Una sesión insólita en el Congreso tumba, por ahora, el grueso de la reforma fiscal de Sánchez

El gobierno español ha sido incapaz, por ahora, de sacar adelante la reforma fiscal en los términos en los que la había planteado. Aunque la comisión de hacienda del Congreso de los Diputados ha avalado in extremis el dictamen con la directiva europea para que las grandes multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% sobre el impuesto de sociedades, las enmiendas que han prosperado dejan en papel mojado las aspiraciones que el ejecutivo había depositado en el paquete fiscal. Por ahora, medidas como el impuesto extraordinario en la banca, la exención a las primas de seguros privados sanitarios, y la revisión del régimen fiscal de las socimis han caído. También descarriló la revisión del IVA de los alojamientos turísticos y la equiparación de la gasolina con el diesel, una de las propuestas estrella del ejecutivo. De hecho, esta última medida suponía una recaudación estimada de más de 2.000 millones de euros, según la Autoridad Fiscal. Si ven la luz o no dependerá, pues, de la votación de este jueves en el pleno de la cámara baja, el último intento que tendrá el gobierno español por aprobar más ajustes fiscales.

Tras un tortuoso debate que ha comenzado a las cinco de la tarde, así como de reiterados remansos (entre las diez y las doce de la noche, la comisión se ha detenido provocando el enfado de diputados y trabajadores del Congreso), la votación final ha llegado cuando el reloj casi marcaba la una de la noche. El dictamen de la comisión con la transposición de la directiva europea ha terminado prosperando tras una negociación a contrarreloj con ERC, EH Bildu y el BNG, ya que durante horas ninguna de las tres formaciones ha asegurado su voto favorable. El PSOE ha arrancado su visto bueno tras acordar un impuesto a la banca con tipos impositivos más altos y que la recaudación vaya a las comunidades autónomas, tal y como han informado los tres partidos en un comunicado de prensa. La medida se votará en el pleno de este jueves.

Pero el acuerdo con las formaciones de izquierda también se ha podido desatascar porque han logrado el "compromiso" del gobierno español de prorrogar a través de un real decreto ley el impuesto a las energéticas durante un año, tal cómo se desprende del comunicado. Una promesa que ya ha levantado los recelos de Podemos. "Sin garantías de que Junts vote a favor, es papel mojado", ha reconocido la portavoz de la formación lila en el Congreso, Ione Belarra, en la red social X. Minutos después de la votación final en la comisión, el ministerio de Hacienda ha enviado un comunicado "aclarando que mantiene su acuerdo con Junts para no grabar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

¿Una reforma fiscal malherida?

Lo cierto es que las energéticas, y en particular Repsol, han sido las protagonistas colaterales de la comisión de hacienda. La presión en público y privado de la petrolera contra el impuesto extraordinario a las energéticas dejó malherido el paquete fiscal del gobierno español. El hecho de que el PSOE renunciara a ese tributo extraordinario –así lo acordó con Junts, que se ha hecho suyas las amenazas de la petrolera en cuanto a las inversiones, pero también con Sumar– molestó a los socios de izquierda, desde de ERC hasta EH Bildu y Podemos. Sin embargo, introducirlo es una línea roja para los junteros. Por todo ello, ya diferencia de lo que puede ocurrir con el impuesto extraordinario a la banca, nada hace pensar que el tributo a las energéticas sea una realidad a partir del próximo año.

"Es un chantaje", ha aseverado la diputada de ERC Pilar Vallugera durante la comisión de hacienda. En un inicio los republicanos habían planteado que votaban favorablemente al dictamen si el PSOE retiraba todas las enmiendas y, por tanto, sólo se votaba el impuesto mínimo a las multinacionales y se escogía otra vía para abordar la reforma fiscal. Por eso, cuando no se han retirado y algunas incluso han prosperado ha costado tanto convencer a ERC. De hecho, la fórmula elegida por el gobierno español a la hora de plantear la reforma fiscal (a través de la tramitación de enmiendas en el Congreso de los Diputados) ya fue criticada la semana pasada por el PNV.

Más allá del impuesto mínimo

Con todo, de la mano con el tipo mínimo del 15%, la comisión de hacienda sí ha avalado algunos cambios fiscales, aunque menores. Se trata del cambio sobre las reformas del ex ministro de Economía Cristóbal Montoro (PP) para solucionar los problemas generados sobre el impuesto sobre sociedades. También ha prosperado el incremento del 28% al 30% de la tributación sobre las rentas del capital superiores a los 300.000 euros, el nuevo impuesto sobre los líquidos para los puros electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, así como la reforma que busca poner fin al fraude del IVA de los hidrocarburos. Todas estas enmiendas ya han quedado introducidas en la ley.

El PSOE había acordado estas medidas con el socio minoritario dentro del gobierno, Sumar, pero también formaban parte del paquete de medidas negociado con el PNV y Junts. Una vez encauzado el apoyo de la derecha, los socialistas abrieron la negociación con ERC, EH Bildu y el resto de socios de izquierda. Sin embargo, como se ha podido comprobar este lunes, las conversaciones no han sido fructíferas.

Sin embargo, la transposición del impuesto mínimo a las multinacionales no son los únicos deberes pendientes que el gobierno español tiene con Bruselas (España está a las puertas de una posible sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso al aplicar la directiva). La reforma fiscal es importante porque es uno de los compromisos del Plan de Recuperación y de ella depende el completo desembolso del quinto pago de los fondos europeos (unos 7.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones). A la espera de la votación de este jueves en el pleno, por ahora el paquete fiscal dista mucho de una reforma como la anunciada por la Moncloa.