La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó este miércoles que le "encantaría" intervenir la Comunidad de Madrid con el artículo 155. Lo dijo en una entrevista en TVE después de que le preguntaran por el hecho de que comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, no estén aplicando el tope a los precios. "¿Qué se me ocurre a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ha dicho. Y lo único que le impediría hacerlo, ha añadido, es que los socialistas no tienen "mayoría" en el Senado, imprescindible para validar la intervención de un gobierno autonómico y en estos momentos controlado por los populares.

Sumar eleva el tono contra el PSOE y sugiere la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, frente a la crisis de precios. "Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras. Y nos da miedo que Isabel Rodríguez no acaba de asumirlo, eso, y por tanto debería dejar paso a quien esté dispuesto a hacerlo", ha afirmado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. La portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, replicó que no comparte la petición, y en la parte socialista de la coalición sostienen que no está "justificada". "Los grupos deben hacer su trabajo para llamar la atención", ha reaccionado la propia Rodríguez en los pasillos del Senado.

Mientras la derecha y la extrema derecha van ganando terreno en las encuestas, Pedro Sánchez ha querido que su primer acto del curso político, en Málaga, le impregnara un discurso social que le ayudara a hacer reflotar a un PSOE que pasa por uno de sus peores momentos. Para contrarrestar el desgaste del caso Cerdán, la ofensiva judicial contra su esposa, Begoña Gómez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con la gobernabilidad colgando de un hilo, el presidente español ha querido marcar la agenda con otro anuncio sobre una de las carpetas que el gobierno español ve prioritaria. Sánchez ha anunciado que el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana exigirá a las plataformas online de alquiler, como Airbnb y otros, retirar los anuncios de 53.876 pisos turísticos por no cumplir con los requisitos legales. Son pisos que pidieron su número de registro obligatorio el pasado 1 de julio, pero que no cumplen con los requisitos. Se trata de viviendas que, según Sánchez, podrán destinarse, por tanto, al alquiler para los jóvenes y las familias.

El gobierno español moverá ficha en los próximos meses para intentar frenar el fraude con los alquileres de temporada, uno de los agujeros que no cubrió la ley estatal de vivienda. En el año previo a su entrada en vigor, esta modalidad contractual creció un 17% en Barcelona, llegar a suponer el 40% de los anuncios en uno de sus barrios más gentrificados, el de la Barceloneta. Algunos propietarios utilizan esta vía para evitar las limitaciones que tendrían si optaran por realizar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y, de este modo, sacar un rendimiento económico superior. "Es un fenómeno que está tensando el alquiler residencial y que provoca un incremento de precios, al igual que ocurre con los alojamientos turísticos", ha constatado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo que se puso en marcha hace medio año para abordar este tipo de alquiler, tal y como preveía la citada ley.

Los periodistas ya sabemos que cuando hay unas negociaciones delicadas en marcha, los partidos suelen decretar un blackout informativo que nos deja a oscuras. Lo que ocurre es que a veces este apagón es tan evidente que puede afectar al derecho a la información. Es lo que ha pasado este martes con el acto de Sánchez y Díaz, donde no se ha dejado hacer preguntas, y en la rueda de prensa de la Moncloa, donde la portavoz, Isabel Rodríguez, ha tenido que asumir las críticas de los periodistas para dar sólo cuatro turnos de intervención cuando había muchas más peticiones.

La conferencia de Carles Puigdemont no ha cambiado la determinación del gobierno español en intentar un acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. La Moncloa no ve más cerca la repetición electoral después de que el expresidente de la Generalitat haya situado condiciones previas para la negociación y eso ya indica que no existen obstáculos insalvables. En rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Isabel Rodríguez ha constatado que PSOE y Junts están "en las antípodas", pero ha dado vigencia a las premisas que situó este lunes Sánchez: la herramienta es el diálogo, el marco es la Constitución y objetivo es la convivencia.

A pesar de que el nuevo líder popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, había sido más moderado en las formas sobre cuestiones como la inmersión lingüística, este jueves ha vuelto a los términos de su antecesor, Pablo Casado, y ha asegurado que en las escuelas catalanas hay "apartheid lingüístico", unas palabras que el mismo Casado pronunció el diciembre del año pasado. En una entrevista a Onda Cero, Feijóo ha acusado al Gobierno español de ser "el garante del incumplimiento de la ley" y ha criticado que el PSC "haga guiños" al independentismo firmando la ley sobre el catalán en las aulas, que ha aglutinado a ERC, Junts, los comunes y los socialistas. Para el líder popular, el Gobierno español tendría que presentar un recurso en el Tribunal Constitucional para dejar en suspenso el decreto del ejecutivo catalán.

