4.311 días después de la confesión de Jordi Pujol, el juicio contra su familia ha quedado visto para sentencia. En medio, ha habido una ardua investigación judicial que se alargó seis años, una estancia de ocho meses del primogénito del expresidente de la Generalitat en prisión y un sumario de 80.000 folios. El 24 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida al juicio: 38 sesiones, 200 testigos, 17 acusados defendidos por la élite del derecho penal catalán y dos acusaciones. Tres jueces y una incógnita por responder: la fortuna que la familia Pujol tenía en Andorra era una herencia o era fruto de la corrupción? Estos han sido los mejores momentos en la Audiencia Nacional.

Nadie discute que la familia Pujol tenía dinero en Andorra. ¿Pero de dónde provenía la fortuna? ¿De la herencia del abuelo Florenci, de la corrupción o de favores inconfesables? Esto es lo que, durante 38 sesiones y seis meses, ha intentado resolver la Audiencia Nacional. Ahora, tres jueces que han escuchado a 200 testigos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los diecisiete acusados deberán emitir un veredicto: condena o absolución. Este jueves se ha celebrado la última sesión en San Fernando de Henares y el caso Pujol ha quedado visto para sentencia catorce años después del inicio de la causa. La sentencia podría estar lista a finales de julio.

Durante casi dos horas y media, Cristóbal Martell ha intentado desmontar la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión. El abogado de la familia ha arrancado con vehemencia para evidenciar la falta de pruebas que avalen la "grandilocuente afirmación" que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo" para lucrarse de comisiones ilegales a cambio de obra pública: "Cuando una acusación empieza con un frontispicio tan altisonante y ambicioso, uno espera columnas que sostengan con fundamento esta afirmación gruesa. Nada", ha proclamado. "¿Con esto se satisface un escrito del ministerio fiscal y se lleva a una sala de un estado democrático?", se ha preguntado con ironía en un momento de su intervención. "No parece razonable llevar esto a una sala de justicia en un estado de derecho de garantías", ha añadido en otro momento.

"Este proceso no ataca a Cataluña, pretende defender a todos los ciudadanos catalanes". El fiscal Fernando Bermejo ha arrancado así de combativo su informe final al juicio de la familia Pujol. Al día siguiente de comunicar que mantenía todas las peticiones de pena de prisión ha sido el momento de exponer sus conclusiones. Y después de una hora y media de discurso, en el primer receso, todos los abogados tenían tres palabras en la boca: "España nos roba". ¿Por qué? Porque ha sido una de las menciones que ha hecho el fiscal en un inicio beligerante protagonizado por un alegato eminentemente político: "El análisis obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual «España nos roba» con los hechos investigados. Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio mientras se elude la contribución al sistema. Mientras se ha afirmado que la falta de recursos impedía financiar adecuadamente escuelas, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas apuntan a presuntas prácticas de elusión de obligaciones tributarias".

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

"No tenía ni la llave de la oficina", se defendía Mercè Gironès este miércoles en la Audiencia Nacional (AN), "tampoco el código de la alarma", pero sí que "pasaba algún día a saludar". Madre de tres hijos, a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se le imputan un total de cinco delitos, por los que la Fiscalía pide 17 años de prisión, presuntamente cometidos mientras era la administradora de diversas empresas de su exmarido. "Cuando nos casamos, hacemos un pacto de palabra en el que todo lo que ganemos a partir de ahora irá al 50%", afirmaba este lunes el primogénito, una de las pocas declaraciones que hizo respecto a su exmujer, ya que no quería hablar de ella porque: "es la madre de mis hijos" y porque "no me ha engañado nunca". Una "galantería", como afirma el abogado de Gironès, que parece que podría deberse a una llamada de atención de los hijos del matrimonio a su padre.

A pesar de que la repercusión mediática haya sido escasa en Madrid, esta semana ha sido clave para el caso Pujol. Catorce años después, todos los hijos han declarado ante el tribunal presidido por Ricardo de Prada, que después de obligar al expresidente a un desplazamiento innecesario a Madrid lo dejó fuera de la causa por incapacidad. Un hecho que no fue portada en ninguno de los principales diarios editados en la capital española (en Cataluña sí) a pesar del tiempo dedicado a la figura de Pujol durante el Procés. Queda claro que se ha pasado página y ahora la batalla son los Aldamas, Koldos, Ábalos y Kitchen.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha entrado en la recta final. Esta semana ha estado protagonizada por los peritos propuestos por las acusaciones y las defensas para valorar los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Y el plato fuerte ha sido el careo entre dos expertos de Hacienda y tres especialistas propuestos por la defensa del primogénito, que comenzó el martes y terminará el próximo viernes en una sesión extraordinaria. En total, acabarán siendo más de diez horas de declaración.

