El choque entre el PSC y los comunes en Barcelona deja en el aire las ordenanzas fiscales

BarcelonaEl veredicto sobre las ordenanzas fiscales de Barcelona tendrá que esperar. Los comunes y Esquerra han mantenido este miércoles la incógnita sobre cuál será el sentido final de su voto en el pleno viernes, cuando se celebre el debate definitivo. Se abre ahora un plazo de 48 horas para definir si el gobierno municipal y los comunes son capaces de cerrar un acuerdo que a principios de semana todo el mundo daba por sentado, pero que ahora está en el aire.

El debate de esta tarde ha llegado después de una mañana en la que se había endurecido el choque entre el PSC y BComú. El cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, había respondido alultimátum de Janet Sanz, subiendo el tono contra Barcelona en Comú. "No convertimos una terminal fantasma que no existe en el nuevo Hard Rock como excusa para no aprobar las ordenanzas", había espetado en una rueda de prensa en la que acusaba a los comunes de "sacarse de la manga" un supuesto desacuerdo.

Socialistas y comunes tenían encarrilado un acuerdo que preveía dejar de utilizar la terminal A y la B del puerto cuando finalizaran las concesiones actuales, es decir, en 2025 y 2029. Esto permitiría que el puerto pasara en cuatro años a tener cinco terminales en lugar de siete. Pero la aparición en un documento de trabajo de una nueva "miniterminal" ha hecho tambalear el pacto, hasta el punto de que ahora mismo las ordenanzas fiscales no tienen garantizados los apoyos.

En concreto, se trataría de una terminal para acoger cruceros exclusivos que cuentan con un máximo de mil pasajeros, normalmente de alta capacidad adquisitiva. En el documento –fruto de la mesa de trabajo sobre cruceros que el gobierno y los comunes pusieron en marcha hace un mes y medio–, el ejecutivo de Collboni hacía constar –y "valora positivamente"– que el Puerto "plantea habilitar una miniterminal que dé servicio a barcos de nueva generación con capacidad máxima de 1.000 pasajeros". El texto también subraya que esa posibilidad "no forma parte de estos acuerdos".

Un redactado que hizo saltar las alarmas a los comunes, que este miércoles han exigido a Valls posicionamiento contrario a esta terminal de "cruceros de lujo" si quiere sacar adelante las ordenanzas fiscales y los presupuestos. "Si quieren un acuerdo político con BComú debe haber un giro, un cambio en la estrategia y el guión –dijo Sanz–. No puedes grabar el sector turístico con la izquierda y mientras tanto con la mano derecha intentar abrir una nueva terminal de cruceros de lujo", criticó.

Valls reafirma el compromiso de cerrar dos terminales

Pese al tono duro contra los comunes, por la mañana Valls había defendido que la decisión del gobierno municipal "es reducir las terminales de siete a cinco" y que así se trasladará al Consell del Port, que es donde debe tomarse la decisión . "Lo haremos independientemente de lo que los comunes hagan o digan", ha remarcado, y en un dardo en el grupo de Sanz ha subrayado que reducir terminales es necesario para "rectificar" el acuerdo que firmó el gobierno de Ada Colau con el Puerto 2018 que permitía estas siete terminales y que, dijo, fue un "error".

Por la tarde, en el intercambio cara a cara con Sanz ha sido aún más explícito. Reiteró que el objetivo del gobierno municipal es reducirlas a cinco, y enfatizó que si más adelante el Puerto quiere hacer esta "miniterminal" deberá estar en una de las cinco que queden abiertas, en ningún caso en una sexta. Sanz ha recogido el guante, pero ha pedido "hechos y no palabras", reclamando que ese compromiso también se vea recogido en el documento de la polémica.

En el caso de Esquerra, el portavoz, Jordi Castellana, ha defendido la reserva de voto de su grupo alegando que sin acuerdo entre el PSC y los comunes las propuestas incorporadas por los republicanos al texto -como la apuesta para aumentar el recargo municipal de la tasa turística- decaerían. Por ello, ha emplazado a ambos grupos a "hacer el trabajo" y llegar a un acuerdo en las próximas horas.

48 horas decisivas

Así pues, con el voto favorable del PSC, la reserva de voto de comunes y ERC y el voto en contra de Junts, PP y Vox, las ordenanzas fiscales llegarán al pleno sin un dictamen favorable. Ahora se abren 48 horas decisivas, ya que el dictamen debe aprobarse definitivamente el viernes en el pleno. Si durante ese tiempo no logra reconducir el acuerdo con Comunes, el gobierno de Collboni verá como por segundo año consecutivo no puede aprobar las ordenanzas fiscales.

Esto haría decaer medidas como el incremento del IBI sobre los hoteles de lujo de la ciudad –del 1% al 1,17%– y sobre los inmuebles de características especiales (conocidos como bices), que afecta básicamente a equipamientos de dentro del puerto, que este año pasaría del 0,8% al 1,06%.

La ordenanza también incluye una de las medidas que Valls ya anunció el pasado mes de septiembre: el incremento del coste que tiene para los autocares aparcar en Barcelona. El objetivo es que pasen de pagar unos 20 euros al día a pagar un máximo de 80.