El Ayuntamiento de Barcelona renuncia a las multas a los promotores que incumplieron la reserva del 30%

BarcelonaBarcelona nunca cobrará las sanciones millonarias que preveía imponer a los promotores inmobiliarios que habían incumplido la normativa de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial. Según ha podido saber el ARA, en septiembre de 2023 –tres meses después de la constitución del gobierno de Jaume Collboni– el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) archivó los cinco expedientes sancionadores que ya se habían incoado y que preveían multas que oscilaban entre los 400 y 100 euros. También archivó el resto de expedientes que estaban abiertos pero en fases más iniciales.

El ejecutivo del PSC admite que los expedientes decayeron. Se indultaba así a los promotores a los que los servicios de inspección habían detectado durante el 2022 esquivando la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que desde diciembre del 2018 obliga a las nuevas promociones o las grandes rehabilitaciones a reservar un 30% de los pisos a vivienda asequible. Una decisión que fuentes municipales argumentan por dos motivos: las "dudas jurídicas" sobre el desenlace de los litigios que podrían llegar tras las sanciones y la voluntad del gobierno de Collboni de modificar una norma que en su día se había aprobado en el pleno con los votos de Barcelona en Comú, PSC, ERC y Junts.

En el caso de los cinco expedientes más avanzados, se trataba de cinco bloques de pisos del distrito del Eixample que se estaban rehabilitando de arriba abajo pero esquivando la obligación de reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida. En algunos casos, porque directamente no se había pedido licencia de obras. Y en otros, porque para esconder que se trataba de una gran rehabilitación y burlar la cuota de vivienda asequible se habían tramitado permisos distintos para cada piso en vez de uno general para todo el edificio.

Decenas de viviendas asequibles perdidas

En total, los cinco expedientes –que ya habían recibido alegaciones por parte de los promotores– preveían sanciones que, sumadas, rozaban los 3 millones de euros. En caso de haberse confirmado la multa, podrían haberla reducido sustancialmente –en un 80%– si hubieran cedido la cuota de vivienda asequible que les correspondía. Un camino que, por ejemplo, ya habían seguido otros dos promotores en el 2022. En ese caso, acabaron aportando cinco pisos en dos bloques de las calles Consell de Cent y Lepant para esquivar la sanción por haber incumplido la reserva del 30%.

Si hubieran seguido el mismo camino, las cinco promociones que ahora se enfrentaban a sanciones millonarias –en las calles Aragó, Comte Borrell, Aribau, Muntaner y Castillejos– habrían tenido que aportar 25 pisos al parque de vivienda asequible de la ciudad. Además, los promotores se arriesgaban a no poder participar en promociones de protección oficial durante un máximo de tres años, puesto que el anterior gobierno municipal había planteado la posibilidad de recurrir a la ley del derecho a la vivienda que establece este tipo de penalizaciones en casos de irregularidades muy graves. Sin embargo, el gobierno municipal decidió dejar caducar estos expedientes –que vencían entre los meses de junio y agosto de 2023– y descartó también volver a incoarlos más adelante a pesar de que todavía tenía margen.

Más allá de los cinco expedientes más avanzados y que ya tenían una propuesta de sanción establecida, también han decaído otros seis expedientes que estaban en fases más iniciales, pero en los que los servicios de inspección también habían alertado de incumplimientos de la reserva del 30%. En este caso, se trata de seis promociones –en las calles Marina, Lepant, Arizala, Granada del Penedès y Lleida y en el pasaje Alió– que en total suman 83 viviendas y que, por tanto, eran susceptibles de tener que aportar 25 pisos asequibles más a la ciudad. Tampoco se han realizado nuevas inspecciones que hayan abierto nuevos expedientes a otras promotoras que desde entonces puedan haber incumplido el 30%.

En cuanto a los otros seis expedientes de los 17 que incoó el gobierno de Ada Colau por incumplimientos en la reserva del 30%, dos son los ya mencionados anteriormente de Consell de Cent y Lepant que se vinieron a cumplir con la cuota de vivienda protegida. Los otros cuatro ya habían sido archivados con anterioridad. Pero en este caso, porque se descartó finalmente que se estuviera incumpliendo la medida.

Las dudas jurídicas

Fuentes municipales explican que decidieron "archivar" los expedientes frente a las "incertidumbres jurídicas" de cómo podían acabar si derivaban en un contencioso administrativo. Incertidumbres que las mismas fuentes sustentan en un informe encargado a los servicios jurídicos que, pese a las peticiones del ARA, no aportan. Tampoco dan detalles sobre cuáles son estas dudas jurídicas que constan.

En el trasfondo de la decisión está también el compromiso del gobierno de Collboni de modificar la norma del 30%. "Desde que se tuvo constancia de la posible modificación de la medida en que habilitaba la posibilidad de sancionar el incumplimiento de la calificación del 30%, por razones de prudencia, coherencia y eficacia, se decidió no incoar de nuevo estos expedientes a la espera de la aprobación de la nueva normativa", apuntan las mismas fuentes.

De hecho, en los últimos días el gobierno municipal ha reanudado las conversaciones con algunos grupos para modificar la normativa de acuerdo con el informe que encargaron a la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, Carme Trilla. Tras negarse a blindar la reserva del 30% –tal y como pedían los comunes para tramitar los presupuestos–, el ejecutivo de Collboni ha acelerado los contactos con los partidos para tratar de desatascar la reforma de una norma que, con los datos en la mano, no ha dado los resultados esperados.

Este mismo domingo, en una entrevista en El País Collboni ha subrayado que hasta ahora sólo se han construido 26 pisos de los 2.000 esperados. Hay otros 130 en marcha. "Si una política pública no funciona, porque no genera ni vivienda pública ni privada, debe cambiarse", ha defendido. Entre los cambios que plantea, hay que el 30% de la vivienda protegida no deba realizarse en el mismo inmueble que es rehabilitado sino que se puedan agrupar los de diferentes promociones en un edificio entero en el mismo barrio. Sobre el calendario, Collboni no ha dado pistas, pero fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que la reforma del 30% podría llevarse a la comisión de Urbanismo de marzo.

Radiografía de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial