Colau mueve ficha para pactar un límite para los cruceros: "Los datos de crecimiento son alarmantes"

BarcelonaLa misma semana que una plataforma de entidades vecinales y ecologistas proponía cobrar un peaje de cuatro euros para circular por Barcelona y el día siguiente de confirmar que repetirá como candidata a la alcaldía, Ada Colau lanzaba la que ya es la última polémica municipal: la propuesta de fijar un límite para los cruceros que visitan la ciudad siguiendo el modelo que ya ha aplicado Palma, donde pueden amarrar un máximo de tres cruceros cada día. La alcaldesa lo anunció el viernes a las puertas de un fin de semana en que la ciudad recibió trece cruceros (entre los cuales el más grande del mundo, con capacidad para 9.300 personas entre pasajeros y tripulación), y ante la evidencia de que el puerto ya ha recuperado el ritmo de escalas prepandémicas. Y hoy, desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, la alcaldesa ha anunciado la primera concreción: de momento, ha dirigido una carta al president del Govern, Pere Aragonès; el presidente del Port, Damià Calvet, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para proponer crear una mesa de trabajo que tenga como objetivo acordar cuál tendría que ser este límite.

En el escrito, la alcaldesa denuncia que los datos de crecimiento de esta actividad son "alarmantes"–el 2019 estos barcos llevaban 3,1 millones de viajeros al año, el 40% de los cuales solo están unas horas en Barcelona porque no empiezan y acaban aquí su viaje–. Y esto, según Colau, se traduce en un doble impacto: el medioambiental y el de la masificación del centro de la ciudad, que es el que más acoge a estos viajeros de corta estancia. "Debe estar regulado", ha insistido Colau, que ha remarcado que del mismo modo que la ciudad fijó un límite a la apertura de hoteles o que ahora estudia la posibilidad de un peaje urbano y despliega otras medidas para reducir el tránsito, ahora hay que establecer un máximo "razonable" para los cruceros.

Quien ya le respondió fue el mismo presidente del Port, Damià Calvet, que ayer, avanzándose a la carta, defendió que los cruceros generan un "beneficio indiscutible" para la ciudad tanto en cuanto a ingresos como a reputación, y reiteró que el Port está cumpliendo el pacto que selló, el 2018, con el Ayuntamiento por retirar las terminales que quedan más cerca de la ciudad, que son más pequeñas y obsoletas, y construir dos nuevas en el muelle Adossat. Un movimiento que ahora Colau considera que queda corto ante el contexto de emergencia climática.

Calvet se volvió a acoger al informe que hizo la Universitat de Barcelona, con datos del 2016, para defender que este sector genera un impacto económico de 1.083 millones de euros en la ciudad y crea 9.056 puestos de trabajo en el conjunto de Catalunya. Y que los cruceristas que sí que se alojan en hoteles de la ciudad antes o después del viaje hacen un gasto más alto (unos 230 euros diarios) que el del resto de visitantes (menos de 70 euros). Este gasto, según el informe, es el que hacen el 27% de los cruceristas.

Los intentos de descentralizar

En cuanto a los impactos negativos de este turismo sobre la ciudad, Calvet defiende el diálogo que se está manteniendo con Ayuntamiento y Turismo de Barcelona para buscar fórmulas que ayuden a repartir mejor las visitas e intentar evitar que se concentren en el centro, como por ejemplo hacer que los autocares no dejen a los turistas en la parte baja de la Rambla o promocionar visitas más allá del Gòtic. Y sobre la contaminación, Calvet defiende que el Port obliga los cruceros en estancia a emitir un máximo del 0,1% de óxidos de azufre (un porcentaje más bajo que el legal y el recomendado por la OMS), y que estos barcos suponen el 0,73% del total catalán de emisiones de óxidos de nitrógeno y del 0,23% de partículas contaminantes. La alerta sobre los efectos de esta actividad sobre el medio ambiente la dio, el 2019, un informe de la ONG Transport and Environment (T&E) que situaba Barcelona como la ciudad europea más castigada por la contaminación derivada de los cruceros.

Como ya es habitual, quien ha contestado con más dureza a la propuesta de Colau ha sido Foment del Treball, que la ha calificado de "ocurrencia". La patronal pide a la alcaldesa que "deje de ir contra el sector turístico". Un manifiesto de la comisión de Turismo de Foment apunta que administraciones y sector privado están de acuerdo en que quieren tener un modelo más descentralizado de turismo y potenciar el de más valor añadido, que sea cívico y respete las normas de la ciudad y apueste por la sostenibilidad, y pide que se deje de "utilizar políticamente" el sector.