Con el estallido del Catalangate todas las miradas se centraron en si era viable o no continuar con la mesa de diálogo. Pero al margen de la mesa, hay una decena de negociaciones entre ERC y el PSOE que quedan directamente amenazadas por el caso de espionaje y que ahora mismo no tienen un horizonte claro. Negociaciones que afectan leyes catalanas, leyes españolas y carpetas bilaterales entre los gobiernos, que si ya eran complicadas de desencallar antes de la polémica, ahora todavía más. El gobierno español ha demostrado este jueves ser consciente de la situación y su portavoz, Isabel Rodríguez, se ha ofrecido a "incrementar las acciones" en favor del diálogo para mirar de recuperar la "confianza" de la Generalitat. A pesar de esto, desde Madrid, el presidente Pere Aragonès ha avisado que no garantiza sus votos para nada. La primera prueba de fuego será bien pronto.

La reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat que se ha celebrado este viernes en Barcelona se ha cerrado como se preveía: con varios acuerdos sobre transferencias competenciales y de patrimonio de manos del Estado a las manos del Govern. Con una hora de encuentro en el Palau de la Generalitat ya han tenido bastante. El punto caliente, sin embargo, ha sido a la hora de escenificar el resultado de la reunión. Para el gobierno español, la Bilateral es la constatación de que el diálogo entre los dos ejecutivos funciona después de la ruptura que supuso el 155. "Se trata de un acuerdo histórico", ha dicho la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Para la Generalitat, todo lo contrario. Al salir de la reunión, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), ha criticado que todo son "avances exiguos, de poca entidad y demasiado lentos". "Tiene que haber resultados más tangibles", ha añadido, más conciliadora, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC).

Pere Aragonès no ha encontrado la respuesta que buscaba del gobierno español. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido "alejar la vista del 2017 que tan penoso fue para Catalunya" y no ha planteado ninguna propuesta para la mesa de diálogo que el president de la Generalitat reclamó este miércoles en una conferencia en Madrid. La también titular de Política Territorial atribuye las palabras de Aragonès a una "estrategia partidista" y ha aplazado la próxima reunión del espacio de negociación entre gobiernos hasta que se supere la sexta oleada de la pandemia, la misma posición defendida por el presidente Pedro Sánchez en las últimas semanas.

Ya hace días que la triple derecha intenta relacionar el debate sobre la inmersión lingüística con el apartheid, el nazismo, ETA e incluso los abusos sexuales. Hasta ahora, el Govern se había limitado a responder dentro del terreno político. Este viernes, sin embargo, una nueva embestida del PP contra la escuela catalana ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la Generalitat. El líder popular, Pablo Casado, se ha pronunciado así en un acto: "¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones de no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?" El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que pone estas "declaraciones infames" en manos de los servicios jurídicos para que estudien si hay base para llevarlas ante la justicia.

España siempre tropieza con su propia identidad. Como no acaba de aceptarse tal como es, plurinacional, y como no resuelve este problema de fondo (porque, en el fondo, a los gobiernos del PSOE y del PP les da igual), después se encuentra con que tiene problemas. Por ejemplo, de gobernabilidad. 

Isabel Rodríguez sitúa al "independentismo radical" como una de las principales causas del "deterioro de las instituciones" y del "debilitamiento del Estado", en una línea parecida a Vox. Así lo ha demostrado este miércoles durante la sesión de control en el Congreso: "No están tan lejos del independentismo radical al que critican", ha espetado a la ultraderecha. La portavoz del gobierno español se ha referido al episodio de ayer martes en el que el diputado José María Sánchez García se negó a abandonar el hemiciclo después de que el vicepresidente de la mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ordenara su expulsión. El diputado ultra había llamado "bruja" a una parlamentaria del PSOE e hizo caso omiso a las tres peticiones para que se retractara.

