Detectan irregularidades en las obras para realizar 'colivings' en Barcelona

BarcelonaCuando los vecinos de edificios de Vandor en Barcelona reciben la carta en la que se les anuncia que el fondo es el nuevo propietario de la finca, sólo tienen dos certezas: que sea cual sea su circunstancia no les renovarán el contrato de alquiler, y que mientras sigan en el piso tendrán que convivir con las obras para convertir en colivings el resto de viviendas que vayan quedando vacías. Pero estas obras están en el punto de mira. Los vecinos denuncian que a menudo se realizan de forma irregular: sin licencia o con permisos menores para esquivar, alertan, la obligación de reservar una parte del edificio para vivienda protegida. En algunos casos, el Ayuntamiento ha podido corroborar estas irregularidades. Por eso, los vecinos reclaman al consistorio más inspecciones.

La manera de proceder de este fondo cuando compra un blog siempre es la misma. Notificar a los vecinos el cambio de propiedad, anunciarles que no les renovará el contrato de alquiler y, a medida que van quedando vacíos algunos pisos, empezar enseguida las obras para realizar más habitaciones y baños. Esto obliga a las personas que siguen en el edificio a convivir con el ruido y las molestias constantes de las obras, pero también ha permitido que puedan captar de primera mano algunas irregularidades en los trabajos. Patricia Rodríguez es arquitecta y vive en uno de estos bloques, en la calle Concordia. Allí, explica, se han realizado obras en ocho casas aunque sólo se había pedido licencia para tres. "Les dije que si no lo paraban les demandaba y detuvieron las obras un tiempo, pero después siguieron como si nada", dice.

Ante este escenario, Rodríguez ha escrito en el Ayuntamiento y en el distrito de Sants-Montjuïc en varias ocasiones. Como ella, también a otros vecinos. Algunos lo han hecho a través del abogado Jordi Aguilera, socio del despacho Cuch-Aguilera Legal. En junio, Aguilera entró una solicitud en los cinco distritos donde están los 13 bloques de Vandor en Barcelona -Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella, Les Corts y Sants-Montjuïc-, para pedir los expedientes relacionados con las obras que se habían hecho. En la instancia, advertía que podría estar incumpliendo la normativa que obliga a reservar un 30% de vivienda protegida en las grandes rehabilitaciones.

Una denuncia previa a principios de 2024

Sin embargo, mucho antes de esta instancia el Ayuntamiento ya había recibido otra denuncia en la que se alertaba de posibles irregularidades en hasta diez fincas propiedad de Vandor. Según ha podido comprobar el ARA, en marzo del 2024 entró en el consistorio una instancia anónima que alertaba de cómo en todos estos bloques se estaban llevando a cabo obras en pisos para las que no se había pedido licencia. También denunciaba que en algunos casos se estaba consumiendo fraudulentamente la electricidad durante las obras, escondiendo la presencia de amianto, falseando certificados energéticos y asediando a los vecinos para que se marcharan. Avisaba, además, que pidiendo menos licencias de las necesarias se quería sortear la obligación de reservar un 30% de vivienda protegida.

Hasta ahora, este diario no ha recibido los expedientes del Ayuntamiento sobre estas obras. En cuanto a la instancia presentada en nombre de los vecinos, sólo han recibido respuesta por parte del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Hay tres desenlaces distintos. En el caso de la calle Amigó 26 —que no constaba en la denuncia anónima de marzo de 2024—, el Ayuntamiento constata en el mes de julio de este año que existen obras sin licencia en tres pisos del edificio con actuación en fachadas y patios. Por eso, ordena suspender las obras hasta que Vandor las regularice. El 19 de agosto, el consistorio ratifica esta decisión.

En el caso de Muntaner 448, el informe de inspección llega más de un año después de haber recibido la denuncia anónima de marzo de 2024 y considera que no existen irregularidades. Se archiva. En cambio, en Balmes 335 la cosa es distinta. Éste es el primer bloque que adquirió Vandor en Barcelona en el 2019. Quedan dos vecinos que tienen contrato de alquiler indefinido. El resto de pisos son ya todos 'coliving'. En ese caso, el informe de inspección del Ayuntamiento llega ocho meses después de la denuncia anónima.

Los inspectores detectan que una de las viviendas del entresuelo se ha reconvertido en local —un espacio común, con máquinas expendedoras, mesas para comer y sofás— sin ninguna licencia que lo habilite. Tras varios procesos de alegaciones, el Ayuntamiento dictamina que Vandor debe derribar las obras y devolver el piso al aspecto original. Le avisa además de multas coercitivas reiteradas que pueden ir de los 300 a los 3.000 euros si no se cumple. Todo ello, sin perjuicio de incoar expediente sancionador por haber realizado obras irregularmente.

Más inspecciones por el 30%

Aguilera espera aún el resto de expedientes en los que prevé que aparecerán más irregularidades. En conversación con el ARA, sostiene, sin embargo, que el problema de fondo es que con estas infracciones lo que ha hecho Vandor es esquivar la obligación de destinar un 30% de estos edificios a vivienda protegida: "Si se hubieran pedido todas las licencias, se habría puesto de manifiesto que se trataba de una gran rehabilitación. querían hacer realmente", concluye.

Desde el Sindicato de Alquiladoras, Enric Aragonès acusa al gobierno municipal de Jaume Collboni de no perseguir el fraude con el 30%. "Primero intentó desmantelar la medida del 30% y viendo que no podía hacerlo ha optado por otra estrategia, que es no aplicarla y no decir nada", critica. Censura, además, que se pongan multas coercitivas "irrisorias" que "no desincentivan nada" en vez de incoar expedientes sancionadores con multas más altas.

Aragonés pone como ejemplo el caso de un otro coliving —en este caso no propiedad de Vandor sino de New Amsterdam Developers (NAD)— de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia. Aquí, después de que los vecinos lo denunciaran y el Síndic de Barcelona insistiera en ello, el Ayuntamiento realizó una inspección que también determinó obras sin permiso en dos de los pisos del bloque e instó a derribar las obras. Al no hacerlo, se han incoado al menos dos multas coercitivas de 500 euros cada una. La empresa cobra cerca de 2.700 euros por el alquiler de las habitaciones de un solo piso. En este caso, en mayo el consistorio aseguró que estudiaría si se trataba de una gran rehabilitación y, por tanto, se le podía exigir el 30%.

Fuentes municipales remarcan que "garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible es una prioridad del gobierno municipal" y destacan que "entre todas las medidas que se están aplicando para ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad, también se está trabajando en la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones". En este sentido, confían en que la ley que debe aprobar el Parlament este jueves "permitirá abordar mejor el fenómeno de los colivings o del alquiler de habitaciones en Barcelona". "Hasta ahora sólo ha podido abordarse detectando posibles infracciones urbanísticas, como las obras irregulares, que se han sancionado debidamente", apuntan.

A la hora de publicar este reportaje, Vandor no había atendido la oferta del ARA para que pudieran dar su versión.