Choque en el gobierno español por si la nueva ley sanitaria frena o no las privatizaciones
El consejo de ministros aprueba el anteproyecto pero se niega a publicarlo
MadridNuevo enfrentamiento en el gobierno español, ahora por la nueva ley que impulsa el ministerio de Sanidad. El objetivo es consolidar "la equidad, la cohesión y la universalidad" y fortalecer el sistema público de salud, pero Unidas Podemos sostiene que no se avanza lo suficiente. ¿El motivo? Que no se cierra la puerta a más privatizaciones. La negativa del gobierno español a facilitar el anteproyecto dificulta constatar si, efectivamente, se deroga o no aquello que aprobó José María Aznar en 1997 con una ley que permitía la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios mediante entidades privadas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en rueda de prensa posterior al consejo de ministros que la nueva normativa contiene una derogación "explícita y expresa" de la ley 15/1997, aprobada por el PP. Esa ley tenía un único artículo en el que uno de los párrafos decía: "La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se podrá llevar a cabo, además de medios propios, mediante acuerdos, convenios y contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la ley general de sanidad". Desde Unidas Podemos matizan que hay que ver qué es lo que "sustituye" la anterior normativa y avisan de que el anteproyecto contiene un párrafo calcado. Además, añaden que incorpora la creación de "consorcios sanitarios", que abre la puerta a la participación de empresas privadas.
Fuentes de Sanidad consultadas por el ARA reiteran que se deroga la ley 15/1997 y recuerdan otra modificación legislativa que contiene el anteproyecto. Es lo que se introduce en la ley general de sanidad, la 14/1986, que llena de nuevo el vacío que quedó en el artículo 47 a raíz de una supresión en 2003. "En el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios se llevarán a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa y de carácter público. Otros recursos, en el marco excepcional de otras fórmulas de gestión, tendrían que contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario, social y económico la necesidad de acudir a ellos, teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y otros criterios previstos en la ley".
La formación lila recuerda que en el pacto de gobierno de coalición se acordó "avanzar en el blindaje del sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". Uno de los mecanismos que ya se apuntaba era "revisar" la ley 15/1997 y el "conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema". La lectura de Unidas Podemos es que, más allá de que se priorice la gestión pública, no se descarta la opción de privatizar. Con todo, fuentes del espacio lila también admiten que puede haber "excepciones honrosas" como es la colaboración público-privada para situaciones urgentes como una pandemia.
Darias ha insistido en rueda de prensa en que es una ley "del gobierno" y que han colaborado otros ministerios –no ha aclarado si alguno que esté en manos de Unidas Podemos–, pero lo cierto es que hoy por hoy la formación lila votaría en contra en el Congreso, según apuntan fuentes consultadas. Esta mañana el portavoz del partido, Pablo Fernández, ha asegurado que prevén presentar enmiendas durante la tramitación en la cámara baja para dirigirse hacia la "desprivatización" de la sanidad. "No podemos estar de acuerdo y esperamos que el PSOE se avenga a cambiarla", ha añadido, informa Mireia Esteve. Las fuentes consultadas insisten en que si Unidas Podemos gobernara en solitario habría elaborado una ley que iría "más allá" en el sentido de no permitir que se pueda seguir privatizando, si bien no revertiría convenios y contratos ya hechos.
Evita nuevos copagos
El mensaje que ha querido trasladar Darias es que la nueva ley es de "gran alcance" y que cumple el objetivo del gobierno de avanzar en derechos de la ciudadanía y fortalecer el sistema público. Entre otras medidas, establece que no se puedan introducir nuevos copagos sanitarios a los ya existentes. Si ya se han eliminado algunos –el farmacéutico a los colectivos vulnerables, a los pensionistas con renta baja, a los menores con discapacidad reconocida y también a las personas con renta por un hijo a cargo–, ahora se añade el de los productos ortoprotéticos, los dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente.
Además, Darias ha destacado que se ampliará el derecho a la protección de salud a las personas españolas residentes en el exterior durante sus desplazamientos en el Estado y también se homogeneizará la protección sanitaria a las personas extranjeras que están en España pero que no constan como residentes.
