Decía uno de los más citados filósofos del siglo XX, Johan Cruyff, quien cada desventaja tiene su ventaja. Apliquemos al presidente Isla. La desventaja es que tiene un tono gris, aburrido, de PSOE monárquico y de presidente de comunidad autónoma, más que de nación.

ERC llegó este lunes a un preacuerdo para investir presidente a Salvador Illa, y no hace falta decir que este preacuerdo es importantísimo. Estuvieron diez horas discutiéndolo, que es lo que hacen los políticos cuando preparan cosas importantísimas. Reuniones maratonianas, discusiones que se alargan hasta la madrugada, giros de guión alucinantes en tiempo de descuento, sesiones de trabajo en ayunas, etc. A primera hora de la mañana la secretaria adjunta a la dirección, Marta Vilalta, defendía en Catalunya Ràdio el preacuerdo y cada una de sus carpetas (los políticos lo hacen todo en carpetas), que, sin embargo, calificaba de importantísimas. La resolución del conflicto político entre Catalunya y España, quien lo duda, es algo importantísimo. La creación de una consejería de Política Lingüística para salvar el catalán, que como todos sabemos está a punto de deshincharse como un globo, con un lastimoso pedo final, es importantísima. Y la consecución de un concierto económico solidario que proporcione al Gobierno de Cataluña la clave de la caja, lo que suele conocerse como soberanía fiscal, es, por supuesto, importantísimo. Sí puede resultar un poco raro que la otra parte de un preacuerdo trascendente, en este caso el PSC, se mantuviera completamente callado: la discreción en política es buena, quien lo duda, pero entre discreción y silencio hermético hay un cierto recorrido. También puede llamar la atención el hecho de que no exista una mayoría clara para sostener este concierto ni en el Parlament ni en el Congreso, pero Vilalta confía en la capacidad de los parlamentarios de ERC para "construir mayorías". Entre los cimientos para levantar estas mayorías, cuenta con los diputados y los dirigentes de Junts. Al ser un avance importantísimo por el país, les invita a sumarse a ellos y no duda de que lo harán.

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Si estamos en otoño, es tiempo de presupuestos. Y tanto si hablamos de los catalanes como de los estatales, ahora mismo hay un gran interrogante sobre si se podrán aprobar. En medio de las dos negociaciones está Esquerra Republicana, que busca apoyo para aprobar los primeros y, a la vez, negocia con el PSOE si acaba apoyando los segundos. Los más candentes son los estatales, porque este viernes se acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y ERC ya ha avisado de que no descarta presentar una porque ahora mismo está "muy lejos" de poder dar el sí. Los republicanos dudan si validar los presupuestos del PSOE –si los aprobaran, serían los terceros consecutivos– porque tienen fundamentalmente dos quejas: el gobierno español no cumple en materia inversora ni tampoco en el ámbito del diálogo.

Todo el mundo daba por hecho que la Diada exhibiría la división independentista, pero había que resolver todavía el interrogante sobre si esta fractura sacudiría de alguna manera el movimiento. El día después del Once de Septiembre, lejos de hacer algún propósito de enmienda, los principales actores del independentismo avivaron el fuego cruzado contra las respectivas estrategias. El más evidente es el pulso que mantienen ERC y la ANC, que no solo no se apacigua sino que se ha redoblado. Si la Assemblea lanzaba este domingo el ultimátum al Govern de "independencia o elecciones", este lunes ERC descartó por completo un adelanto electoral con el argumento de que sería "irresponsable" ante el otoño complicado que se espera. En medio de todo este escenario de reproches y divergencias, el único punto de conexión es que los dos socios del Govern, Junts y ERC, coinciden en que hay que rehacer un espacio de coordinación para intentar recuperar "el consenso estratégico" de partidos, entidades y calle alrededor del Procés. Aun así, el enfoque que plantean para este nuevo espacio es muy diferente.

Haciendo buenos los pronósticos, la de este año no ha sido una Diada fácil para ERC. La ausencia del president Aragonès de la manifestación de la ANC y el pulso abierto del partido con la entidad de Dolors Feliu habían generado controversia, que se ha acabado transformando en silbidos y reproches en algunos actos donde han participado los republicanos. Los abucheos en el Once de Septiembre no son nuevas desde que el Procés se ha estancado y la pandemia se ha desvanecido, pero sí que han subido de intensidad. Empezaron el viernes por la noche con el discurso que el president grabó desde Empúries, continuaron la medianoche del sábado al domingo en el Fossar de les Moreres, y se han manifestado de nuevo en la ofrenda floral a Rafael Casanova. Sea como sea, el partido de Oriol Junqueras ha convertido su acto propio de la Diada -celebrado en Barcelona por la tarde- en un acto de reivindicación de la trayectoria del partido y de reafirmación de su estrategia. "Nadie nos callará y no tenemos miedo a nadie", ha dicho el presidente del partido.

