Detectan irregularidades en las obras para hacer 'colivings' en Barcelona

BarcelonaCuando los vecinos de Edificios Vandor En Barcelona reciben la carta anunciándoles que el fondo es el nuevo propietario del inmueble, solo tienen dos certezas: que sean cuales sean sus circunstancias, su contrato de alquiler no será renovado, y que mientras permanezcan en el piso tendrán que convivir con las obras para convertirlo en convivencia El resto de las viviendas que se están quedando vacías. Sin embargo, estas obras están en el punto de mira. Los vecinos denuncian que a menudo se realizan de forma irregular: sin licencia o con permisos menores para evitar, advierten, la obligación de reservar parte del edificio para vivienda social. En algunos casos, el Ayuntamiento ha podido corroborar estas irregularidades. Por ello, los vecinos exigen más inspecciones.

La forma de proceder con este fondo al comprar un bloque es siempre la misma: notificar a los vecinos del cambio de titularidad, anunciar que no se renovará su contrato de alquiler y, a medida que algunos pisos se vacían, comenzar de inmediato las obras para construir más habitaciones y baños. Esto obliga a las personas que permanecen en el edificio a convivir con el ruido y las constantes molestias de las obras, pero también les ha permitido ver de primera mano algunas irregularidades. Patricia Rodríguez es arquitecta y vive en uno de estos bloques, en la calle Concordia. Allí, explica, se han realizado obras en ocho viviendas a pesar de que solo se habían solicitado permisos para tres. "Les dije que si no paraban, los demandaría y pararon la obra por un tiempo, pero luego continuaron como si nada hubiera pasado", cuenta.

Ante esta situación, Rodríguez ha escrito al Ayuntamiento y al distrito de Sants-Montjuïc en varias ocasiones. Al igual que ella, otros vecinos también lo han hecho. Algunos lo han hecho a través del abogado Jordi Aguilera, socio del despacho Cuch-Aguilera Legal. En junio, Aguilera presentó una solicitud a los cinco distritos donde se ubican los 13 bloques Vandor de Barcelona —Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella, Les Corts y Sants-Montjuïc—, solicitando los expedientes relacionados con las obras realizadas allí. En la solicitud, advertía de que se podría estar incumpliendo la normativa que exige reservar el 30% de las viviendas de protección oficial para grandes reformas.

Una denuncia previa a principios de 2024.

Sin embargo, mucho antes de este caso, el Ayuntamiento ya había recibido otra denuncia que alertaba sobre posibles irregularidades en hasta diez inmuebles propiedad de Vandor. Según ha podido comprobar ARA, en marzo de 2024 una denuncia anónima entró en el consistorio alertando de que en todos estos bloques se estaban realizando obras en pisos para los que no se había solicitado permiso. También denunciaba que, en algunos casos, se estaba consumiendo electricidad de forma fraudulenta durante las obras, ocultando la presencia de amianto, falsificando certificados energéticos y acosando a los vecinos para que se marcharan. También advertía de que, al solicitar menos permisos de los necesarios, se pretendía eludir la obligación de reservar el 30% de las viviendas de protección oficial.

Hasta la fecha, este periódico no ha recibido los expedientes del Ayuntamiento sobre estas obras. Respecto a la solicitud presentada en nombre de los vecinos, solo se ha recibido respuesta del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Hay tres resultados diferentes. En el caso de la calle Amigó 26 —que no se incluyó en la denuncia anónima de marzo de 2024—, el Ayuntamiento constató en julio de este año que se estaban realizando obras sin licencia en tres plantas del edificio, incluyendo obras en fachadas y patios. Por lo tanto, ordenó la suspensión de las obras hasta que Vandor las regularizara. El 19 de agosto, el Ayuntamiento ratificó esta decisión.

En el caso de Muntaner 448, el informe de inspección llega más de un año después de recibir la denuncia anónima de marzo de 2024 y considera que no existen irregularidades. Se archiva. Sin embargo, en Balmes 335 la situación es diferente. Este es el primer bloque que Vandor adquirió en Barcelona en 2019. Hay dos residentes con contrato de alquiler indefinido. El resto de los pisos son ahora coliving. En este caso, el informe de inspección del Ayuntamiento llega ocho meses después de la denuncia anónima.

Los inspectores detectan que uno de los pisos de la entreplanta se ha convertido en un local —un espacio común con máquinas expendedoras, mesas de comedor y sofás— sin licencia para habilitarlo. Tras varios procesos de alegaciones, el Ayuntamiento dictamina que Vandor debe demoler las obras y devolver el piso a su aspecto original. También advierte de reiteradas multas coercitivas que pueden oscilar entre 300 y 3.000 euros si no cumple. Todo ello, sin perjuicio de iniciar expediente sancionador por haber realizado obras de forma irregular.

Más inspecciones para el 30%

Aguilera sigue esperando el resto de los expedientes, donde prevé que aparezcan más irregularidades. En conversación con ARA, sostiene, sin embargo, que el problema fundamental es que, con estas infracciones, Vandor ha eludido la obligación de destinar el 30% de estos edificios a vivienda protegida: «Si se hubieran solicitado todas las licencias, habría quedado claro que se trataba de una rehabilitación importante. La manera de evitar caer en este régimen era no explicar toda la verdad de lo que realmente querían hacer», concluye.

Desde el Sindicato de Inquilinos, Enric Aragonès acusa al ayuntamiento de Jaume Collboni de no perseguir el fraude del 30%. «Primero intentó desmontar la medida del 30% y, al ver que no podía hacerlo, ha optado por otra estrategia: no aplicarla y no decir nada», critica. También critica la imposición de multas coercitivas "ridículas" que "no desincentivan nada" en lugar de iniciar procedimientos sancionadores con multas más elevadas.

Aragonès pone como ejemplo el caso de un otro convivencia —en este caso, no propiedad de Vandor, sino de New Amsterdam Developers (NAD)— en la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia. Allí, tras la denuncia de los vecinos y la insistencia del Síndic de Greuges de Barcelona, ​​el Ayuntamiento realizó una inspección que también determinó que se habían realizado obras sin licencia en dos de los bloques de viviendas y les instó a demolerlas. Al no hacerlo, se han impuesto al menos dos multas coercitivas de 500 euros cada una. La empresa cobra casi 2.700 euros por el alquiler de las habitaciones de una sola planta. En este caso, en mayo, el Ayuntamiento aseguró que estudiaría si se trataba de una reforma importante y, por lo tanto, podría ser exigida al pago del 30 %.

Fuentes municipales señalan que «garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible es una prioridad para el gobierno municipal» y destacan que «entre todas las medidas que se están aplicando para ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad, también se está trabajando en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones». En este sentido, confían en que la ley que el Parlamento aprobará este jueves "permitirá abordar mejor el fenómeno del co-living o alquiler de habitaciones en Barcelona". "Hasta ahora, solo se ha podido abordar detectando posibles infracciones urbanísticas, como obras irregulares, que han sido debidamente sancionadas", señalan.

Al momento de publicar este informe, Vandor no había respondido a la oferta de ARA de proporcionar su versión.