Después de tres meses escuchando testimonios, el juicio contra la familia Pujol Ferrusola está inmerso en las declaraciones de los peritos, que deben arrojar luz sobre los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Dos de los que comparecieron este martes en la Audiencia Nacional fueron nombres que emergieron en los medios de comunicación en el mes de julio en el marco del caso Montoro: Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor. Son inspectores de Hacienda, son socios directores de Equipo Económico –el bufete que fundó Cristóbal Montoro y que está en el epicentro de la presunta trama de corrupción– y están investigados por los juzgados de Tarragona.

La fortuna de los Pujol en Andorra provenía de la famosa herencia del abuelo Florenci o de comisiones ilegales a cambio de favores políticos? Es la gran cuestión que intenta dilucidarse en un juicio que ya lleva 24 sesiones y que ha hecho desfilar hasta ahora por la Audiencia Nacional 200 testigos. Los interrogatorios, con problemas técnicos recurrentes y repetidos vacíos de memoria, están versando especialmente sobre las operaciones que protagonizó Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión por cinco delitos. Muchos testigos han acreditado el papel del hijo mayor como intermediario: él ofrecía "muchas oportunidades de negocio" a empresarios –todo eran relaciones entre privados– y, a cambio, recibía una contraprestación si el proyecto acababa cuajando. Ahora bien, la Fiscalía Anticorrupción cree que los movimientos de dinero servían para enmascarar comisiones que respondían a una "red de clientelismo" que había tejido su padre desde la Generalitat. De momento, durante el juicio, este favoritismo no ha quedado acreditado.

La influencia de la operación Catalunya en el caso Pujol ha vuelto a irrumpir en la Audiencia Nacional. Después de la declaración de cuatro de los responsables de la policía patriótica, que hicieron oídos sordos, ha sido el turno de Joan Pau Miquel, que fue consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) y hace tiempo que denuncia presiones y coacciones de las cloacas del Estado para que revelara información bancaria que pudiera perjudicar al independentismo. Este martes, concretamente, ha relatado tres episodios: uno en Andorra con Celestino Barroso, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Andorra de 2014 a 2017 y tiene que declarar esta semana como testigo, y dos en Madrid con Marcelino Martín Blas, que era jefe de asuntos internos de la policía española y hace dos semanas admitió el encuentro, pero negó que le presionara para conseguir información bancaria de la BPA.

"Lo desconozco". Y así hasta 35 veces. El mando de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) que elaboró los informes del caso Pujol ha reconocido hoy que podría haber cometido imprecisiones y equívocos en sus atestados. Después de declarar ayer durante más de cinco horas respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, hoy las defensas lo han puesto contra las cuerdas durante seis horas para intentar desacreditar las hipótesis e inferencias que hizo en la veintena de informes que firmó. "Estamos viendo la torpeza", ha resumido Cristóbal Martell, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, en un momento de su interrogatorio. Cuando Pau Ferrer, abogado de cuatro de los hijos del expresidente de la Generalitat, le ha preguntado por la herencia del abuelo Florenci –que ayer el testigo puso en duda–, ha reconocido que buscó información en Google. Y en otros momentos también ha admitido que recurrió al famoso buscador. Tanto es así que Oriol Rusca, el abogado de Mercè Gironès –exmujer del primogénito–, se ha mofado de ello.

Cómo nació la investigación de las cuentas de la familia Pujol en Andorra? Es una de las grandes preguntas que la Audiencia Nacional intenta responder esta semana. Tras las declaraciones de la cúpula de la policía patriótica, que se hizo la desentendida sobre el origen de la información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat, ha sido el turno de Álvaro Ibáñez, el investigador de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) que se encargó de los informes de la instrucción. Durante la declaración, que se ha alargado más de cinco horas, ha mantenido en todo momento la tesis que apuntala la Fiscalía Anticorrupción sobre las facturas falsas y la supuesta "influencia política" que ejercía el primogénito a cambio de comisiones. De entrada, ha quedado claro que todo ello se remonta a la denuncia que en 2012 hizo Vicky Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, que cobró fondos reservados y estuvo animada por José Manuel Villarejo.

Desde que el tribunal del juicio del caso Pujol aceptó que José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica declararan como testigos, había mucha expectación –más mediática que judicial– para saber qué explicarían. Tenían que responder sobre las maniobras que hicieron para obtener de manera ilícita información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat –que fue filtrada a El Mundo– y sobre la génesis de la causa penal –que arrancó hace más de diez años a raíz de una denuncia de Vicky Álvarez, examante del primogénito, animada por Villarejo. Sin embargo, los cuatro testigos que han declarado han aportado pocas concreciones y pocas certezas y, en cambio, han hecho una exhibición de evasivas y se han dedicado a sembrar muchas sombras de duda.

Durante el juicio a la familia Pujol Ferrusola que se celebra en la Audiencia Nacional desde noviembre, tendrán que declarar más de 200 testigos. El tribunal hace manos y mangas para ordenarlos, convocarlos y sacar el mayor provecho de las sesiones. Pero no está siendo tarea fácil. Las dificultades para conectar con los testigos –la mayoría declaran telemáticamente– y para localizarlos –hace unos días el tribunal reconoció que había una treintena en terreno desconocido– están sumando un plus de complicación en las vistas, que acaban teniendo un punto caótico. Y este jueves, en la decimosexta sesión, la metedura de pata ha sido convocar una testigo que no era realmente quien debía interrogarse.

Las cuentas que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra han protagonizado la decimotercera sesión del juicio que se celebra desde hace dos meses y medio en la Audiencia Nacional. El primogénito –que sigue asistiendo presencialmente a todas las jornadas– ha observado cómo el fiscal ponía en la diana movimientos entre sus cuentas bancarias y otras de Andbank, cuyos titulares aseguran no saber nada de estas transferencias. Algunos incluso no niegan que tuvieran cuentas en el país pirenaico. Es decir, la fiscalía ha llamado como testigos este lunes a personas que habrían enviado o recibido dinero de Jordi Pujol Ferrusola sin tener conocimiento.

Uno de los testigos más esperados de la semana en el juicio de la familia Pujol Ferrusola era el de Esteban Urreiztieta, subdirector deEl Mundo, el diario que en julio del 2014 publicó la captura de pantalla de las cuentas que tenían en Andorra Marta Ferrusola –la esposa del expresidente de la Generalitat– y cinco de sus hijos. Explicó que él no participó en la elaboración de la noticia, que estaba firmada por el periodista Fernando Lázaro, fallecido en junio del año pasado. Después de que el fiscal Fernando Bermejo obviara por completo el famoso "pantallazo", quien le ha puesto sobre la mesa ha sido el abogado del estado José Ignacio Ocio. Le ha preguntado directamente si el excomisario José Manuel Villarejo o la policía patriótica -sin llamarla así- fueron la fuente y el origen de aquella noticia. Y Urreiztieta ha contestado que él no las elaboró ​​la información: las conozco y, en el supuesto de conocerlas, no podría aportar ningún detalle", ha verbalizado.

Tras ocho sesiones en San Fernando de Henares, a 25 kilómetros de Madrid, el juicio a los Pujol se ha reanudado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova. Y ha sido como una reentrada en la escuela: las defensas han tenido que cambiar de edificio para ir a buscar las togas, los abogados del Estado no sabían qué máquina de vending podían utilizar y el hombre de seguridad de la entrada ha tenido que preguntar a Jordi Pujol Ferrusola si él necesitaba toga. "Estamos dando vueltas como un hámster", rumiaba uno de los letrados antes de empezar. ¿Qué está pasando en las sesiones del juicio? Este lunes una de las operaciones que se han puesto sobre la mesa ha sido el vertedero de Tivissa.

Las comisiones que cobraba Jordi Pujol Ferrusola a cambio de intermediar en operaciones comerciales privadas fueron las protagonistas de la séptima sesión del juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat. Durante tres horas, hubo cinco operaciones que tuvieron especial importancia. Una de las destacadas, que ya apareció ayer, ha sido la ampliación de una refinería de Repsol en Cartagena. Martín Francisco Sicilia, director de la división de construcción de Técnicas Reunidas –que fue quien contrató Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales para este proyecto–, ha asegurado que no sabe nada de la intermediación del primogénito y ha afirmado que no intervino "nadie externo". El fiscal Fernando Bermejo le preguntó si en ese caso encajaba la existencia de una "intermediación privada". "En absoluto", contestó él. Jordi Pujol Ferrusola cobró 612.000 euros por esa operación.