Mañana se acaba el plazo para que los perseguidos por el Tribunal de Cuentas depositen la fianza de 5,4 millones de euros. Como recordarán, la Generalitat creó un fondo para evitar los embargos de patrimonio de los encausados, pero a la hora en la que les hablo no ha conseguido el aval bancario para cubrir las fianzas y, como explican hoy Núria Orriols y Gerard Pruna, la situación es complicada. Varias fuentes han explicado al ARA que no se ha encontrado un banco que haga de intermediario. El sistema era que un banco avalaba y la Generalitat contraavalaba, y ahora se espera que sea más fácil llegar a un acuerdo una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ya se haya pronunciado y el consejo de ministros haya decidido si impugna o no el decreto ley del Govern. Como solución transitoria, varias fuentes constatan que se está buscando el dinero a través de los partidos independentistas, particulares, la Caixa de Solidaritat o el mismo patrimonio de los encausados para hacer frente de entrada a la fianza de más de cinco millones. Una garantía que sería sustituida más adelante por el aval de la Generalitat si se cierra un acuerdo con una entidad bancaria –algunas fuentes apuntan que en septiembre–. Fuentes oficiales de Economía se limitan a decir que siguen en contacto con entidades y que trabajarán hasta el último minuto para tener el aval de un banco. O sea que si mañana no hay aval, el Tribunal de Cuentas procederá a embargar los bienes de los políticos y cargos públicos catalanes de la lista fatídica.

La temporada verano-otoño en las relaciones entre la Generalitat y el gobierno español promete ser intensa y ya tiene dos citas clave: la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del 2 de agosto y la mesa de diálogo del 13 de septiembre. Ahora bien, se le tiene que añadir una tercera variable: la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2022. Los votos de Esquerra podrían volver a ser claves para que haya cuentas públicas en el Estado, y vuelve a situar a los republicanos en el radar del PSOE y su búsqueda permanente de socios parlamentarios. ERC reconoce abiertamente que está en disposición de negociarlos, pero primero exige que se cumpla punto por punto el pacto de presupuestos que firmó con los socialistas en noviembre del año pasado y que sirvió para aprobar las cuentas que hay vigentes actualmente. "Para trabajar en los del año que viene es necesario que se cumplan los acuerdos", ha advertido este lunes la secretaria general adjunta republicana, Marta Vilalta.

Una semana después de prometer el cargo ante el rey, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha empezado a definir su discurso respecto a la carpeta catalana. Durant el estreno en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de la semana pasada no paró de echar pelotas fuera y se escudó en la novedad de la situación. Entonces parecía que la Moncloa empezaba la nueva etapa con el freno puesto respecto al diálogo con la Generalitat. Incluso tambaleaba la Comisión Bilateral, que Rodríguez no tenía en la agenda –tal como admitió–, pero que ha acabado acordando que se celebre en Madrid el 2 de agosto, después de la conferencia de presidentes en Salamanca prevista para el 30 de julio.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a andar con el freno de la carpeta catalana puesto. El presidente catalán, Pere Aragonès, y el español acordaron en la reunión en la Moncloa hace solo dos semanas que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reuniría antes de acabar el julio. Pero con la crisis de gobierno en la Moncloa y la llegada de la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, todo se ha trastocado, y ahora desde el gobierno español ya se da casi por hecho que será en septiembre.

Al táctico Pedro Sánchez se le está poniendo cara de reforma del Estatut. No es que pensáramos que tenía cara de referéndum de independencia pactado, pero cada día que pasa nos reafirmamos con lo que dijimos: que es un creador de impactos y que los indultos son lo máximo que puede resistir en las encuestas. Ayer le preguntaron por los indultos en Telecinco y casi pidió disculpas por haberlos aprobado: “Creo que es una decisión que efectivamente genera... dudas, recelos, a buena parte de la población española, también en la población catalana. Es una decisión necesaria porque tenemos que restablecer aquello que se rompió en 2017, que tiene efectivamente unos culpables, que son los líderes independentistas que utilizaron sus cargos institucionales precisamente para subvertir el orden constitucional. Porque desde la democracia española trasladamos un mensaje inequívoco y queremos contar con todos. Con aquellos que votan independentista y aquellos que no votan independentista en Catalunya”.

Durante la toma de posesión del cargo ya marcó el camino, pero este martes, durante el estreno como nueva portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez ha confirmado que tiene intención de entada de echar pelotas fuera en las cuestiones sobre el conflicto político con Catalunya. El objetivo de la Moncloa en esta nueva etapa es, después de los indultos, rebajar el debate sobre el Procés y sobre todo desviar la carpeta catalana hacia temas más sectoriales. De hecho, la también flamante ministra de Política Territorial ha marcado el camino durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros: "Catalunya se merece que le hablamos en otros términos, como de un territorio líder en la industria automovilística", ha dicho mirando a la ministra de Industria, Reyes Maroto, después de que anunciara la aprobación de los PERTE para la automoción.