La Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa que resiste a oscuras

MadridEs casi la hora de comer y pronto llegarán de la escuela los cinco hijos de Hind. "Ara les prepararé la comida", apunta, pero no lo podrá hacer en condiciones dignas porque no tiene luz en casa o, si tiene, es en momentos puntuales. Ella es una de las vecinas del sector V de la Cañada Real, un asentamiento irregular situado solo a 14 km de la Puerta del Sol de Madrid, considerado de los más grandes de Europa. Para cocinar –compra lo que necesita para el día a día para que no se le estropee– utiliza un hornillo y una bombona de gas butano, la misma que usa para calentar la casa. "A pesar de que es peligroso, es lo único que tengo. A veces cuando la estufa está encendida nos mareamos y tenemos vecinos que se han intoxicado", explica.

La situación que está viviendo Hind no es ni puntual ni única. Desde hace cuatro meses es la que viven los vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real. Este último sector, de hecho, no ha recuperado la luz en ningún momento. Las Naciones Unidas, que en otras ocasiones han denunciado la situación “de emergencia humanitaria” del asentamiento, emitieron un comunicado el 22 de diciembre pidiendo al gobierno español “restablecer inmediatamente la electricidad en los hogares afectados”. Son 4.500 personas, 1.800 de las cuales son menores de 18 años, las que sufren estas condiciones, que el temporal Gloria y la ola de frío del mes de enero han empeorado: “He pasado tanto frío que creo que no tengo ni alma”, lamenta Hind. Los estragos del temporal todavía se palpan en el barrio. Los tejados de algunas barracas del sector VI cayeron y todavía están por colocar.

Esta madre de familia hace doce años que vive en la Cañada y asegura que el invierno ha sido “un infierno”. Tuvo que llevar a sus hijos al hospital. "No fueron los únicos a los que les salieron muchos sabañones en las manos”, dice. A pesar de que la higiene tendría que ser lo más importante en medio de la pandemia del coronaviru , una ducha diaria con agua caliente “es impensable”, denuncian los vecinos. “Calentando una olla. Así he bañado a mi hijo. Él temblando y yo llorando. ¿Qué tengo que hacer?”, dice Hind. “Claro que nos ponemos enfermos”, asegura Tamara, otra vecina de toda la vida del sector V que también utiliza gas. “Te aseguro que sin las estufas [de gas butano] alguno de nuestros hijos habría salido muerto”, asegura.

Desde el primer corte eléctrico, el bufete de abogados CAES ha interpuesto a través de los vecinos dos denuncias contra la Comunidad de Madrid y la empresa suministradora, Naturgy. Sobre la primera, el juzgado ya ha abierto diligencias. La segunda la presentaron en el mes de enero, después de la muerte de un vecino del sector VI. “Un hombre de 74 años que estaba bien de salud, sin patologías previas y que se empezó a encontrar mal después de unas semanas de quedarse sin luz”, explica el abogado del CAES, Carlos Castillo, al ARA. La denuncia es por un delito de prevaricación y también por denegación del deber de auxilio. “Estamos a la espera que se abran diligencias previas”, añade. La primera denuncia se ha ampliado después de que los abogados y los vecinos tuvieran constancia de una “posible modificación de la potencia de la red eléctrica” por parte de Naturgy. La empresa niega que hayan modificado el sistema y asegura que todo proviene “de conexiones irregulares que sobrecargan la red”, explican al ARA fuentes de la empresa, que lo vinculan a plantaciones de marihuana. Sea como fuere, administraciones y empresa se pasan la pelota. La última apunta a que hay que localizar los puntos que producen más carga eléctrica, mientras que la Comunidad de Madrid pide a la Delegación del gobierno que autorice la entrada del ejército y un plan de choque. Las “soluciones” puntuales han sido estufas de gas y realojos que la mayoría de vecinos han rechazado. “¿Dónde nos realojarán? ¿En un lugar lejos de aquí? No confío. Que nos pongan luz”, exclama Hind.

La falta de suministro eléctrico no es el único problema. No todo el sector VI está asfaltado y en el sector V la carretera tampoco es buena. “Está lleno de barro. Para ir a la escuela siempre tenemos que coger dos zapatos y un trapo para limpiarlas antes de entrar”, explica Hind. A la inexistencia de condiciones dignas e infraestructuras se añade el estigma. “Buscas trabajo y cuando ven en el DNI que vives en la Cañada Real te tratan de otro modo. Te miran diferente”.

40 años después la solución no llega

La Cañada Real se empezó a construir en 1978. Hoy son 16 km de asentamiento –por eso implica a tres ayuntamientos de Madrid– divididos en seis sectores donde viven unas 8.000 personas. Los vecinos y las entidades sociales del barrio denuncian que hace años que las administraciones públicas dan la espalda a lo que se ha convertido en un laberinto de cables –sobre todo en el sector VI– para conseguir luz, un conglomerado de casas y barracas construidas con materiales inestables y un nido de pobreza crónica. “Ha sido una dejadez histórica”, apunta el rector de la iglesia del sector VI y miembro del equipo de mediación, Agustín Rodríguez, al ARA. Ahora bien, todo cambia a partir de los 2000, cuando empiezan los expedientes urbanísticos y los escombros.

Agustín explica que la capital crecía, pero que no hubo ningún problema con la Cañada “hasta que Madrid empezó a crecer por el este". "De golpe el barrio apareció como una cosa que no tendría que ser y la primera reacción fue que todo tenía que ir fuera”, apunta. “No tengo pruebas que fuera un plan escrito, pero las dos cosas coinciden con el tiempo y te preguntas «¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora interesa la Cañada?»”. De hecho, en estos momentos hay hasta tres proyectos urbanísticos paralizados y para desarrollar que limitan con la zona: Berrocales, Ahijones y el Cañaveral. La idea de hacer desaparecer la Cañada se aguó, y el último intento para buscar una solución fue el Pacto Regional por la Cañada firmado por parte de las administraciones en 2017, que incluye elaborar una estrategia para realojar a parte de la población y “garantizar un adecuado suministro de la energía eléctrica”, un hecho que no se cumple, denuncia Castillo. Agustín cree que era un buen pacto, pero el cambio de color político en el Ayuntamiento en 2019, sumado a la pandemia, lo ha paralizado. Además, cree que las intenciones quedarán en papel mojado si no se va más allá. “La Cañada tiene un problema que tienen muchas zonas más donde viven personas en exclusión y pobreza severa, y es que el mundo no está pensado para ellas. Es un espacio que no prevé la dotación habitacional y que, por lo tanto, no tiene cédulas de habitabilidad y no puede tener contadores, ¿somos tontos o qué?”, exclama, y añade que “al final la ley se acaba convirtiendo en una trampa mortal". "Las administraciones tienen que ser capaces de decir: «me la juego». Lo que está en juego es un valor mucho más alto que el cumplimiento de la legalidad, es la vida de las personas”. La regularización del asentamiento es una de las alternativas que piden las personas afectadas. De momento, no ha llegado. La Cañada es una asignatura pendiente sin solución.