Los propietarios de pisos turísticos de Barcelona exigen 1.000 millones de euros a la Generalitat

BarcelonaLa pugna entre las instituciones catalanas y los propietarios de pisos turísticos sigue escalando. Este lunes Apartur ha puesto precio al decreto del Govern que permite cerrar todos los apartamentos turísticos de Barcelona en un plazo de cinco años. En rueda de prensa, el presidente de la patronal, Enrique Alcántara, y la directora general, Marian Muro, han explicado que las reclamaciones patrimoniales hechas hasta ahora a la Generalitat por parte de los propietarios de pisos turísticos en Barcelona ascienden ya a 1.000 millones de euros.

Ahora bien, la previsión es que esta cifra todavía se multiplique. Según los cálculos de la patronal, antes del 8 de noviembre –cuando vence el plazo para presentar la reclamación– las peticiones de indemnización podrían alcanzar hasta los 3.000 millones de euros sólo en la capital catalana y hasta los 7.000 millones de euros en todo el país. Los 1.000 millones de euros que según Apartur se han reclamado hasta ahora, son fruto de 1.500 quejas presentadas hasta el momento por propietarios y gestores de pisos turísticos de Barcelona.

La patronal, que asesora a los propietarios de pisos turísticos para realizar estas reclamaciones desde junio, argumenta que el decreto supone "un perjuicio claro sobre el patrimonio y el valor de las viviendas". Por ello, considera que la administración debe indemnizar a los propietarios por la retirada de un derecho adquirido hasta ahora. "Es una expropiación encubierta", lamentó Muro. Pero cuando se elaboró ​​el decreto, el Govern de ERC defendió que los cinco años de cuello que da la administración antes de que se extingan las licencias servían como compensación para los propietarios de los pisos turísticos.

¿Y cómo es que la reclamación patrimonial se dirige contra la Generalitat si en última instancia la decisión sobre los pisos turísticos es de los ayuntamientos? La clave está en que el decreto que extingue todas las licencias en cinco años es obra del Govern. La normativa establece que en los 47 municipios más tensionados por los pisos turísticos, las licencias actuales desaparecerán en cinco años si sus ayuntamientos no redactan algún plan concreto para evitarlo. Esto permite que en aquellas localidades como Barcelona, ​​partidarias de la eliminación de los pisos turísticos, no tengan que realizar ninguna acción concreta y tengan suficiente con esperar a que se cumpla este plazo.

Alcántara ha explicado que tienen previsto reunirse pronto con el nuevo gobierno de Salvador Illa para intentar corregir una normativa que impulsó al anterior ejecutivo de ERC, pero que contó en el Parlament con el apoyo del PSC y ha sido muy reivindicada por los socialistas en la capital catalana. Este mismo lunes, de hecho, la consellera de Territori, Silvia Paneque, ha descartado cambiar el espíritu de la norma porque éste fue un compromiso adquirido por el PSC con ERC a cambio de la investidura de Isla. Sí ha abierto la puerta a algún "retoque quirúrgico" por demandas de municipios concretos.

Impacto sobre la oferta turística

Alcántara y Muro han instado a la Generalitat a abrir "una reflexión profunda" sobre la conveniencia de mantener vigente esta nueva normativa. Más allá de los 7.000 millones de euros a los que prevén que asciendan las reclamaciones patrimoniales, han defendido que el cierre de pisos turísticos supondrá una pérdida muy grande de la capacidad de Barcelona de acoger a turistas. Actualmente, la patronal calcula que un 40% de las camas que ofrece la ciudad en el turismo están en pisos turísticos. "Estamos llenos entre el 80 por ciento y el 85 por ciento de las noches del año, la pérdida de turismo por la ciudad es evidente", ha subrayado Alcántara.

La reclamación patrimonial es solo una de las patas de la ofensiva que Apartur ha puesto en marcha para combatir el decreto del Gobierno. También está en marcha un recurso ante el Tribunal Constitucional que ya ha sido admitido a trámite y expediente abierto por la Comisión Europea ante la posibilidad de que la nueva norma vulnere normativa comunitaria.

Durante la rueda de prensa, Apartur ha hecho evidente la tirantez que existe actualmente entre el sector de los pisos turísticos y el gremio hotelero. Según Alcántara, es "hipócrita" relacionar los pisos turísticos con el problema de la vivienda en Barcelona y no hacer referencia alguna a los hoteles, que, dijo, están construidos sobre suelo inicialmente previsto para viviendas.