

BarcelonaCasa Orsola se ha convertido en el símbolo de la movilización social por el derecho a la vivienda. El desahucio que se ha aplazado hasta el martes no afecta solo a una persona que lleva dos décadas viviendo y paga el alquiler de ese piso. En una ciudad –y un país– que ha vivido miles y miles de desahucios en los últimos años, éste es distinto.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se creó en 2009 para dar respuesta a las personas que durante aquella crisis económica no podían seguir pagando. Ahora los desahucios llegan a barrios, edificios y personas que quizás sólo vivieron de lejos la emergencia de la vivienda originada por las dificultades para pagar la hipoteca. En aquellos años se hablaba de Ciutat Meridiana como villa desahucio.
Ahora el Eixample empieza a hacer presente una nueva crisis, la originada por las grandes propiedades que compran edificios enteros para echar al vecindario tradicional y aprovechar las normas vigentes buscando enormes beneficios. Hay inquilinos que utilizan la brecha del alquiler de temporada para poner el piso tres veces más caro que el que fija el tope. Es decir, pisos un 300% más caros que lo establecido por la ley, como denuncia el vecindario de la Casa Orsola. La vivienda se ha convertido en un ámbito de inversión muy deseado cuando otros fallan.
El Sindicato de Alquiladoras ha trabajado para movilizar a una ciudadanía que cada vez ve más cerca, o vive directamente, las dificultades para acceder o mantener una vivienda. La movilización de estos años por el derecho a la vivienda ha conseguido mitigar los efectos de los desahucios en personas vulnerables, encontrar alternativas habitacionales... Pero ahora aún tendrá que ir más allá ante los retos existentes: hacer frente a los desahucios de personas vulnerables y garantizar la vivienda a la que tiene dificultades para acceder o mantener un piso por las subidas de precios.
Los alquileres de temporada o de habitaciones impiden controlar los precios, como en el caso del desahucio de la Casa Orsola. Tarde o temprano habrá que tener el debate que parece que no quiere afrontarse. ¿Debe ser la vivienda un derecho garantizado accesible para todos o puede seguir siendo una mercancía que permita obtener el máximo beneficio en nombre del derecho a la propiedad?