La mayoría de Sánchez colapsa con la reforma fiscal en una sesión insólita en el Congreso

MadridEl gobierno español ha sido incapaz, por ahora, de sacar adelante la reforma fiscal en los términos en los que la había planteado. Aunque la comisión de hacienda del Congreso de los Diputados ha avalado in extremis el dictamen con la directiva europea para que las grandes multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% sobre el impuesto de sociedades, las enmiendas que este lunes han prosperado dejan en papel mojado las aspiraciones que el ejecutivo había depositado en el paquete fiscal.

Medidas como el impuesto extraordinario a la banca, la exención a las primas de seguros privados sanitarios, y la revisión del régimen fiscal de las socimis han caído. También descarriló la equiparación de la gasolina con el diésel, una de las propuestas estrella del ejecutivo y que suponía una recaudación de más de 2.000 millones de euros, según estimaciones de la Autoridad Fiscal. Si finalmente ven la luz o no dependerá de la votación de este jueves en el pleno de la cámara baja, el último intento que tendrá el gobierno español por aprobar más ajustes fiscales y reforzar la reforma.

Ocho horas de comisión

El resultado de la comisión ha llegado después de una sesión insólita y caótica. Todo ha comenzado con un tortuoso debate a las cinco de la tarde, que ha ido acompañado de reiterados remansos (entre las diez y las doce de la noche, la comisión se ha detenido provocando la frustración de diputados y trabajadores del Congreso), mientras que la votación final ha llegado cuando el reloj casi marcaba lo una de la noche.

No ha sido hasta entonces cuando el dictamen de la comisión con la transposición de la directiva europea ha acabado prosperando gracias a los votos de Junts, PNV, ERC, EH Bildu y el BNG. Sin embargo, si se ha retrasado tanto, ha sido por la negociación a contrarreloj con las formaciones de izquierda. El PSOE ha arrancado su visto bueno tras acordar un impuesto a la banca con tipos impositivos más altos y que la recaudación vaya a las comunidades autónomas, tal y como han informado los tres partidos en un comunicado de prensa. Una medida que deberá votar en el pleno de este jueves.

Pero el acuerdo con ERC, EH Bildu y el BNG también se ha podido desatascar tras alcanzar el "compromiso" del gobierno español de prorrogar a través de un real decreto ley el impuesto a las energéticas durante un año, tal y como se desprende del mismo comunicado. Pero la promesa ya ha levantado los recelos de Podemos. "Sin garantías de que Junts vote a favor, es papel mojado", ha reconocido la portavoz de la formación lila en el Congreso, Ione Belarra, en la red social X. De hecho, en el mismo comunicado se reconoce que es necesario "trabajar" para asegurar su convalidación. Minutos después de la votación final en la comisión, y una vez hecho público el comunicado de las tres fuerzas de izquierda, el ministerio de Hacienda ha enviado una nota de prensa aclarando que "mantiene su acuerdo con Junts de no grabar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

Una reforma malherida

Lo cierto es que las energéticas, y en particular Repsol, han sido las protagonistas colaterales de la comisión de hacienda. La presión en público y privado de la petrolera contra el impuesto extraordinario sobre el sector dejó malherido el paquete fiscal del gobierno español. El hecho de que el PSOE renunciara a ese tributo extraordinario –así lo acordó con Junts, que se ha hecho suyas las amenazas de la petrolera, pero también con Sumar– molestó a los socios de izquierda. Sin embargo, introducirlo es una línea roja para los junteros, por lo que nada hace pensar que sea una realidad a partir del año que viene (decae este 31 de diciembre). "Es un chantaje", aseveró la diputada de ERC Pilar Vallugera durante la comisión de hacienda, sobre la retirada de ese tributo.

En un inicio los republicanos habían planteado avalar del dictamen si el PSOE retiraba todas las enmiendas y, por tanto, sólo se votaba el impuesto mínimo a las multinacionales y se escogía otra vía para abordar la reforma fiscal. Por eso, cuando las enmiendas no se han retirado y algunas incluso han prosperado ha costado tanto convencer a ERC. Sin embargo, lo cierto es que la fórmula escogida por el gobierno español a la hora de plantear la reforma fiscal (a través de la tramitación de enmiendas en el Congreso de los Diputados) también la ha criticado el PNV.

Más allá del impuesto mínimo

De la mano con el tipo mínimo del 15%, la comisión de hacienda sí ha avalado algunas enmiendas fiscales, aunque menores. Se trata del cambio sobre las reformas del ex ministro de Economía Cristóbal Montoro (PP) para solucionar los problemas generados sobre el impuesto sobre sociedades. También ha prosperado el incremento del 28% al 30% de la tributación sobre las rentas del capital superiores a los 300.000 euros, el nuevo impuesto sobre los líquidos para los puros electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, así como la reforma que busca poner fin al fraude del IVA de los hidrocarburos. Todas estas enmiendas ya han quedado introducidas en la ley.

El PSOE había acordado estas medidas con el socio minoritario dentro del gobierno, Sumar, pero también formaban parte del paquete de medidas negociado con el PNV y Junts. Una vez encauzado el apoyo de la derecha, los socialistas abrieron la negociación con ERC, EH Bildu y el resto de socios de izquierda.

Sin embargo, la transposición del impuesto mínimo a las multinacionales no es lo único pendiente que el gobierno español tiene con Bruselas (España está a las puertas de una posible sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ) por el retraso a la hora de aplicar la directiva). La reforma fiscal es importante porque es uno de los compromisos del Plan de Recuperación y de ella depende el completo desembolso del quinto pago de los fondos europeos (unos 7.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones). A la espera de la votación de este jueves en el pleno, por ahora el paquete fiscal dista mucho de una reforma como la anunciada por la Moncloa.