Sociedad 24/11/2021

Casado pide aplicar un 155 educativo en Catalunya

La derecha presiona a Sánchez para que cumpla la sentencia sobre el castellano

5 min
El líder  del PP, Pablo Casado, a la manifestación de policías contra la reforma de la ley mordaza

MadridLa derecha ha salido en tromba a exigir al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el castellano en las aulas. PP y Cs han redoblado la presión después de que la resolución del Tribunal Supremo haya convertido en firme el pronunciamiento del TSJC, y el jefe de la oposición, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez que aplique un 155 educativo en Catalunya. "Si la Generalitat se declara en rebeldía, el PP ofrece sus votos en el Senado para que el gobierno español aplique la sentencia", ha afirmado Casado en declaraciones a los medios, antes de participar en la concentración de policías en contra de la reforma de la ley mordaza. "Pedro Sánchez está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales", ha reiterado antes de avisar que si no hace cumplir este veredicto judicial, el gobierno español podría estar "prevaricando". Ahora bien, el líder popular ha admitido que es poco probable que esto pase: "Lamentablemente, pensamos que quiere continuar gobernando con ERC y la CUP".

Entre el decálogo de propuestas que el PP defiende para hacer frente al independentismo y que el Estado tenga más presencia en Catalunya está la de dotar de más recursos, más personal y más competencias a la alta Inspección Educativa. Proponen que este organismo supervise los libros de texto y los materiales didácticos para que se adecúen a la legislación estatal, y también los programas lectivos. "La educación es una competencia de titularidad estatal que las autonomías administran", ha remarcado Casado. Los populares, además, también defendían que la alta Inspección estuviera dotada de "capacidad sancionadora", es decir, que pudiera hacer requerimientos e inspecciones en los centros cuando detectara que se vulnera "el ordenamiento jurídico constitucional".

Por su parte, Cs siempre ha abanderado la lucha contra la inmersión lingüística, y su presidenta, Inés Arrimadas, también ha querido dejar claro que el gobierno del Estado "tiene la obligación de actuar". "Esto es un pulso a España", ha reivindicado la ex líder de la formación naranja en el Parlament. Arrimadas ha acusado a la Generalitat de "fachendería" y de "pisotear a los demócratas españoles" con su intención de no aplicar la sentencia, motivo por el cual ha instado a Sánchez a recurrir a "todos los instrumentos que tiene a su alcance" para que se cumpla el 25% de castellano en las escuelas. El conflicto abre una nueva rivalidad en la derecha para capitalizarlo. A propósito de la oferta de Casado de poner sus senadores a disposición del gobierno español para aplicar el 155, Arrimadas le ha dado la "bienvenida" y se ha preguntado por qué lo levantó en 2018 con la llegada de Quim Torra al Palau de la Generalitat.

Aragonès exige el apoyo del Estado

En una visita a Palma, el presidente Pere Aragonès ha exigido que el Estado apoye el modelo lingüístico de Catalunta, informa Maria Llull. "Es inadmisible que el gobierno español sea cómplice de este retroceso. Pedimos un compromiso con el modelo lingüístico de Catalunya porque el fomento del catalán en la escuela también es responsabilidad del Estado", ha manifestado durante la rueda de prensa conjunta con la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. Aragonès ha remarcado que "el modelo lingüístico de la escuela catalana ayuda a la cohesión del país y a la igualdad de oportunidades" y ha asegurado que "no se puede poner en cuestión". "La escuela no se toca", ha insistido, además de criticar que la sentencia "amenaza" un modelo que tiene el consenso de buena parte de la sociedad de Catalunya. Por eso ha dicho que hace falta "un compromiso del gobierno español" con este modelo.

En contra de imponer un 25% de castellano en las aulas, Aragonès ha subrayado que lo que se tiene que hacer es el contrario: "Se ha de incrementar la presencia del catalán en las escuelas para garantizar el aprendizaje". "Hace falta un compromiso claro en la línea contraria al horizonte que plantea esta sentencia y hace falta que el Estado haga una defensa clara", ha reiterado, además de recordar que la defensa del catalán es clave "para la cohesión social". "El gobierno español tendría que mostrar que el modelo de esta sentencia no es el que ellos defienden, porque ellos tienen que estar con la defensa del catalán como lengua vehicular", ha añadido.

Armengol se ha limitado a recordar que "la sentencia no afecta a las Islas Baleares", porque "se aplica el decreto de mínimos" –el cual garantiza un mínimo del 50% de las clases en catalán–. "En las Islas hay una historia de consenso y es fundamental que se mantenga el mínimo de uso de lengua catalana a las escuelas", ha añadido, sin hacer ninguna crítica a la sentencia del Supremo.

Por otro lado, el PSC ha rechazado asistir a la reunión que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, había convocado este miércoles con los grupos parlamentarios que apoyan la inmersión lingüística. Según fuentes socialistas consultadas por ACN, el PSC ha decidido no participar, a pesar de que lo habían convocado, porque no se había convocado a todos los grupos. Han avisado antes al conseller de que no irían. Los socialistas piden diálogo con todo el mundo y apuntan que el catalán se defiende con consenso. Aseguran que si se organiza una reunión con todos, estarán.

El PDECat quiere cambiar la ley Celaá

La respuesta del Supremo también ha provocado que dentro del soberanismo hayan aflorado de nuevo las diversas interpretaciones sobre el marco legislativo. Cuando la ley Celaá se aprobó en el Congreso, el PDECat ya advirtió que el acuerdo al que llegaron PSOE, Unidas Podemos y ERC no blindaba el catalán en las aulas porque dejaba la puerta abierta al ministerio a establecer unos porcentajes. Aunque las competencias estén transferidas, la disposición adicional 38 permite que las autoridades educativas, entre las cuales están el ministerio de Educación, "garanticen el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano y las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".

Así, el PDECat ha registrado en el Congreso una enmienda a la ley de formación profesional para derogar esta disposición y que pueda tener efectos inmediatos. Además, también impulsan una proposición de ley para cambiar la Lomloe, pero esto implicaría un trámite más largo. El diputado de la formación nacionalista en la cámara baja Sergi Miquel ha reprochado a ERC que en su momento dijera que la ley Celaá blindaba el catalán en las aulas, cosa que queda contradicha, a su parecer, en el momento en el que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado que tiene el compromiso de la ministra de no poner en peligro la inmersión.

"Eso significa que la inmersión no está blindada y que cuando caiga la ministra estaremos en manos de la nueva ministra de turno. Necesitamos un redactado que haga que con un cambio de partidos en el gobierno español no haya margen para la interpretación y que la responsabilidad no caiga en los directores de los centros", ha subrayado Miquel.

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