El camino judicial contra el gobierno de Mazón se abre paso

BarcelonaDesde que las riadas arrasaron parte del País Valenciano, las preguntas en torno a una posible responsabilidad de la administración no se han detenido. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno valenciano hubiera ordenado confinar a los vecinos de l'Horta Sud? ¿Y si hubieran recibido el mensaje de emergencias horas antes, y no cuando el agua ya había llenado los bajos y había dejado coches atrapados? El primer movimiento en los tribunales han sido las querellas que el colectivo populista Iustitia Europa ha presentado: el domingo contra el presidente español, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasla; y el lunes contra el presidente valenciano, Carlos Mazón. Este martes se ha sumado la denuncia que el sindicato CGT ha llevado a la Fiscalía, y en paralelo activistas y entidades sociales se han agrupado en la plataforma Justicia para Valencia, que incluye a una cincuentena de juristas que se preparan para pedir responsabilidades penales por homicidio por imprudencia grave.

La denuncia que la CGT ha llevado este martes a la Fiscalía de Valencia se centra en las horas inmediatamente anteriores a las inundaciones. "Justamente cuando muchos trabajadores terminaban su jornada y les atrapó en el trayecto de regreso, o debían incorporarse al siguiente turno", ha añadido en una rueda de prensa el abogado Rafa Marco, que representa al sindicato. La denuncia, a la que ha tenido acceso el ARA, recoge los avisos que había lanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde cinco días antes advirtiendo del temporal que se avecinaba en el País Valenciano. El mismo martes 29 de octubre la alerta subió al nivel rojo, el mayor grado de alerta en este sistema de avisos.

La denuncia de la CGT recoge también el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que a las 11.50 horas advirtió de que había barrancos desbordados. Poco después Mazón compartía un mensaje a X -que más tarde borró- en el que afirmaba que la previsión era que el temporal bajara de intensidad a partir de las seis de la tarde. Durante esa mañana la Universidad de Valencia, que ya había suspendido las clases, anulaba también todas las tareas docentes, administrativas, de investigación y culturales ante el temporal, y la Diputación de Valencia cerró sus centros y envió a los trabajadores en casa a las 14 h. El Centro de Coordinación de Emergencias emitió un aviso de alerta hidrológica advirtiendo que podía haber desbordamientos a las cinco y media, si bien la alerta de la Generalitat en la población no llegó hasta las 20.12 h.

Preparan una denuncia por homicidio imprudente

En paralelo, distintas entidades sociales se están agrupando en la plataforma Justicia para Valencia con la intención de unir fuerzas para una querella conjunta contra el gobierno valenciano. Uno de los impulsores del grupo, Francesc Miralles Borrell, explica al ARA que el éxito de inscripciones -1.700 personas en un formulario que publicaron hace cinco días- les hace pensar que acabará siendo una plataforma mucho más amplia de lo que inicialmente van pensar, y que no se dedicará sólo a la vía judicial.

De momento, una cincuentena de juristas se han involucrado. "Queremos preparar bien toda la documentación para demostrar que mucha gente no habría salido de casa si hubiera habido un aviso", dice Miralles Borrell, quien subraya que en ese momento muchas personas estaban en el trabajo y las tiendas estaban abiertas. "Un ciudadano común puede ser más prudente o menos, pero la dirección general de Emergencias, no. Debe tener una diligencia determinada para tomar una decisión", añade ante su intención de denunciar un delito de homicidio por imprudencia grave.

La plataforma recientemente creada, sin embargo, esperará todavía unos días a dirigirse a la justicia. Primero, asegura Borrell, quieren esperar a que se localicen a todas las víctimas para conocer la magnitud real de la catástrofe y qué casuísticas hay. Paralelamente, también estudian una reclamación de responsabilidades patrimoniales en la administración que les suponga una indemnización. Esta vía, que de momento se plantean como subsidiaria en la penal, tiene perspectivas de prosperar a juicio de la abogada especialista en derecho administrativo y vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Susana Ferrer, especialmente por la falta de asistencia justo después de las inundaciones, que ve mucho más sencilla de acreditar que una imprudencia previa.

Responsabilidad patrimonial

La jurisprudencia establece que la administración debe responder patrimonialmente por las lesiones que sufran las personas siempre que sea a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, incluso si no se deben a una falta o negligencia de los trabajadores públicos, explica Ferrer. Uno de los requisitos, añade, es que el daño que hayan sufrido no sea "antijurídico", es decir "que no tuvieran la obligación de soportar ese daño". Ferrer recuerda el ejemplo de las resoluciones del Supremo que descartaron indemnizaciones a los hosteleros que tuvieron que cerrar su negocio durante el confinamiento "porque era en pro de un bien superior, la salud pública". En cambio, en el caso de los afectados por la DANA esto no se daría, añade Ferrer.

Sobre la responsabilidad de la administración, otras fuentes jurídicas consultadas por el ARA añaden que en casos de negligencia (incluso si no hay delito) pueden darse compensaciones. Un ejemplo es el de las víctimas del atentado del Hipercor de 1987. La condena penal fue para los miembros del comando de ETA, pero la administración también tuvo que indemnizar a las víctimas porque no desalojó el centro comercial, pese a haber recibido el aviso con tiempo de hacerlo, porque lo subestimó. Continuando con el paralelismo, las citadas fuentes indican que, al igual que en el atentado el responsable no fue el Estado, tampoco lo fue en el caso de los aguaceros en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, esto no le excluye la obligación de proteger a los ciudadanos.