El Govern mantiene parados 637 pisos sociales pactados con Barcelona

BarcelonaEl Govern mantiene parada la construcción de 637 pisos sociales en Barcelona que pactó con el Ayuntamiento a principios de año. Aunque el convenio firmado entre ambas administraciones establecía que a mediados de abril debían ponerse en marcha los concursos arquitectónicos, el ejecutivo catalán todavía no los ha convocado ni tiene previsto hacerlo. El argumento, según fuentes oficiales del departamento de Territori, es que no puede hacerse porque cayeron los presupuestos. Sin embargo, fuentes conocedoras del procedimiento niegan al ARA este argumento y subrayan que es cuestión de voluntad política.

El caso es pesado, pero podría analizarse casi como un capítulo de Crímenes. ¿Quién mantiene inertes estas viviendas? La versión oficial de Territori es que los primeros que les condenaron fueron los comunes cuando tumbaron los presupuestos de la Generalitat para el 2024 que habían pactado ERC y el PSC. Entonces, en una entrevista en El País, la consellera, Esther Capella, ya dijo que sin las cuentas aquellos 1.700 pisos no podían hacerse. ¿El motivo? Que la ley de acompañamiento ligada a aquellos presupuestos incluía una disposición que daba mayor capacidad de inversión al Incasòl para poder construir los pisos previstos en el convenio.

Pese al veredicto taxativo de Capella, aquella disposición para dar más margen de maniobra al Incasòl resucitó. El propio ejecutivo catalán la incorporó poco antes de las elecciones catalanas dentro del decreto de emergencia para regular el alquiler de temporada. Sin embargo, el decreto tampoco superó el trámite parlamentario. Con los comunes votando a favor, esta vez fueron el voto contrario de Junts y la abstención del PSC –que gobierna en el Ayuntamiento y es uno de los firmantes del convenio– los que, teóricamente, volvían a firmar el epitafio de la disposición que debía permitir construir al menos 637 pisos de alquiler social en Barcelona en cinco años.

¿Pero es realmente imprescindible que se apruebe esta disposición para seguir avanzando en la construcción de los pisos? Para analizarlo hay que tener en cuenta que para construir vivienda pública Incasòl utiliza el dinero que obtiene de las fianzas que guarda en depósito. Hasta ahora la ley le obliga a guardar siempre al menos el 10% de estos depósitos para poder hacer frente, cuando convenga, a las devoluciones. La cláusula doblemente tumbada por el Parlamento quería rebajar ese umbral hasta el 5% para dar mayor liquidez al ente con el objetivo de que pueda invertir más en vivienda pública.

Esto, siempre según fuentes oficiales de Territori, debía facilitar que el Incasòl dispusiera del dinero necesario para construir estos 637 pisos en cinco años. "El departamento no iniciará un proceso como éste sin tener la financiación garantizada", subrayan las mismas fuentes, que remarcan que "era un plan vinculado a una modificación presupuestaria". Sin embargo, admiten que una vez no ha prosperado esta modificación es una decisión “política” del Gobierno congelar el convenio.

Un coste de 83 millones de euros

Para sustentar esta decisión política, desde el departamento de Territori se apunta que sin ampliar el umbral de inversión del Incasòl la operación para construir 637 pisos en Barcelona podría dejar el organismo “sin capacidad de llevar a cabo ninguna otra actuación ”. Una vez más, fuentes conocedoras de este tipo de procedimiento discrepan.

Cuando se presentó el convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat, se presupuesta que hacer los 637 pisos previstos en la primera fase tendría un coste aproximado de 83 millones de euros. Sin embargo, el coste del concurso arquitectónico ronda los 1,5 millones de euros, de los que sólo deberían abonarse este curso unos 600.000 euros. El grueso de la inversión no se realizaría hasta el inicio de la construcción, que el calendario inicial preveía para el 2026, pero que ahora, con el proceso congelado, está en entredicho. En concreto, más allá del concurso, la previsión era que en 2025 se sufragara la redacción de los proyectos (cerca de 3 millones de euros), y que en los tres años siguientes se pagaran las obras a razón de 19, 40 y 29 millones de euros euros, respectivamente.

¿Tiene pues el Incasol –recordamos que se financia a través de las fianzas depositadas por los inquilinos– capacitado para hacer frente al coste del concurso? Sí. El mismo convenio firmado fija la partida de donde deben salir: la que hace referencia a las inversiones en edificios y otras construcciones por cuenta propia. Una partida que en los presupuestos del 2023 –vigentes ahora a través de la prórroga– era de 39 millones de euros y que podría alterarse con una pequeña modificación presupuestaria. Además, el organismo cuenta con remanentes de tesorería de otros años que finalmente no se gastaron.

También hay que tener en cuenta que, tal y como consta en el estudio sobre la firma de este convenio que hizo el departamento de Economía –y que considera muy positiva la operación ante la falta de vivienda existente en el país–, la inversión del Incasol se recuperará con los alquileres de estos pisos sociales, que gestionará lo mismo nos llevarán los 75 años que podrá explotarlos. El informe calcula unos ingresos estimados de cerca de 5 millones de euros anuales en alquileres.

Incluso en el caso de mantener que para realizar el concurso es imprescindible rebajar al 5% la disponibilidad de depósitos obligatoria, el Gobierno podría, si lo quisiera, hacer un decreto ley exclusivamente para regular esta disposición. El ejecutivo ya ha utilizado en otras ocasiones la emergencia habitacional como argumento para sacar adelante decretos de este tipo, por lo que a pesar de estar en funciones podría impulsarlo para "garantizar" la aplicación de un convenio ya firmado.

El Ayuntamiento reclama que el convenio salga adelante

Aunque ya han pasado dos meses desde que deberían haberse impulsado los concursos arquitectónicos, el Ayuntamiento tampoco ha pedido formalmente al Govern que cumpla el convenio. En su momento el alcalde, Jaume Collboni, se mostró comprensivo con el argumento de Capella y cargó las tintas contra los comunes por haber tumbado los presupuestos de la Generalitat. Sin embargo, el Ayuntamiento sí ha continuado con su parte del trabajo previsto en el convenio y su área de Patrimonio sigue trabajando para completar la cesión de los 11 solares donde deben construirse estos 637 pisos.

Consultadas por el ARA, fuentes municipales subrayan la necesidad de que la Generalitat construya vivienda pública en Barcelona. "Queremos que el convenio con el Incasòl salga adelante y queremos que el nuevo Gobierno lo entome inmediatamente cuando se constituya", apuntan.

El objetivo es llegar a las 1.700 viviendas

La no convocatoria del concurso arquitectónico supone por el momento retrasar el calendario. Sin resolver los concursos, los arquitectos –que están pendientes de esta convocatoria– no pueden empezar a trabajar en los proyectos y, por tanto, el inicio de la obra también se aplaza. De modo que peligra el objetivo de tener estos pisos listos en cinco años.

Los 637 pisos forman parte del primer tramo del convenio firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento, vigente desde mediados de enero. Ante la dificultad para construir vivienda en Barcelona, ​​el consistorio pactó con el ejecutivo catalán cederle de momento 11 parcelas municipales a los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc (véase el mapa de más arriba). En una segunda fase aún por concretar, se prevé la cesión de más solares que permitan la construcción de cerca de 1.100 pisos más que se sumarían a estos 637.