El gobierno español supera una nueva prueba de fuego, pero a medias. Por un lado, ve cómo su reforma fiscal prospera definitivamente sin sufrir grandes modificaciones –el PP ha intentado hasta el último momento dejarlo en papel mojado–. Por otro, debe asumir que aprobar un impuesto extraordinario a las energéticas es casi una misión imposible después de que Junts y el PNV, dos de los socios habituales, se hayan aliado este jueves con el PP para vetar una prórroga del actual gravamen. De esta forma, aunque el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de aprobar uno nuevo, tal y como se ha comprometido con sus socios de izquierda, llegará herido de muerte al Congreso de los Diputados.

El ejecutivo de Pedro Sánchez no sólo tiene la intención de aprobar antes de que acabe el año la equiparación del diesel con la gasolina, una medida que supone unos 1.000 millones de euros adicionales y que cayó durante la tramitación de la reforma fiscal, sino que también se ha comprometido a sacar adelante el gravamen extraordinario en las energéticas. Ambas medidas podrían aprobarse en el consejo de ministros extraordinario del próximo 23 de diciembre, justo antes de Navidad.

Tras un toma y daca agónico, el gobierno español ha logrado salir adelante tanto el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales como el paquete fiscal con reformas, ajustes y también rebajas de impuestos y cumplir, así, con Bruselas. Todo ello supone un balón de oxígeno para la elaboración de nuevos presupuestos generales del Estado, aunque ha quedado lejos de las aspiraciones que PSOE y Sumar, ambos miembros del gobierno, fijaron negro sobre blanco: no habrá impuestos en los yates ni en los coches de lujo, tampoco se acaba con el régimen fiscal especial de las socimis, el IVA de los pisos turísticos no se incrementa, no se tocan las exenciones vinculadas a los seguros privados y el impuesto a las energéticas es, por ahora, un "compromiso".

La volatilidad de la política española se explica por el hecho de que un día sonría a Pedro Sánchez por el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en el intento de vetar a Teresa Ribera en Europa y al día siguiente pueda quedar seriamente tocado. Cara y cree este jueves: el empresario Víctor de Aldama le ha salpicado con una declaración explosiva en la Audiencia Nacional –habrá que ver si tiene pruebas–, algo que el PP quiere exprimir; en cambio, en una votación crucial en el Congreso el presidente español ha salido victorioso. El PSOE toma oxígeno tras un acuerdo a última hora con Podemos para dar luz verde a la reforma fiscal, con 178 votos a favor y 171 en contra. El paquete de medidas ha tensionado en la última semana las relaciones con sus socios habituales, dado que el de los impuestos es un terreno propicio al choque entre la izquierda –Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG– y la derecha –Juntos y el PNV—. El pacto incluye que se abrirá una comisión negociadora con estos partidos para elaborar un impuesto a las energéticas que satisfaga a todas las partes.

Podemos es el último escollo del paquete fiscal que el gobierno español confía en aprobar este jueves. La formación lila aún no confirma su apoyo a las medidas fiscales que se votan en la Cámara Baja Española y el motivo es el impuesto a las energéticas. Las negociaciones con el PSOE siguen abiertas –el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negocian directamente con Ione Belarra–, pero a pocas horas de votar la reforma, no avanzan. "Aún no hay acuerdo y estoy muy preocupada", ha manifestado Belarra este jueves por la mañana, en declaraciones a TVE. Ante esta situación, Montero ha querido comparecer para dejar claro que el PSOE "cumplirá con los compromisos y acuerdos con todos los partidos". Una forma de garantizar a los partidos de izquierdas, por un lado, que habrá impuesto a las energéticas; y en Junts y PNV, por otra, que este impuesto no será muy agresivo para las empresas.

En una tarde-noche-madrugada insólita en la comisión de Hacienda este lunes, confluyeron los males de la compleja legislatura que Pedro Sánchez afronta en el Congreso. Se podría resumir en tres características: que Junts tiene la sartén por el mango, que la mayoría que permitió su investidura es plurinacional y no de izquierdas y que la formación de Carles Puigdemont y ERC mantienen una lucha fratricida por el valor de sus siete diputados . No por anunciados y sabidos estos tres atributos de la legislatura fue menos asombroso el caos que se desató en la votación de la reforma fiscal del gobierno español, que puso de manifiesto de nuevo un exceso de confianza de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Hasta el jueves tenemos muchas horas para llegar a acuerdos con las fuerzas parlamentarias", ha defendido el presidente español desde Brasil este martes. Sánchez sacó hierro así en el último episodio de la cámara española y defendió la mayoría plurinacional porque es mejor, dijo, que no poder articular ningún apoyo suficiente, en alusión al PP.

Tras una insólita comisión de hacienda que se prolongó hasta la una de la noche, el paquete fiscal del gobierno español tendrá que pasar una última prueba de fuego en el pleno del Congreso de los Diputados de este jueves. a presentar agónica, sobre todo porque las medidas fiscales que prosperaron este lunes diluyen mucho la reforma fiscal que quiere el gobierno. Pero el ejecutivo de Pedro Sánchez confía en poder reforzarla.

