Collboni salvará la ordenanza de convivencia con los votos de Junts y ERC

BarcelonaBarcelona tendrá una nueva ordenanza de convivencia antes de finalizar el año. Tras meses de negociación con el gobierno de Jaume Collboni, Junts ha anunciado este martes que apoyará la aprobación de esta medida. En rueda de prensa, el líder de los junteros en el consistorio, Jordi Martí, ha explicado que el ejecutivo del PSC ha aceptado las alegaciones que había presentado su grupo. "Esta ordenanza incorporará el ADN de Junts por Barcelona", ha presumido. También Esquerra ha anunciado después de que votará a favor de la medida porque ha cerrado su propio acuerdo con el ejecutivo.

Finalmente, sin embargo, la ordenanza no incluirá una de las reivindicaciones que había puesto sobre la mesa Junts y que pedía hacer constar en los informes de arraigo las multas por incivismo. Según ha explicado Martí, desde el cambio en el reglamento de extranjería que hubo a finales de 2024 esto ya no es competencia municipal. Por eso, han pactado con el PSC que el gobierno municipal inste a la Generalitat y al Estado a hacer los cambios necesarios para que todo lo relacionado con el civismo conste en los informes. Ambos grupos, de hecho, aprobaron una proposición de los junteros en ese sentido durante el último pleno. ERC, sin embargo, ha explicado que parte de su acuerdo implica desvincular las sanciones de los informes de arraigo.

El texto, que se aprobará en una comisión extraordinaria este jueves para poder votar definitivamente en el pleno del viernes 19 de diciembre, sí que incorporará otras peticiones de Junts. Por ejemplo, que se persiga la captación de personas por la calle para que consuman cannabis; que los multados por hacer pintadas deban contribuir a limpiarlas; que el catalán tenga un "papel central destacado" en cualquier campaña de comunicación sobre la ordenanza, y que se aumenten las sanciones en el caso de infracciones como los grafitis, la venta ambulante ilegal y los botellones.

Martí también ha hecho incidencia en la importancia de que el Ayuntamiento colabore con otras administraciones nacionales, estatales e internacionales para garantizar que se cobran las sanciones que se imponen. Según ha dicho, entre 2023 y 2024 sólo se han cobrado un 16 por ciento de las multas. En este sentido, ha explicado que se va a crear una unidad ad hoc para administrar todos los expedientes derivados de la ordenanza de convivencia, lo que debería agilizar su gestión.

El acuerdo en la ordenanza de convivencia supone el primer gran pacto entre Junts y el PSC desde que Xavier Trias dejó el liderazgo del grupo municipal. Antes ya habían pactado modificar las tasas de terrazas, pero desde entonces las relaciones se habían enfriado. Por el camino han fracasado, por ejemplo, las conversaciones para modificar la reserva del 30% de vivienda protegida o para dotar a la Guardia Urbana de pistolas Taser. Sin embargo, este martes Martí ha marcado distancias con Collboni: "No hemos pactado con el PSC ni con Collboni, sino con Barcelona", ha dicho. Fuentes municipales agradecieron el voto de Junts y subrayaron que siempre defendieron "que el nuevo texto debía ser una ordenanza de ciudad".

En cuanto al acuerdo con los republicanos, el concejal Jordi Coronas ha explicado que, más allá de desvincular las sanciones de los informes de arraigo, también han pactado con el ejecutivo de Collboni otras dos medidas: que se priorice la mediación a las sanciones, y que en las próximas semanas se apruebe. Por todo ello, los republicanos votarán a favor de actualizar una ordenanza que, ha dicho Coronas, está "totalmente desfasada" después de 20 años. Quien ya ha dicho que votará en contra es Barcelona en Comú. El portavoz adjunto, Marc Serra, ha acusado a Collboni de "caer en la trampa de la derecha".

Sanciones más altas para beber u orinar en la calle

La propuesta de ordenanza de Collboni —que ha pilotado la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca— ya preveía ampliar los supuestos sancionables en todo lo que tiene que ver con beber y orinar en la calle, así como el endurecimiento del castigo para quienes hagan pintadas en la vía pública. En el caso del apartado que sanciona el hecho de realizar las necesidades fisiológicas en la calle, la nueva ordenanza establece tres condicionantes que pueden endurecer la sanción. Orinar en la calle saldrá más caro si se hace cerca de lugares donde haya aseos públicos o de libre acceso, en torno a bares o discotecas o en calles estrechas de menos de cuatro metros de ancho.

En cuanto a beber en la calle, la nueva ordenanza mantiene el régimen sancionador que fija la ley de seguridad ciudadana y que ya se estaba aplicando, es decir, de 100 a 600 euros las infracciones leves y de 750 a 1.500 euros cuando se realice en lugares especialmente concurridos o en presencia. Sin embargo, la propuesta del gobierno de Collboni incorpora la prohibición de las rutas alcohólicas que a menudo promueven entre los turistas itinerarios que pasan por varios bares con el objetivo principal de beber alcohol. En ese caso la sanción podrá ir de los 1.500 a los 3.000 euros. Esta es una práctica que el Ayuntamiento ya tiene vetada en Ciutat Vella desde el 2012 y que ahora afectará a toda la ciudad.

Otra de las novedades de la propuesta del gobierno municipal es la que tiene que ver con las pintadas y los grafitis. Más allá de las sanciones correspondientes, la nueva ordenanza quiere que los autores de las pintadas tengan que hacerse cargo también del coste de limpieza de esa pintada. Además, incorpora entre la lista de infracciones previstas actuaciones que puedan ensuciar el espacio público, como regar plantas fuera de hora –solo está permitido de 22 a 7–, sacudir ropa y alfombras si afecta al espacio público o tirar al suelo papeles, chicles o envases. Estas actuaciones pueden acarrear sanciones de hasta 750 euros.