocedoras aseguran entre bastidores que la fumata blanca será “sin duda” esta semana.

Con el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que impondrá al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. La ponencia elaborada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de Dolors Bassa ordena directamente al alto tribunal que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. ¿Por qué ha sido tan explícito? “Por lo que he leído yo, en algunos momentos el mismo Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que el Constitucional hubiera establecido una doctrina clara y precisa. Por tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa”, ha argumentado Cándido Conde-Pumpido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden continuar campando a sus anchas en la Puerta del Sol”. El gobierno de la Comunidad de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, eleva el tono y exige a la Moncloa que desaloje la acampada que se instaló el sábado en la Puerta del Sol, justo delante de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia madrileña. Después de que los concentrados hayan pasado allí la tercera noche, el ejecutivo madrileño ha enviado un requerimiento a la Delegación del gobierno español para que los expulse en un plazo máximo de 48 horas.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

A principios de abril de 2024, poca gente conocía a Juan Carlos Peinado. Su nombre saltó a la fama cuando el 24 de abril se supo que había abierto una causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tras una denuncia de Manos Limpias. Una decisión que desembocó en los cinco días de reflexión en los que el presidente español se planteó dimitir, aunque al final decidió continuar. El lunes pasado, cinco días antes de su jubilación —este sábado el BOE ya publica su jubilación forzosa a los 72 años—, el polémico juez puso la rúbrica a su carrera enviando a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación.

Siete años después de ser imputado, la Audiencia Nacional ha absuelto a Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. De por medio, ha habido una investigación de catorce meses contra él, dos años de espera para enviarlo a juicio, dos años de interludio hasta que se celebró y una vista oral de cuatro meses. El juicio quedó visto para sentencia hace un año y medio. En cambio, el tribunal ha condenado a 17 años de prisión al narcotraficante gallego Sito Miñanco por la operativa para introducir en Europa casi cuatro toneladas de cocaína en 2017. En una sentencia de 325 páginas, el tribunal ha exonerado al abogado de Carles Puigdemont porque no ha podido “concluir de un modo inequívoco” que tuviera “ninguna participación en la elaboración” de los documentos que sirvieron para camuflar y ocultar el origen ilícito de los 890.000 euros en efectivo que se intervinieron en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017 y que fueron el embrión de la causa. El caso ha acabado con 24 condenados y 24 absueltos.

En los últimos días ha emergido un nuevo torpedo que el PP utiliza para disparar contra Pedro Sánchez y el gobierno español. La semana pasada, Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investigó y envió al banquillo de los acusados al hermano del líder del PSOE, pidió personarse como acusación particular en la Audiencia Nacional en la causa sobre Leire Díez. ¿El motivo? Las presuntas maniobras para apartarla de la instrucción del caso de David Sánchez. Desde entonces, han ido apareciendo en cascada noticias que hablan de una supuesta relación entre el clan de narcotraficantes de Los Rochos y las bautizadas políticamente y mediáticamente como cloacas del PSOE. Y el PP se ha aferrado a ello durante la sesión de control en el Congreso para abalanzarse contra la Moncloa.

Después de haber prometido que daría explicaciones sobre el origen de las joyas desde el momento en que las encontraron en su despacho, el 19 de mayo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una explicación oficial este miércoles a través de un escrito presentado a la Audiencia Nacional. Cuatro meses después, en el documento, al cual ha tenido acceso el ARA, afirma que las piezas son un regalo que el rey de Arabia Saudí Abdullah bin Abdulaziz al-Saud –muerto hace ya once años– le hizo en junio de 2007, durante su primer mandato al frente del gobierno español. Se trata de un obsequio que le entregó el monarca en la vivienda familiar ubicada en el Palacio de la Moncloa con motivo de un viaje realizado a Madrid, y justifica la entrega como una "atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" al rey saudí. Preguntado por la versión de Zapatero, el presidente español, Pedro Sánchez, desde Nueva York, ha reafirmado la confianza en la presunción de inocencia del expresidente.

Caos en el Congreso tras una polémica intervención de la diputada del PP Ana Belén Vázquez, que ha exhibido un espray de pimienta y ha acabado expulsada del hemiciclo. Pero el esperpento no ha acabado aquí. Más tarde, la cámara baja española ha tenido que precintar tres lavabos, una cocina y un comedor por la presencia de una sustancia tóxica. Un trabajador del PP ha acabado admitiendo que ha manipulado y accionado el espray de pimienta mientras lo limpiaba a instancias de la parlamentaria. Doce personas han recibido asistencia médica. Entre ellas, hay una miembro de la delegación de Mauritania que visitaba la cámara y que ha tenido que ser atendida por los vómitos que le ha provocado el fuerte olor a gas. Además, una mujer de la cocina está de baja por intoxicación –por mandato de su mutua– y otra trabajadora ha presentado una denuncia. Vayamos por partes.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

El Tribunal Constitucional ha activado la cuenta atrás del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho avalando que se aplique la ley de amnistía a la malversación atribuida al Procés, según ha podido saber el ARA. Como estaba previsto, la mayoría progresista ha impuesto su criterio y ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que era partidario de rechazar el recurso de amparo de Jordi Turull –consejero de Presidencia durante el 1-O y actual secretario general de Junts– y validar el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a exonerar el delito de malversación. Tras una hora y media de deliberación, se ha quedado en minoría.

El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

María Tardón (Zarzuela del Pinar, Segovia, 1957) es jueza de la Audiencia Nacional desde el 2018, cuando tomó el relevo de Carmen Lamela, la magistrada que en septiembre del 2017 envió a los Jordis a prisión. Tardón, madre soltera y una apasionada del cine, ha hecho cameos en cinco películas y ha completado muchas etapas del Camino de Santiago. Empezó a trabajar a los dieciséis años en una empresa de chocolate mientras estudiaba derecho a distancia y hace 39 años que ejerce de jueza. Tuvo solo un paréntesis de cuatro años para dar el salto a la política como teniente de alcaldía de Seguridad con el PP de Madrid de 1999 al 2003. Ahora está en la primera línea de la actualidad porque investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y su pasado en el PP ha llevado al ministro Óscar Puente a “dudar de su imparcialidad”.