El gobierno español ha sido incapaz, por ahora, de sacar adelante la reforma fiscal en los términos en los que la había planteado. Aunque la comisión de hacienda del Congreso de los Diputados ha avalado in extremis el dictamen con la directiva europea para que las grandes multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% sobre el impuesto de sociedades, las enmiendas que este lunes han prosperado dejan en papel mojado las aspiraciones que el ejecutivo había depositado en el paquete fiscal.

El gobierno español lleva más de dos semanas intentando desatascar la transposición de la directiva europea del tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades, pero también una reforma fiscal. Este lunes tendrá una nueva oportunidad en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que ya se ha aplazado dos veces por la falta de apoyos, lo que pone en evidencia la fragilidad del blog de investidura.

El gobierno español negociaba in extremis con los socios de investidura para intentar salvar la reforma fiscal y la transposición europea de un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades que debía votarse esta tarde en la comisión de Hacienda del Congreso. Pero ha preferido aplazar otra vez -ya lo hizo el lunes- la sesión y darse más margen. La fragilidad de Pedro Sánchez vuelve a ponerse de manifiesto en la Cámara Baja. Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), tendrá hasta el lunes de la próxima semana para ligar los votos de los socios de investidura e intentar salvar tanto la iniciativa europea, como el nuevo paquete fiscal.

A la reforma fiscal del gobierno español no le paran de salir detractores. Este miércoles el sector inmobiliario ha salido en tromba contra una de las medidas fiscales que PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa: acabar con el régimen fiscal especial que ahora tienen las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Estos vehículos de inversión tienen un trato fiscal muy favorable desde hace años.

El gobierno español ha logrado desatascar un acuerdo para mantener el impuesto extraordinario a la banca, y también llevar adelante una serie de ajustes fiscales, pero tendrá que buscar un plan alternativo si quiere mantener el impuesto que afecta al sector energético. Éste es el resultado tras la negociación a contrarreloj entre el ministerio de Hacienda (PSOE), Junts y el PNV para salvar los dos gravámenes especiales y cumplir con la reforma fiscal comprometida con Bruselas y incluida en el Plan de Recuperación.

El nuevo gobierno valenciano del PP y Vox ha anunciado este viernes la bonificación en un 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en caso de que la transmisión se realice en beneficio de hijos, cónyuges y padres. La decisión se suma a la adoptada esta semana por el Govern balear para que el tributo se deje de ingresar en los mismos casos y también entre abuelos y nietos. Además, en las Islas, en las herencias entre hermanos y entre tíos y sobrinos el impuesto se reducirá en un 50% si no hay descendientes directos, y en un 25% en caso contrario.

Hay tres hilos que unen al ex líder laborista Jeremy Corbyn con el senador americano Bernie Sanders. Los dos se vieron empujados a dar un paso al lado en su carrera política para la presidencia del Reino Unido y los Estados Unidos, respectivamente. Tanto el uno como el otro buscan, desde la izquierda, volver a la esencia de la socialdemocracia. Por último, Corbyn y Sanders han mostrado públicamente su poca simpatía hacia Margaret Thatcher y las políticas que la Dama de Hierro desplegó en la década de los 80 en la Gran Bretaña y que pusieron los fundamentos de la hegemonía económica actual.

Si hay una caja de los truenos en un gobierno, esta es la de la fiscalidad. En el caso español hace años que no se abre o, como mínimo, no del todo. Ahora, sin embargo, el ejecutivo, y en concreto el ministerio de Hacienda, tiene encima de la mesa dos compromisos que cambian la situación: el de la reforma fiscal, por un lado, y el de un nuevo modelo de financiación autonómica, por el otro. Si bien las dos cuestiones están lejos de darse por cerradas, forman parte de la lista de deberes que el gobierno español tiene este 2022 en materia fiscal.

El Banco de España ya apunta hacia la recuperación de la economía española, a pesar de que admite que no será inmediata, y pide al gobierno central que prepare "reformas" económicas y planes para reducir el gasto público una vez pase la crisis. La institución monetaria ha publicado este jueves su informe anual de 2020, en el que analiza los efectos de la pandemia del covid-19 sobre la economía.

La reforma fiscal, uno de los proyectos clave de la legislatura en España, está tocada de muerte antes de empezar. A pesar de los planes enviados por el gobierno español a Bruselas, las dificultades históricas para implantar un nuevo modelo, sumadas al nuevo escenario político –con la victoria del PP y la derrota del PSOE en las elecciones de Madrid–, hacen que el gobierno español reconozca que los cambios que se introducirán serán limitados. “No será una reforma fiscal profunda”, admiten desde el ministerio de Hacienda, que es quien lidera la reforma.

Los catalanes ahorran unos 500 millones de euros anuales con la bonificación conjunta del IRPF. Así era al menos en situación de normalidad, cuando la economía no estaba en plena pandemia del covid-19, el impacto del cual en la recaudación puede haber hecho variar estas magnitudes.