La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional es un terremoto de alcance todavía incalculable para la política española. Una noticia que ha sacudido al PSOE y que ha dado al PP un nuevo motivo para cargar contra el gobierno español y pedir a los socialistas que abandonen la Moncloa. Por eso todos los focos estaban puestos a primera hora en el Congreso, donde se esperaba la primera reacción del presidente español, Pedro Sánchez, a la cuestión. Y no ha cambiado el guion: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha dicho. "Si usted quiere mirar la corrupción, mírese al espejo", le ha espetado, incluso, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de tener información privilegiada del poder judicial y utilizarla políticamente. "A las elecciones se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027", ha seguido Sánchez, que también ha defendido el legado de Zapatero. "No nos metió en una guerra ilegal, avanzó en derechos como el matrimonio homosexual y acabó con ETA", ha resumido.

El juez José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero porque cree que era el "núcleo decisorio y estratégico" de una "red" que ejercía influencias. "Su liderazgo no se manifiesta de manera formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en la medida de lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas", dice el auto al que ha tenido acceso el ARA. Subraya que este rol "se deduce" de "múltiples evidencias" y pone especial énfasis en algunas de las conversaciones que salen reflejadas en el sumario –en las que no participa directamente Zapatero.

Había una "trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" y una "estructura estable y jerarquizada" que estaba "liderada" por José Luis Rodríguez Zapatero y que tenía la finalidad de obtener "beneficios económicos" a través de la "intermediación y ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros". Esta es la conclusión a la que ha llegado un juez de la Audiencia Nacional para imputar al expresidente español por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y para citarlo el día 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, José Luis Calama considera que Zapatero "habría puesto" sus "contactos personales" y su "capacidad de acceso" a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en "obtener decisiones favorables". Bajo la lupa, hay posibles cobros de comisiones ilegales a cambio del rescate de 53 millones de euros que el gobierno español dio a la compañía aérea Plus Ultra en marzo de 2021 y supuestas maniobras para blanquear dinero procedente de Venezuela. El juez calcula que Zapatero habría recibido 1,9 millones de euros en comisiones a través de tres empresas: un millón y medio directamente a él y 400.000 euros a What The Fav, la empresa de marketing de sus hijas.

Una de las conclusiones que dejan las elecciones en Andalucía, aparte del triunfo agridulce del PP y el hundimiento del PSOE, es el reforzamiento de Endavant Andalusia, una formación soberanista y andalucista que en todo momento se ha querido desmarcar de las izquierdas "clásicas y tradicionales" que están en el gobierno español. Ahora también se aleja de los postulados de Gabriel Rufián, que mantiene la apuesta por tejer un frente común de cara a las próximas elecciones generales. El éxito electoral, que no supieron detectar las encuestas, ha sido incontestable: han duplicado los votos, han multiplicado por cuatro los escaños y han sido la tercera fuerza en Cádiz y Sevilla por delante de Vox. Tanto es así que el PP sitúa Endavant Andalusia como el culpable de la imposibilidad de revalidar la mayoría absoluta.

Noche de infarto en Andalucía, desenlace agridulce para el PP y hecatombe del PSOE. Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo se las prometían muy felices viendo que las encuestas auguraban que los populares podrían reeditar la mayoría absoluta que consiguieron hace cuatro años, pero las urnas han emitido otro veredicto: el PP ha perdido cinco diputados respecto a 2022, se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y volverá a necesitar el beneplácito de Vox para gobernar. Hace siete meses, el PP inauguró el ciclo electoral autonómico que ahora llega a su fin con el objetivo inquebrantable de liberarse de Vox, pero ha acabado siendo todavía más rehén de la extrema derecha. Hasta el punto de que hasta el barón más moderado de los populares se ve ahora abocado a pactar con Santiago Abascal si no quiere repetir las elecciones. En paralelo, en la calle Ferraz ha sido una noche todavía más dolorosa: el PSOE firma el peor resultado de la historia y consigue casi la mitad de los votos que los populares. El único alivio que da cierto oxígeno a los socialistas es que la futura negociación entre el PP y Vox volverá a poner de manifiesto las incomodidades y contradicciones de los populares.

4.311 días después de la confesión de Jordi Pujol, el juicio contra su familia ha quedado visto para sentencia. En medio, ha habido una ardua investigación judicial que se alargó seis años, una estancia de ocho meses del primogénito del expresidente de la Generalitat en prisión y un sumario de 80.000 folios. El 24 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida al juicio: 38 sesiones, 200 testigos, 17 acusados defendidos por la élite del derecho penal catalán y dos acusaciones. Tres jueces y una incógnita por responder: la fortuna que la familia Pujol tenía en Andorra era una herencia o era fruto de la corrupción? Estos han sido los mejores momentos en la Audiencia Nacional.

Nadie discute que la familia Pujol tenía dinero en Andorra. ¿Pero de dónde provenía la fortuna? ¿De la herencia del abuelo Florenci, de la corrupción o de favores inconfesables? Esto es lo que, durante 38 sesiones y seis meses, ha intentado resolver la Audiencia Nacional. Ahora, tres jueces que han escuchado a 200 testigos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los diecisiete acusados deberán emitir un veredicto: condena o absolución. Este jueves se ha celebrado la última sesión en San Fernando de Henares y el caso Pujol ha quedado visto para sentencia catorce años después del inicio de la causa. La sentencia podría estar lista a finales de julio.

Durante casi dos horas y media, Cristóbal Martell ha intentado desmontar la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión. El abogado de la familia ha arrancado con vehemencia para evidenciar la falta de pruebas que avalen la "grandilocuente afirmación" que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo" para lucrarse de comisiones ilegales a cambio de obra pública: "Cuando una acusación empieza con un frontispicio tan altisonante y ambicioso, uno espera columnas que sostengan con fundamento esta afirmación gruesa. Nada", ha proclamado. "¿Con esto se satisface un escrito del ministerio fiscal y se lleva a una sala de un estado democrático?", se ha preguntado con ironía en un momento de su intervención. "No parece razonable llevar esto a una sala de justicia en un estado de derecho de garantías", ha añadido en otro momento.

"Este proceso no ataca a Cataluña, pretende defender a todos los ciudadanos catalanes". El fiscal Fernando Bermejo ha arrancado así de combativo su informe final al juicio de la familia Pujol. Al día siguiente de comunicar que mantenía todas las peticiones de pena de prisión ha sido el momento de exponer sus conclusiones. Y después de una hora y media de discurso, en el primer receso, todos los abogados tenían tres palabras en la boca: "España nos roba". ¿Por qué? Porque ha sido una de las menciones que ha hecho el fiscal en un inicio beligerante protagonizado por un alegato eminentemente político: "El análisis obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual «España nos roba» con los hechos investigados. Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio mientras se elude la contribución al sistema. Mientras se ha afirmado que la falta de recursos impedía financiar adecuadamente escuelas, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas apuntan a presuntas prácticas de elusión de obligaciones tributarias".

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

Investigar judicialmente la operación Cataluña se ha convertido en una utopía. En los últimos años, víctimas de la policía patriótica han hecho de tripas corazón para llevar a los tribunales a la cúpula de las cloacas del Estado, pero han chocado permanentemente contra una pared. La respuesta siempre ha sido la misma: los hechos no son delito y se basan en noticias de prensa, a pesar de los elocuentes audios que dan fe. En las últimas semanas, sin embargo, se han abierto dos ventanas de oportunidad, a pesar de que las posibilidades de que prospere una investigación continúan siendo escasas. De hecho, hasta ahora, el único condenado por la operación Cataluña ha sido Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo (DAO) de la policía española, por el famoso USB del hijo mayor de Jordi Pujol.

Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

Visto para sentencia. El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que arrancó hace un mes, ha llegado a su fin. Ha sido el momento para que la Fiscalía Anticorrupción, el PP –que lidera las acusaciones populares– y las tres defensas verbalizaran sus conclusiones. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal. "El número uno no era el presidente del gobierno español, como, con notable alivio, le atribuye Aldama", ha dicho en la parte inicial de su discurso. Fue la nueva acusación del empresario y el fiscal Alejandro Luzón se ha desmarcado por completo. Eso sí, ha destacado que José Luis Ábalos estaba en la "cúspide" o en el "engranaje esencial" de la organización. A su parecer, él, Koldo García y Víctor de Aldama –junto con otras personas– conformaron una "verdadera organización criminal" que nació de un "pacto corruptor que interesaba a todos" fruto de la "insistencia" y la "poca resistencia" y que no se "diluyó y agotó" hasta que Ábalos fue destituido como ministro en julio de 2021.

Un tribunal israelí ha prorrogado hasta el domingo la detención de los dos líderes de la Flotilla Global Sumud, el catalanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, que están en un centro penitenciario desde que fueron capturados en aguas internacionales en el asalto del miércoles a la misión civil humanitaria contra el bloqueo de Gaza. El tribunal de la ciudad costera de Ashkelon, donde están retenidos, dictaminó el domingo que la Fiscalía tenía dos días más para presentar la acusación formal. El gobierno de Israel los acusa de terrorismo y están detenidos en la prisión de Shikma, en huelga de hambre por séptimo día. Este miércoles se resolverá el recurso presentado por la organización de derechos humanos Adalah, que pide la liberación de los detenidos.

"Un caso mediático juzgado hace tiempo con una condena clara". Así ha resumido José Luis Ábalos el caso de las mascarillas, por el que afronta una pena de entre 24 y 30 años de prisión. El exministro de Transportes, que lleva cinco meses en Soto del Real, ha sido el último de los acusados en declarar, después de que la semana pasada lo hicieran Víctor de Aldama y Koldo García. El que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Moncloa y en Ferraz ha declarado durante casi seis horas y, exhibiendo un conocimiento minucioso de los informes de la Guardia Civil, ha negado haber recibido dinero por parte de Aldama: "Decir que se me entregaron en mano me parece grosero. Entiendo por qué se hace. Le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto". Asimismo, ha criticado el "sesgo permanente" del instituto armado y ha denunciado una "cierta intencionalidad" durante toda la investigación: "Me llama la atención las ganas de imputarme a mí y de encontrarme algo".

Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

Jordi Pujol i Soley ha quedado finalmente fuera de la causa judicial que tiene a su familia en el epicentro después de catorce años de instrucción. El procedimiento, que comenzó en 2012 en torno a su hijo mayor y que se agravó con la confesión sobre la herencia del abuelo Florenci en 2014, ha terminado en el caso del expresidente porque no está en condiciones de ser juzgado. Ha pasado demasiado tiempo y sus habilidades cognitivas ya no son las adecuadas. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha comunicado su exclusión del procedimiento después de haberle visto en persona. Como habían dicho ya repetidamente los médicos, los jueces han constatado la "imposibilidad" de que Jordi Pujol continúe como acusado con "plenitud de conocimientos y capacidades".

Jordi Pujol i Soley será el gran protagonista este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat ha tenido que viajar hasta Madrid para que un médico forense examine su salud y el tribunal del juicio a su familia dictamine si puede declarar como acusado o lo exime de la causa. Ahora bien, a lo largo de 31 sesiones y 200 testigos, las referencias hacia él han sido mínimas, tangenciales y con cuentagotas. Quien ha estado en el centro de todos los interrogatorios ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En relación con el expresidente catalán, ha habido agradecimientos, recuerdos de saludos de pasada y anécdotas, pero no se ha hecho ninguna alusión a tratos de favor o comisiones ilegales a cambio de obra pública. La investigación judicial concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" para "acumular un patrimonio desmesurado" que estaba "directamente relacionado" con "actividades corruptas". La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" y pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat. Ahora bien, hasta ahora la acusación no ha presentado pruebas que acrediten su implicación. ¿Qué han dicho los testigos que han hablado de él?