ERC salva a Colau de los embates de la oposición contra su modelo de ciudad

BarcelonaEl gobierno de Ada Colau ha entrado en el pleno de este viernes con el objetivo de salir con las mínimas heridas posibles. Con el apoyo garantizado de ERC a los proyectos contra los cuales el resto de la oposición centraba los ataques, las primeras calles de la superilla del Eixample y la zona de bajas emisiones (ZBE), el equipo de la alcaldesa ha salido a la defensiva para evitar que los debates volvieran a evidenciar las discrepancias internas entre comuns y socialistas. Sobre todo, con el nuevo plan para regular las actividades económicas en el distrito del Eixample, que ya llevó a los socialistas a aliarse con Junts en comisión para pedir que la restricción se aplicara solo a las calles pacificadas y no al conjunto del distrito.

Este viernes, el PSC ha guardado silencio en los temas delicados, como le ha reprochado la oposición, pero los comuns se han tragado una proposición del PP que pedía consensuar este plan de usos con asociaciones, entidades vecinales y ejes comerciales. Un texto que va en la línea de lo que defendían los socialistas y que el gobierno ha pactado con los proponentes para quitar la parte más dura: la que pedía suspender de manera inmediata la licitación de los primeros ejes verdes, los del entorno a la calle Consell de Cent. La proposición tampoco especifica que se tenga que acabar acotando el ámbito de aplicación del plan de usos. "El comercio estará más tranquilo viendo que este texto se ha acordado que viendo rifirrafes", ha justificado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, que ha recurrido a los datos para argumentar que los planes de usos que ya se han aplicado funcionan: ha defendido que en Sant Antoni el 60% de las nuevas actividades abiertas son de comercio de proximidad y del 50% en la calle Girona, donde la regulación es más reciente.

Los de Colau han recogido este revés –la proposición ha quedado aprobada por unanimidad–, que les ha evitado la crítica pública de los socios, pero han salvado los dos grandes asaltos del plenario. Los dos, con el voto de apoyo de ERC, que hoy ha bajado al barro contra JxCat, y que a pesar de defender las superilles y la ZBE ha atacado, también, las formas del gobierno municipal: con un socio –los comuns– a quienes ha acusado de ser "especialista en malograr buenas ideas" y otro –el PSC–  que ve "más ocupado en contentar al establishment ". El primer asalto contra el gobierno lo ha liderado precisamente la líder de JxCat, Elsa Artadi, que criticaba que se haya licitado el proyecto de los nuevos ejes verdes sin haber cerrado todavía el periodo de alegaciones y pedía dejar sin efecto esta licitación y hacer públicos antes los informes sobre el impacto que tendrán las pacificaciones en las calles adyacentes, en la economía local y en la calidad del aire.

"La ciudadanía tiene derecho a saber cuáles serán las afectaciones del proyecto", ha defendido Artadi. Y quien le ha respondido en primera instancia ha sido el republicano Jordi Coronas, que ha defendido que si ahora se puede licitar este proyecto sin que esté aprobado de forma definitiva es gracias a un decreto que se aprobó en 2012 cuando quien gobernaba la ciudad era Xavier Trias (CiU). El decreto firmado por Trias el 17 de abril de 2012 estipula que solo se podrán licitar obras antes de la aprobación definitiva cuando se haya producido la aprobación inicial del proyecto y se asegure la tramitación conjunta con el procedimiento de contratación, de forma que, en ningún caso, no se adjudique la obra sin la aprobación definitiva. Coronas le ha reprochado que, a pesar de referirse a las formas de aprobación, el texto de JxCat perseguía atacar el proyecto de superilla y ha criticado que la formación de Artadi promulgue "siempre el no" al cambio de modelo urbanístico, a regular el turismo o a hacer planes de usos. "Nosotros somos el sí a la mayoría de cosas a las que ustedes dicen que no", ha contrastado Coronas en el que ha sido el enfrentamiento más cuerpo a cuerpo del pleno entre los dos socios de gobierno en la Generalitat.

En su turno de respuesta, la responsable de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido el procedimiento utilizado y se ha comprometido a publicar los informes que exigía la oposición. "Esto no va de informes, va de modelo de ciudad y usted no tiene", le ha espetado a Artadi, y ha acusado su formación de ser de "derechas y negacionista". Un ataque que la líder de JxCat ha considerado que no estaba "nada mal" teniendo en cuenta que lo pronunciaba alguien que "llegó al poder gracias a los votos de Valls".

Las multas de la ZBE

La segunda ofensiva se ha centrado en la sentencia contra la ZBE, sobre todo a través de una moción de Cs que pedía dejar de aplicarla y redactar una nueva ordenanza que corrigiera las "deficiencias" de la primera. El texto también ha quedado rechazado por la alianza entre el gobierno y ERC: "Tienen que rectificar y no obstinarse en seguir multando", ha defendido la líder de la formación naranja, Luz Guilarte. Un argumento al que se han sumado PP, Valents y la concejal no adscrita y que ha conseguido, también, la abstención de JxCat. "Escogieron el camino más rápido y fácil, que era prohibir en función del año de matriculación, cuando esto no refleja las emisiones reales", ha dicho la líder de Valents, Eva Parera. Según los últimos datos del Ayuntamiento, durante todo 2021 se impusieron 69.145 multas a conductores que circulaban por la ZBE con vehículos que no tienen la etiqueta necesaria para hacerlo.

El regidor de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha asegurado que la ZBE no ha entrado en conflicto con el calendario de amortización de los vehículos y ha recordado que Barcelona aún no cumple con los umbrales de calidad del aire: "No podemos votar a favor de una moción que dejaría en indefensión a toda la ciudadanía ante el principal problema de salud que tiene Barcelona".

Estreno con polémica del síndico

El pleno ha arrancado hoy ya con crispación desde los primeros compases con la presentación del primer informe anual que firmaba David Bondia como nuevo síndico de la ciudad. Si cuando los defendía su antecesora en el cargo, Maria Assumpció Vilà, la mayoría de grupos exhibían un tono conciliador, hoy algunos partidos de la oposición lo han acusado de ser "el síndico de Colau", en palabras de Cs. Unas acusaciones que han llevado a la alcaldesa a intervenir para defender que la sindicatura "no está nunca al servicio del gobierno ni de la oposición".