La manifestación que la ANC promueve para la Diada también es motivo de controversia en el seno del Govern. Si la caja de Pandora se abrió formalmente la semana pasada cuando el president Aragonès anunció que no participaría –y cinco minutos después el vicepresidente, Jordi Puigneró, dijo que él sí que estaría–, este lunes la cuestión se ha complicado algo más. Mientras Junts ha hecho un llamamiento a la movilización para que sea "masiva", los republicanos –el partido del president– han endurecido las críticas contra la Asamblea, a quien han acusado de querer "hacer pequeño y dividir el movimiento independentista" promoviendo una manifestación que no ven "transversal" ni "inclusiva". El choque llega cuando ya hay otro foco de tensión al ejecutivo muy candente: Junts se plantea dejar el Govern si no se reconduce el rumbo en el ámbito del Procés. En concreto este lunes han puesto tres condiciones sobre la mesa, como la coordinación de los grupos en Madrid, que ya se han trasladado a Esquerra.

Las relaciones entre Esquerra y Junts no son nunca sencillas, pero los mensajes de este fin de semana del partido de Laura Borràs ensanchan algo más la grieta entre los dos partidos. El día siguiente del cónclave, los republicanos han cogido la palabra y se ha constatado que las diferencias entre los socios de Govern son profundas en tres de los grandes ámbitos de la legislatura: la mesa de diálogo, el caso que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la política fiscal. ¿Puede romper esto el Govern? "Si alguien tiene ganas de hacer ruido que tome las decisiones más oportunas", ha dicho la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, a pesar de que Junts también ha descartado este fin de semana romper la coalición de gobierno de forma inminente. De hecho, los de Oriol Junqueras también confían en acabar el mandato.

La falta de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya no es un problema nuevo, a pesar de que ahora vuelva a centrar la actualidad política. Lo demuestran dos hechos. El primero, que el último Estatuto (2006) previó la creación de una comisión específica para controlar el cumplimiento de las inversiones del Gobierno español en Catalunya. El segundo, que en el pacto de los presupuestos generales de 2021 –entre ERC y el PSOE– se incluyó una cláusula que obligaba a reunir esta comisión cada cuatro meses para revisar si se cumplía el acuerdo. Nada de todo esto se ha cumplido. En quince años de vida, la comisión se ha reunido solo tres veces.

El independentismo intenta mantener viva la llama de la indignación por el Catalangate, una misión que no es sencilla ante un Gobierno español que quiere intentar dar por cerrada la crisis con la reciente destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Para seguir denunciando los hechos, este jueves Esquerra ha llevado una moción al pleno del Parlament que pide la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Junts y la CUP se han sumado a esta demanda. Difícilmente una moción parlamentaria hará caer a la ministra, pero cumple la misión de mantener viva esta llama. El texto se votará a las 14 horas.

El gobierno español está dispuesto a desclasificar documentos vinculados al caso Pegasus, pero no que sean de libre acceso para la ciudadanía. Unidas Podemos y las formaciones soberanistas han solicitado que se publiquen las autorizaciones judiciales que la directora del CNI, Paz Esteban, enseñó a la comisión de secretos. No saldrán de allá, ha asegurado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha dejado claro que si se levanta el secreto de algún documento será consultable a los "canales donde corresponde": a puerta cerrada a la comisión del Congreso. La desclasificación, además, no se hará por iniciativa propia ni porque la solicite el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sino solo si la requiere un juez o el Defensor del Pueblo, que también investiga el Catalangate.

El voto en contra de Esquerra al decreto de Ucrania todavía no supone la rotura definitiva con el PSOE, a pesar de que las relaciones hayan quedado "muy tocadas" a raíz del Catalangate. Esta es la fotografía que queda al día siguiente de la ajustada votación en el Congreso que el gobierno español pudo salvar a pesar de no tener los votos de los republicanos. La secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, ha explicado este viernes que su rechazo al decreto fue un "toque de atención" al gobierno español y que está en las manos de Pedro Sánchez recoser la mayoría de la investidura.

Las medidas anunciadas por parte del gobierno español ayer domingo después de la reunión con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, no son suficientes para Junts per Catalunya. El secretario general del partido, Jordi Sànchez, ha negado que la comisión de secretos oficiales –pendiente de constituirse desde hace tres años– sea el lugar idóneo para abordar el caso del Catalangate y también que el CNI, que se apunta como presunto responsable, tenga que ser quien lleve a cabo un "control interno" como quiere el PSOE sobre el espionaje. Junts ha reclamado este lunes "luces y taquígrafos": una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y también dimisiones de los responsables que se determinen. Dos condiciones que, para Jordi Sànchez, el PSOE tiene que cumplir si quiere recuperar la interlocución habitual con la Generalitat. En este sentido ha instado a Esquerra, su socio en el Govern, a redoblar la presión retirándole el apoyo parlamentario hasta que no mueva ficha. ERC, por su parte, ha asegurado que el PSOE ya no puede contar con sus votos en el Congreso y no ha garantizado su apoyo al decreto que se votará el jueves sobre las medidas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Esquerra cree que para que funcione la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado se tienen que combinar varios factores, entre ellos, dos fundamentales: que todo el partido esté unido alrededor de esta idea y que el instrumento poco a poco tenga una buena aceptación entre la sociedad catalana. Este domingo el partido ha cerrado su conferencia nacional con un llamamiento a las bases de su presidente, Oriol Junqueras, a no tener "ningún miedo" de defender esta mesa porque ha considerado que la "negociación" con el Gobierno español es la mejor de las vías para resolver el conflicto político. Un llamamiento a los militantes que también se puede leer como una apelación al conjunto de los catalanes. A cambio, ha dado a unos y a otros una garantía que por ahora no se está cumpliendo. Que tarde o temprano el Gobierno español se sentará en la mesa a negociar. "La negociación estará seguro", ha proclamado.

El desenlace de la negociación para que el Congreso valide o no este jueves la reforma laboral está abocado a llegar al último minuto. Este lunes ERC ha anunciado que mantiene el rechazo a dar sus votos para tramitar la reforma alegando que no han conseguido por ahora que el gobierno español acepte ninguna de las propuestas republicanas para cambiar el proyecto. "El gobierno español no se mueve", ha constatado la secretaria general adjunta de Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Sin los votos de Esquerra, el ejecutivo de Pedro Sánchez tendría margen para ganar la votación buscando el apoyo de otros partidos, pero supondría una ruptura de consecuencias inciertas para el futuro de los otros frentes abiertos entre Catalunya y el Estado, singularmente la mesa de diálogo, que sigue sin fecha.

La mesa de diálogo no forma parte de las prioridades de Pedro Sánchez y él no lo esconde. En su discurso de balance del 2021 solo se refirió a ello ante preguntas de los periodistas y lo hizo para enfriar la urgencia, y tampoco hizo mención de la mesa el viernes durante el comité federal del PSOE. Con la gestión de la pandemia como escudo, el presidente español ha vuelto a rechazar este lunes poner una fecha a la nueva reunión entre la Generalitat y el Estado para no "atarse", según ha argumentado en una entrevista a la Cadena SER. Pero ha asegurado, eso sí, que la mesa se convocará como mínimo dos veces este 2022. ERC, mientras tanto, sigue presionando para que el encuentro sea "lo antes posible", a pesar de que quiere evitar una nueva polémica con el calendario.

Marta Vilalta (Torregrossa, 1984) es la secretaria general adjunta de ERC y una de las principales negociadoras del partido, ya sea con el Estado o en cuestiones de estricta política catalana. 

No hay semana en que la relación entre los socios de Govern no se tense por alguna cuestión. Cuando todavía no se ha cerrado la herida abierta por la negociación de los presupuestos catalanes y estatales, ahora el nuevo motivo de controversia entre ERC y JxCat llega por cómo se tiene que defender la inmersión lingüística a raíz de la resolución judicial que afecta a la escuela de Canet de Mar. Todo ha empezado cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), ha propuesto este lunes que el conseller de Educación, Josep González-Cambray (ERC), asuma la dirección de la escuela de Canet de Mar que tiene que impartir el 25% de castellano en una clase de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La propuesta de Borràs, que expondría al conseller a posibles consecuencias legales, no ha sido bien recibida por ERC. No tanto por el fondo, que tampoco convence, sino por las formas que ha escogido su socio de Govern para colocarla en el debate público.

Al día siguiente que ERC permitiera tramitar los presupuestos estatales a cambio de proteger el catalán en el audiovisual, este sábado la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha advertido que el blindaje de la lengua catalana en la ley del audiovisual es una "condición necesaria pero no suficiente" para su sí a las cuentas y que con el paso de este viernes solo "se ha abierto la puerta a la negociación". Sea como fuere, ha garantizado que la ley incluirá porcentajes para blindar el catalán en la producción, el doblaje y la subtitulación. "Es lo que acordamos y es lo que se tendrá que hacer efectivo", ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio y RAC1. A pesar que ha evitado concretar la cuota –que asegura que es una "cuestión técnica"–, ha celebrado que después de semanas de "negativas" y menosprecio de la lengua se haya conseguido un "compromiso" por parte del PSOE.

ERC ha empezado la semana endureciendo el discurso sobre la negociación de los presupuestos generales del Estado. Los republicanos mantienen que están dispuestos a negociarlos con el PSOE, pero este lunes han introducido un matiz importante: ahora mismo no solo dirían no en la votación final, sino que incluso serían partidarios directamente de que el Congreso no los aceptara ni a trámite. "Hoy desde ERC votaríamos no en los presupuestos generales del Estado", ha dicho la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta.