Los tres puntos que la Generalitat quiere incorporar a la reforma laboral

BarcelonaLa reforma laboral que han pactado el gobierno central y los agentes sociales "no es la que necesita Catalunya", según el conseller de Empresa, Roger Torrent. Una reforma que –después de ser aprobada por decreto– ahora está pendiente de aprobación en el Congreso de Diputados. Unidas Podemos, que lidera el ministerio de Trabajo, ha estado negociando los últimos días con Esquerra Republicana para que vote a favor, pero de momento no hay ningún acuerdo.

¿Qué cambios querría incorporar la Generalitat a la reforma? Se resumen en tres puntos: que los convenios colectivos autonómicos estén por encima de los estatales, que el gobierno catalán recupere el poder para autorizar o rechazar EREs (una potestad que perdió en 2012) y que los gobiernos autonómicos también puedan instar la presentación de un ERTE (en la nueva reforma, este poder solo lo tendrán el gobierno español y los agentes sociales). "No son caprichos", defiende Enric Vinaixa, secretario de Trabajo de la Generalitat. Desgranamos los detalles de sus peticiones.

Coste de la vida

Que el convenio colectivo autonómico pese más que el estatal

Con la nueva reforma, los convenios de sector tendrán prevalencia sobre los de empresa en cuestiones como los salarios y la duración de la jornada. Según la Generalitat, sin embargo, el problema es que los convenios de sector que afectan a toda España pueden ser insuficientes cuando se aplican en Catalunya, donde el coste de la vida es claramente más alto que la media española.

"Los convenios autonómicos se adaptan mucho más al nivel de vida de la autonomía en cuestión –explica Vinaixa–. Muchos convenios estatales fijan [como retribución] el salario mínimo y un poquito más, mientras que los autonómicos van más allá porque los que lo firman saben lo que cuesta vivir aquí". Si lo que prevalece es el convenio estatal, por lo tanto, a los trabajadores catalanes se les queda corto.

El PNV ya ha dicho que si los convenios autonómicos no prevalecen por encima de los estatales rechazará la reforma laboral. En Euskadi el PIB per cápita es más alto que en Catalunya, de forma que la diferencia respecto a la media estatal es todavía mayor.

EREs

Que la Generalitat vuelva a decidir si se aprueban o no

Otra petición es que la Generalitat vuelva a ser quien tenga que autorizar un expediente de regulación para despedir a trabajadores cuando una empresa lo presenta. Esto ya pasaba hasta que en la última reforma laboral, en 2012, se derogó esta obligación. A pesar de que tampoco se recuerdan casos en los que se impidiera un cierre, Vinaixa cree que recuperar esta potestad sería "importante" porque "si la empresa ve que tiene a la administración delante se ve obligada a hacerlo mejor".

Antes la Generalitat lo autorizaba o no en función de las causas que habían provocado el ERE, explica Vinaixa. "Ahora, en cambio, si hay acuerdo entre trabajadores y empresa no hay problema, pero si no lo hay el caso acaba en los juzgados". Según el secretario, los jueces no entran mucho a analizar la causa del ERE y se fijan básicamente en las indemnizaciones que se tienen que pagar. En cambio, teniendo este poder –sostiene–,el Govern puede hacer más política industrial. Y cita el caso de Mahle, una empresa que en dos meses ha cerrado la fábrica que tenía desde hacía décadas en Vilanova i la Geltrú. "Después de 50 años no puedes marcharte en dos meses", dice.

Vinaixa reconoce que esta autorización de la administración no existe en muchos países ("solo en Grecia"), pero dice que hay que tener en cuenta que en Catalunya la mayoría de empresas industriales tienen el centro de decisión en otro país, cosa que las convierte en un eslabón débil cuando se inician procesos de reestructuración. Aparte, Vinaixa explica que en Europa hay propuestas más radicales que la que plantea él: en Francia el estado tiene poder para nacionalizar parcialmente una empresa antes de que cierre, por ejemplo, y en Alemania el comité de empresa se sienta en el consejo de dirección.

ERTEs

Que el Govern pueda instar a activar un nuevo ERTE

Los dos puntos anteriores no están en la reforma aprobada por real decreto. Este, en cambio, sí está, pero para Vinaixa "se tendría que modificar un poco". La nueva legislación laboral consolidará los ERTE tal como se han hecho durante la pandemia, que ahora se llamarán mecanismo RED: cuando haya circunstancias cíclicas (por ejemplo, una crisis) o cuando un sector necesite mejorar la formación de sus trabajadores para hacer una transición profesional. ¿Quién podrá solicitar que haya estos ERTE? En el caso de las circunstancias cíclicas, lo decidirían los ministerios de Seguridad Social, Trabajo y Economía ("los agentes sociales no pintan nada", dice). Ahora bien, en el caso de la necesidad de formación, los agentes sociales pueden pedir al consejo de ministros la activación de este mecanismo RED.

Vinaixa aplaude que se consolide el mecanismo RED, pero lamenta que no se prevea que el gobierno autonómico también lo pueda pedir. "Ya no decimos que sea Catalunya quien decida si se aplica, pero sí, como mínimo, que pueda solicitar al Estado que lo estudie –dice–. Tenemos suficiente PIB como para instar al consejo de ministros a analizar un mecanismo RED, sea sectorial o cíclico".

Vinaixa cree que la reforma pactada reducirá la temporalidad, a pesar de que harán falta un par de años para que se pueda apreciar. A pesar de que lamenta que "se han dejado" cuestiones importantes, insiste: "No ninguneamos el acuerdo al que se llegó, y no estamos hablando de desguazarlo: solo lo queremos pulir para hacerlo más bonito".