El Tribunal Constitucional ha activado la cuenta atrás del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho avalando que se aplique la ley de amnistía a la malversación atribuida al Procés, según ha podido saber el ARA. Como estaba previsto, la mayoría progresista ha impuesto su criterio y ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que era partidario de rechazar el recurso de amparo de Jordi Turull –consejero de Presidencia durante el 1-O y actual secretario general de Junts– y validar el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a exonerar el delito de malversación. Después de casi dos horas de deliberación, se ha quedado en minoría.

El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

María Tardón (Zarzuela del Pinar, Segovia, 1957) es jueza de la Audiencia Nacional desde el 2018, cuando tomó el relevo de Carmen Lamela, la magistrada que en septiembre del 2017 envió a los Jordis a prisión. Tardón, madre soltera y una apasionada del cine, ha hecho cameos en cinco películas y ha completado muchas etapas del Camino de Santiago. Empezó a trabajar a los dieciséis años en una empresa de chocolate mientras estudiaba derecho a distancia y hace 39 años que ejerce de jueza. Tuvo solo un paréntesis de cuatro años para dar el salto a la política como teniente de alcaldía de Seguridad con el PP de Madrid de 1999 al 2003. Ahora está en la primera línea de la actualidad porque investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y su pasado en el PP ha llevado al ministro Óscar Puente a “dudar de su imparcialidad”.

“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

Una jueza de la Audiencia Nacional investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio. Después de dos informes iniciales de la policía española, que apuntaban a la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, María Tardón decidió el lunes que es competente para abrir una causa e investigar la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de organización criminal. El primer movimiento que ha hecho ha sido pedir al ministerio del Interior toda la documentación que desclasificó e hizo pública el gobierno español. Ahora bien, los expertos consultados por el ARA coinciden en que la investigación tendrá poco recorrido para conseguir que alguien asuma responsabilidades penales. “Es una especie de brindis al sol, es completamente impensable que Marruecos colabore”, dice Manuel Cancio, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “La jueza se topará con un muro que hará que sea muy difícil seguir adelante, Marruecos no colaborará y no entregará a ciudadanos marroquíes”, añade Ramon Ragués, catedrático de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

La misma semana que la pesadilla judicial de Pedro Sánchez se ha reactivado en la Audiencia Nacional, y a pocos metros de donde estaba declarando el exdirector general de la Guardia Civil, investigado en el caso Leire Díez, el Tribunal Supremo ha dado el pistoletazo de salida al curso judicial. Todo el mundo sabe –en Ferraz, en Génova y en la Moncloa– que los tiempos de la justicia marcarán los últimos vaivenes de la legislatura, tanto por los casos que salpican al PSOE como por la aplicación de la amnistía. Y unos de los grandes protagonistas han sido los reproches por las críticas a los jueces: “No es admisible que la descalificación pública se convierta en un instrumento de presión”, ha proclamado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. “Si las descalificaciones proceden de los que ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha añadido.

Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

El PSOE mantiene inalterado el guion que ha instaurado desde que estalló el caso Leire Díez y continúa levantando un muro entre Ferraz y la conocida como fontanera socialista. Ahora ha sido el turno de Ana María Fuentes, la actual gerente del partido, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigada por falsedad en documento mercantil. La Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz sospechan que falseó facturas y notas de encargo para hacer llegar dinero a Leire Díez y, de paso, disimular los pagos. Fuentes presentes en la declaración explican al ARA que Ana María Fuentes ha cargado las culpas a Santos Cerdán, que en aquel momento era el secretario de organización del partido y también está investigado, alegando que él era quien tomaba las decisiones y quien ordenaba y daba el visto bueno a las órdenes de encargo, a las facturas y a los pagos. Ella ha defendido que hacía lo que él le decía, que se limitaba a pagar y que “no controlaba” expresa y específicamente en qué se gastaba el dinero.

El Tribunal Supremo ha accedido a las pretensiones de Vox y de Iustitia Europa –un partido extraparlamentario habitual en las causas que rodean al PSOE– y ha paralizado temporalmente el derecho a voto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos. Es una medida cautelar que ha adoptado hasta que dicte una sentencia definitiva y mientras los consulados españoles no “expidan certificación acreditativa” de su condición de descendientes de exiliados. Esto interpela a los “nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, que sufrieran exilio por “razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual” y que “hubieran perdido o renunciado” a la nacionalidad española. Esta es la frase textual que aparece en la ley de memoria democrática.

La Audiencia Nacional ha decidido abrir una causa penal para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Después de el aval de la Fiscalía y de recibir los informes que encargó a la policía española y a la Guardia Civil, la jueza María Tardón considera que es competente para analizar unos hechos que cree que podrían enmarcarse en tres delitos: uno que compromete la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –en conexión con un delito de homicidio imprudente por los 83 cadáveres que se encontraron en aguas españolas– y de organización criminal. “Nos encontramos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”, sostiene. “Se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado”, añade la jueza, que recuerda que Pedro Sánchez presentó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Además, apunta que los hechos los promovió una “pluralidad de personas aún no identificadas” y justifica que un “flujo migratorio masivo” es “uno de los métodos característicos” de la guerra híbrida.

Toda la cúpula del PP y la gran mayoría de los barones del partido tenían una cita en Madrid este lunes: un desayuno informativo de Juan Jesús Vivas en el Nueva Economía Fórum. El presidente de Ceuta ha viajado a la capital española 39 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma que todavía marca el día a día de la actualidad política, y en plena multiplicación de la tensión política y de los reproches cruzados con el gobierno español. El encargado de presentarlo ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha elogiado que haya “encarnado como nadie la dignidad del Estado” y esté actuando como un “presidente idóneo” para defender a Ceuta en “los momentos de inquietud”. “Tienes un lugar en el corazón de millones de españoles”, ha dicho.

Después de las vacaciones y de una reanudación del curso político protagonizada por la crisis de Ceuta, los tribunales vuelven a la primera plana de la actualidad. Esta semana, Pedro Sánchez verá que dos directivos de Plus Ultra, la gerente del PSOE y el exdirector de la Guardia Civil desfilan por la Audiencia Nacional en las dos investigaciones que han cobrado más vuelo en las últimas semanas y que más le pueden hacer tambalear: las del caso de Koldo y de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué debe pasar los próximos días y semanas?

La Fiscalía es partidaria de que la Audiencia Nacional abra formalmente una causa penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Así lo expresa el informe que ha entregado el fiscal Jesús Alonso, que concluye que la jueza es competente para investigar los hechos. Después de haber recibido el pronunciamiento del ministerio público y los informes de la policía española y de la Guardia Civil, la magistrada María Tardón tomará una decisión en los próximos días. La Fiscalía argumenta que el “principal resultado” de la entrada de migrantes afectó a Ceuta y justifica que la ley del poder judicial permite que la jurisdicción española ponga la lupa sobre “conductas desarrolladas fuera del territorio nacional” cuando existan “elementos de conexión suficientes” y cuando los “efectos jurídicamente relevantes” se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español.

Uno de los protagonistas secundarios de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la gestión de la crisis de Ceuta ha sido la reiterada demanda de Junts, Bildu y el PNV para que el gobierno español traspase a Cataluña y al País Vasco las competencias en inmigración. ERC no ha hecho ninguna referencia, pero también lo apoya. Quien ha abierto la veda ha sido Miriam Nogueras: “Las queremos para que Cataluña deje de pagar las malas decisiones de los gobiernos españoles y empiece a hacer el trabajo que evidentemente no se ha hecho”, ha proclamado durante su intervención. Fue Junts quien en enero de 2024 situó esta reivindicación en la agenda política después de arrancarle al PSOE el compromiso a cambio de los tres primeros decretos de la legislatura. Tardó un año en materializarse negro sobre blanco, pero el veto de Podemos ha impedido que prospere.

