Desprotegidos ante el desahucio: "Los políticos no imaginan la realidad que vivimos"

BarcelonaLas medidas del escudo social, que el jueves se tumbó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, protegían a 60.000 personas vulnerables en todo el Estado, unas 13.000 de ellas en Catalunya. Una de ellas es Francesca Cervelló. Esta vecina del barrio barcelonés del Putxet, de 63 años, lleva meses temiendo que ese día llegara. "¿Qué haré yo ahora? ¿Qué pasará conmigo?", se pregunta en conversación con el AHORA.

El azar ha hecho que Francesca encadene una serie de desgraciadas casuísticas. Sin pareja, ni hijos, se hizo cargo de su madre, hace años, cuando enfermó. "Una conocida me dijo que le quedaba vacío un piso suyo y me ofreció si quería trasladarme, por un alquiler de 600 euros. El piso tenía una habitación más que el mío y pensé que me serviría para mi madre", explica. Los problemas no tardaron en llegar. Aunque entonces los precios de los pisos no eran los actuales, Francesca recuerda que la propietaria la presionaba a menudo: "Me llamaba para decirme que ella podría estar sacando más dinero por el piso o hacía venir a su hermano a controlar cómo estaba el piso".

Así ocurrió seis años, pagando el alquiler, hasta que llegó el día en que los médicos recomendaron el ingreso de su madre y ella dejó de ser la única cuidadora. "Ella fue a una residencia y yo encontré un buen trabajo vendiendo productos de ortopedia en una farmacia. Pensé que la vida me había dado una vuelta, que todo empezaba a cambiar, pero tres meses después llegó el cáncer", continúa. La enfermedad la tuvo un año entero luchando con tratamientos y operaciones. "El tumor inicial estaba bajo la lengua, y después de toda la radioterapia, tuvieron que reconstruirme la mandíbula con un hueso de la pierna, por eso tengo dificultades en el habla", explica serena.

800 euros de pensión y 600 de alquiler

Esto lo precipitó todo. Invalidez permanente. Pensión de 800 euros. Y llega la pandemia. "Los médicos me dijeron que no podía trabajar. Y con una pensión de 800 euros, en poco tiempo tuve que elegir si pagaba el alquiler de 600 o si pagaba suministros y comía; hacer frente a todo era imposible, y no pienses que comía bistecs cada día!", lamenta. A partir de aquí su historia entra dentro de los Servicios Sociales, de las idas y venidas burocráticas, de los informes de vulnerabilidad y de la mesa de emergencia para encontrar una vivienda alternativa y pública. "Llevo tres años apuntando en las listas de la mesa y nada. Ahora ya cuando llamas ni siquiera te dicen en qué número de espera estás", lamenta. En el 2024 su propietaria la denunció por impago, pero la moratoria antidesahucios mantenía su procedimiento parado.

Hasta ahora. La vida, admite, le sube. "Tengo esta maldita enfermedad, no puedo trabajar, hace siete años que entro en quirófano sin parar, ¿y ahora esto? ¿De verdad ahora tengo que luchar con el hecho de que me puedo quedar en la calle? ¿Cuándo podré respirar tranquila, yo? En serio que estoy muy cansada de luchar, ya no tengo fuerzas para nada", admite visiblemente emocionada. Sin embargo, Francesca no se ha detenido. En los últimos dos años ha continuado en tratamiento, se ha movido por tener una abogada de oficio, buscó ayuda a la PAH, se asesoró y es una habitual en las ventanillas para tener "todos los papeles en regla".

"Ahora me dicen que me vaya buscando una habitación y que ellos ya me ayudarán, y yo pienso: si me pueden ayudar a pagar una habitación porque no me pueden ayudar ahora, ¿qué es cuando tengo el problema? Yo ya trato de buscar soluciones, pero no hay ni habitaciones, ni albergues, ni pensiones libres;" "Vivo enganchada a TV3, para ver qué dicen, sufriendo todo el día, llorando todo el día. Estoy angustiada y eso me da miedo. Me da mucho miedo ir a la calle. Yo he visto desahucios incluso de madres con bebés! ¡Imagínate qué harían conmigo!", reflexiona.

Las entidades claman una solución

Las entidades y plataformas sociales coinciden en que la derogación de la moratoria antidesahucios provocará un nuevo "alud de desahucios". "Estamos hablando de familias muy vulnerables. Casi el 80% ya eran usuarias de los Servicios Sociales, porque ya no tenían alternativas", explica Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca. "Ahora todos estos desahucios se reanudarán de golpe", alerta Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Alquiladoras, que califica de "extremadamente irresponsable" haber dejado perder esta medida. "Es cierto que habíamos criticado la moratoria por insuficiente, porque sólo paraba uno de cada cuatro desahucios, pero, sin embargo, son muchos los que se han evitado", explica Escorihuela, quien subraya que a partir de ahora "habrá un alud de gente buscando una vivienda alternativa que no existe".

La Mesa del Tercer Sector de Cataluña coincide en que actualmente "ni las administraciones, ni las entidades sociales pueden hacer frente a la posible ola de desahucios". "Es un escenario extremadamente preocupante", confiesa Martí Batllori, coordinador del grupo de vivienda de la Taula: "Esta medida quizá no era la más idónea, no era estructural, era un parche... pero protegía a muchas familias", añade. Batllori también hace un llamamiento a la "responsabilidad política" y pide una solución: "Que haya caído esta medida no quiere decir que no pueda volver a ser. Hay que resolver esta situación, es necesario equilibrio social y nosotros pensamos que esta medida, que contemplaba una compensación para los propietarios que habían dejado de recibir el alquiler, era suficientemente equilibrada", remarca.

Escorihuela coincide en que habría sido mejor mantener la moratoria, "al menos durante un año", mientras los propietarios iban recibiendo compensaciones. "En este tiempo se podría haber instado al gobierno ya las comunidades a trabajar para construir una alternativa que no deje a estas personas en la calle. Hacerlo sin red es muy cruel", concluye la directora, quien asegura que siente "indignación" debido a que los partidos hayan utilizado el discurso del empleo: "Es falso, los casos de empleo dentro de la moratoria son mínimos", . "Juntos ha subido al tren de las falsas noticias, en lugar de entender que estamos ante un caso de derechos humanos", apuntan los portavoces de la PAH. "Es lamentable que se sumen a la vía de la extrema derecha más radical", añaden, al tiempo que hace un llamamiento a la concentración que todas las entidades han programado para este sábado por la tarde, en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Francesca tiene claro qué diría a los políticos. "Que pasaran un solo día en paro, para saber qué es eso. Ellos no tocan con los pies en el suelo, ellos viven bien. No se imaginan la realidad que vivimos otros. Ellos tienen piso y segunda residencia –sigue– ya vivir la vida, que son cuatro días; eso sí, a nuestra costa. Y nosotros somos los okupas", concluye.