Un año sin noticias en el caso del 'niño robado' de Banyoles
El juez prorroga la investigación por haberle falseado la identidad mientras espera un informe de los Mossos
BarcelonaJoan Beamonte pasó años chocando con un muro judicial para intentar averiguar por qué con seis años, después de que su abuela lo dejara en un orfanato –pero sin autorizar su adopción–, acabó en manos de otra familia que lo inscribió como hijo biológico. Beamonte consiguió que una juez anulara la filiación de adopción por irregular y se querelló contra sus padres adoptivos por haberle falseado la identidad. La investigación hace dos años que está en marcha y Beamonte declaró en diciembre de 2020, pero desde entonces poca cosa se ha movido en su caso.
En abril el juez aceptó la demanda de su abogado, Samuel Guerrero, para ampliar la querella a todas las personas implicadas en el proceso de adopción irregular, pero no definió si los querellados tenían la condición de investigados, y encargó un informe a los Mossos d'Esquadra para que profundizaran en el caso. Ocho meses después este informe todavía no ha llegado. De hecho, en octubre el juez emitió un recordatorio al cuerpo, a instancia de la acusación particular, sobre la petición de esta diligencia, que sigue sin cerrarse. A mitad de diciembre, el instructor ha prorrogado la investigación seis meses más, a petición del abogado de Beamonte y con el apoyo de la Fiscalía.
Ya en este trámite, Guerrero le pidió al juez que emitan un nuevo requerimiento a los Mossos para que entreguen el informe. Ahora ha presentado un nuevo escrito de impulso al juzgado, el tercero, insistiendo en la necesidad de este requerimiento, después de que en los últimos dos meses tampoco “se haya obtenido ningún tipo de información” del estado de la investigación policial, a pesar del recordatorio que el juez del caso hizo llegar a los Mossos.
El abogado de Beamonte recuerda en uno de sus escritos que el informe policial puede ser clave para el caso y provocará que se pidan nuevas pruebas, “que pasen desde recabar documentación a particulares o instituciones públicas hasta tomar declaración a varias personas –investigadas y testigos, entre otros”.
El tiempo juega en contra
Como en todos los casos de desapariciones forzosas, el tiempo es el gran enemigo. Por un lado, para localizar posibles implicados en un proceso de adopción que se produjo hace décadas, y por el otro, para citar a declarar a los querellados originalmente en la demanda de Beamonte. De hecho, durante el tiempo que el caso ha estado abierto el padre adoptivo ha muerto. De aquí que la acusación considere fundamental para la causa que se pueda tomar declaración a la otra querellada, que era la madre adoptiva de Beamonte.
En su tercero escrito solicitando al juez un nuevo requerimiento a los Mossos, el abogado de Beamonte recuerda que la ley 16/2020 de desapariciones forzosas de menores establece que todos los cuerpos policiales “tienen que colaborar en la investigación de los hechos y apoyar las acciones administrativas y judiciales”.
La ley, que también insta al poder judicial a colaborar en las investigaciones, pretende dar una respuesta a centenares de personas que creen que ellos o un hijo suyo fueron víctimas de una adopción irregular durante el franquismo o en los primeros años de la democracia. Se trata de una vía para dar reconocimiento a las víctimas y de una herramienta para que puedan reconstruir su historia. De hecho, la Fiscalía ya inició una investigación hace años y concluyó que no había pruebas de una trama de sostracción de niños, pero sí de malas praxis e irregularidades a la hora de registrar los nacimientos. El problema, sin embargo, es que la ley todavía está en desarrollo.