El autobús 37, pasadas las siete de la tarde, estaba lleno de personas con banderas españolas que se acercaban a la plaza Cibeles de Madrid. No eran pocas las que se acercaban al conductor –que contestaba amablemente– para saber dónde era mejor bajar para asistir a la convocatoria en apoyo de Ceuta. No había un patrón concreto: gente de todas las edades, jóvenes y mayores, que en el momento en que se han unido a la masa de personas que ya había en la Puerta de Alcalá no han dudado a la hora de gritar los lemas: "Pedro Sánchez, hijo de puta" o "Dimisión" del gobierno español. De esta manera, en Madrid y en decenas de ciudades más de toda España, miles de personas se han manifestado por la crisis en Ceuta y han convertido la indignación por lo que se vive en la ciudad autónoma en un clamor contra el gobierno español. Una movilización –convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP– que ha trasladado a la calle el mensaje político que quería la derecha. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida (PP) y Santiago Abascal (Vox) han hecho acto de presencia en la concentración de Madrid, mientras que algunos dirigentes del PSOE también se han movilizado desoyendo a la dirección socialista porque consideraban que este miércoles, Día de Ceuta, debían salir a la calle.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) ha concluido que la entrada en Ceuta de casi 80.000 migrantes a finales de julio contó con la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Así se desprende del informe que ha remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso el ARA. Alega que fue un proceso que tuvo una “planificación previa” y unos “objetivos diferentes a los migratorios”, y que fue “favorecido” por un “guiado activo de la masa hacia lugares de paso” por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad de Marruecos, sumado a una “presencia escasa” de agentes. Es una versión que choca frontalmente con las explicaciones que hasta ahora han dado los ministerios del PSOE y Pedro Sánchez, que en todo momento han desvinculado a Marruecos de la crisis y han destacado la “cooperación” del país alauí. Todo ello el día antes de que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones de los hechos de Ceuta.

Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada, los presos de ETA vuelven a ser de actualidad porque los regímenes de semilibertad han enfrentado durante los últimos meses al gobierno del País Vasco con la Fiscalía y la Audiencia Nacional. A lo largo de 2026, dos jueces de vigilancia penitenciaria han revocado cinco decisiones del ejecutivo que comparten el PNB y el PSE. La justicia ha puesto especialmente en duda las prisas a la hora de otorgar regímenes del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que sirve para que un preso salga de la cárcel para llevar a cabo un programa específico de tratamiento que vaya encaminado a su reinserción; o terceros grados, que permiten hacer vida fuera de la cárcel y volver solo para dormir.

Un “antipartido” que “no se alinea con ninguna ideología” y que reniega del “régimen del 78” es el responsable de que la Audiencia Nacional esté investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que, en paralelo, un juzgado de Madrid haya abierto una causa penal sobre la compra de el ático de lujo para Isabel Díaz Ayuso. Es Iustitia Europa, una formación conocida por intervenir como acusación popular en los casos judiciales del entorno del PSOE y que en 2027 dará el salto a las elecciones generales. “Somos transversales y defendemos que la solución a la corrupción ha de venir desde la sociedad civil. Después de casi cincuenta años, tenemos un problema grave en España y hay que alejarse de las ideologías de izquierdas y derechas”, defiende su presidente, Luis María Pardo, en conversación con el ARA.

En los últimos días han ido apareciendo publicaciones en las redes sociales desde el anonimato que promueven una nueva entrada masiva a Ceuta este sábado. Para impedirlo, tanto Madrid como Rabat se han movilizado. “Dotándonos de más medios personales y materiales, y con un despliegue de las fuerzas armadas”, explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este jueves. “Continuaremos implementando los medios personales que sean necesarios para ayudar a llegar a la normalidad lo antes posible y para evitar que hechos como los del 30 de julio se vuelvan a repetir”, añadió.

El 16 de julio de 2025, siete años después de que abandonara el ministerio de Hacienda, trascendió públicamente que Cristóbal Montoro –junto con su equipo– estaba investigado por un juez de Tarragona por haber traficado presuntamente con la modificación de leyes para favorecer a empresas gasísticas a cambio de sobornos. En doce meses, la instrucción ha avanzado lentamente y los autos de Rubén Rus han llegado con cuentagotas. Una de las grandes novedades que ha habido fue un informe de la Agencia Tributaria que localizó 850.000 euros sospechosos: es la cantidad que las empresas gasísticas hicieron llegar a Equipo Económico –el despacho fundado por Montoro y que está en el epicentro de la supuesta trama– entre 2011 y 2019 en pagos fraccionados y con una operativa para intentar disimularlos. Alrededor de este documento se pueden trazar las dos visiones de la investigación que se han ido construyendo.