Barcelona triplica los efectivos de su unidad antidesahucios
El Ayuntamiento y los movimientos vecinales frenan 9 de cada 10 amenazas de expulsión de las que tienen constancia
BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona está más que orgulloso del trabajo que ha hecho hasta ahora su unidad antidesahucios, el SIPHO. Según remarca, esta unidad, gracias al apoyo de los movimientos vecinales, consigue que nueve de cada diez desahucios de los que tienen constancia se frenen, pero considera que necesita muchas más manos para poder reforzar la mediación y evitar que la comitiva judicial llegue a presentarse a las puertas de familias vulnerables. Si hasta ahora la unidad tenía 16 profesionales, este año se añadirán 30 más para llegar a los 46, la mayoría destinados a estar a pie de calle, pero también a un equipo jurídico pensado específicamente para negociar con juzgados. La ampliación de efectivos también persigue que cada familia pueda tener un profesional de referencia y supone pasar de una inversión municipal anual de 700.000 euros al año a una de 2,5 millones. El nuevo contrato, que se adjudicará el último trimestre de este año, tendrá una dotación de cinco millones de euros, será válido para dos años y podrá prorrogarse durante dos años más.
Lo que se busca, según el gobierno municipal, es ganar tiempo para intentar encontrar soluciones antes del día D. Tanto la teniente de alcalde de Acción Social, Laura Pérez, como la concejala de Vivienda, Lucía Martín, han insistido en presentar esta unidad como la rendija que puede abrir el Ayuntamiento mientras no cambian los marcos normativos y se convierte en obligatoria la exigencia de mediación siempre que hay un desahucio. También han coincidido en pedir al gobierno español que prolongue la moratoria antidesahucios mientras no haya una ley de vivienda aprobada y a la Generalitat que asuma sus "responsabilidades" en el Consorcio de la Vivienda. "Nos encontramos un Govern casi desaparecido", ha criticado Martín, que ha precisado que ahora hay 680 familias en lista de espera en la mesa de emergencia y que la situación, según ha dicho, sería muy diferente si la Generalitat hubiera aportado la cifra de pisos que le correspondería. "Ahora tendríamos mil pisos más", ha asegurado la concejala.
Desde que el SIPHO se puso en marcha, en 2015, ha acompañado a 13.000 familias amenazadas de perder la casa, entre las cuales había 10.000 menores. En el 90% de los casos no llegó a haber desahucio y en ocho de cada nueve la amenaza se frenó antes del día señalado. El Ayuntamiento quiere ahora reforzar esta mediación para evitar tener que llegar a la fecha tope y ha constatado que, en el caso de pequeños propietarios, falta más tiempo para poderlos convencer de soluciones alternativas y que, cuando se trata de grandes tenedores, les harían falta mecanismos que los obligaran a aceptar mediaciones.
La concejala de Vivienda ha insistido, también, en que necesitan cambios normativos para que los avisos de desahucios lleguen antes al Ayuntamiento y poder activar también antes los recursos preventivos. El gobierno municipal ha criticado el papel del Govern en los desahucios tanto por los "dispositivos policiales desproporcionados" como por las multas a activistas que intentan frenar la expulsión de vecinos. "Si cuando hablamos de desahucios solo hablamos de dispositivos policiales, tenemos un problema", ha asegurado Martín, que ha celebrado el anuncio del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, de que dejarán de aplicar la conocida como ley mordaza en manifestaciones pacíficas como las de los activistas por el derecho a la vivienda.
