Integración

El covid empeora las dificultades laborales de los enfermos mentales

Un grupo de entidades piden más inversión para facilitar la integración de un colectivo ya muy precarizado

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Fatima. Francesc Melcion

BarcelonaA finales de febrero del año pasado Fàtima (el nombre que ha elegido para ser presentada) firmó un contrato de trabajo que quedó parado en raya con la declaración del primer estado de alarma, el 14 de marzo. El restaurante donde tenía que trabajar cerró puertas y se quedó en la calle, agotó el paro y ahora busca otro trabajo. Tiene 45 años, un hijo de 11 años a su cargo y sufre ansiedad aguda, una enfermedad mental que con la incertidumbre de la situación se agrava. “Estoy pasando mucha ansiedad pero no puedo parar de hacer cosas y en casa siempre estoy limpiando”, explica. 

No hay datos de cuál es el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus entre un colectivo heterogéneo y que mayoritariamente mantiene el anonimato, pero entidades y profesionales advierten que llueve sobre mojado. Precarización sobre precarizados. La dificultad para poner cifras es que solo el 16% de los enfermos tramitan el certificado que reconoce su incapacidad, mientras que hay un pequeño porcentaje de ocupados en empresas ordinarias y una gran mayoría que ni siquiera lo busca. Un informe reciente de la Fundación Addeco estimaba que los trabajadores con el certificado de discapacitado –desde la física a la mental– habían sufrido hasta diez veces más el impacto de los ERTO, y el paro es diez puntos más alto que en la población general.

“Estas personas difícilmente acceden al mercado laboral y, en cambio, son las primeras que son expulsadas en momentos de crisis”, sostiene Carme Barrios, coordinadora del área de inserción laboral de la Fundación CHM, que apunta al hecho que que tradicionalmente ocupan lugares con poca calificación, temporales y con sueldos bajos, a menudo porque en general son un colectivo con pocos estudios porque la enfermedad les afectó en plena formación académica. Tampoco el mercado protegido es ninguna garantía. Primero, porque las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley de ocupar el 2% de plazas con personas discapacitadas. Y, segundo, por la crisis de los Centros Especiales de Trabajo (CET), que ocupan 9.500 personas con trastorno mental y discapacitado intelectual. Tres cuartas partes cerraron el año pasado con números rojos, porque han tenido que hacer frente al aumento del salario mínimo y a la infrafinanciación crónica. Para cuadrar presupuestos, la primera cosa que han recortado las empresas son los contratos con estos centros, que tienen como grand reto la reconversión y ampliar la oferta más allá de los trabajos de manipulación.

Francisco Villegas, presidente de Ammfeina, que reúne entidades para la integración laboral, apunta que los técnicos en prospección de nuevos trabajos para el colectivo están encontrando poca oferta laboral en las empresas ordinarias y un empresariado poco receptivo a contratarlos. Los únicos sectores que han mostrado un comportamiento positivo y han aumentado incluso las contrataciones han sido los del reparto –en mercados, por ejemplo– y la limpieza, pero admite que son trabajos muy precarios. Con este panorama, pide que las administraciones públicas den más ayudas a las empresas para fomentar la ocupación y más presupuesto para los servicios de inserción laboral porque, advierte, “la dificultad de los trabajadores con trastorno mental se encuentra sobre todo en mantenerse en un trabajo”.

El miedo del rechazo y el autoestigma

Hay pocos enfermos que quieren ser identificados como tales y, como Fàtima, esconden su trastorno por miedo al rechazo laboral. Es “el autoestigma” que se añade al estigma social, apunta Barrios. Para Ángel Urbina, ingeniero industrial en Repsol y que tiene un trastorno, “es duro llevar la etiqueta de enfermo” tanto para la persona afectada como para la familia. Sin embargo, él tramitó el certificado pero ocupa una plaza ordinaria y desde su posición como voluntario en la asociación La Muralla Ment i Salut de Tarragona y de vicepresidente de la Federació de Salut Mental de Catalunya, lucha para eliminar el estigma de “locos” que lamenta que cine, literatura y medios de comunicación se empecinan a perpetuar. Él mismo dice que sabe qué es que te miren mal: “Salí en Tv3 hablando de los trastornos mentales y desde entonces una vecina que me saludaba ahora me evita”.

Desde el confinamiento, entidades como la Fundació han hecho lo que han podido para dar una atención telemática a los usuarios, tanto para mantenerlos estables en la salud emocional como a la hora de ayudarlos a integrarse en el mercado laboral. "Muchos querían tirar la toalla", recuerda Carlos Gostanzo, insertor laboral de la entidad, porque no confían en encontrar trabajo en la crisis actual. Y el trabajo es esencial, señalan todos los expertos, porque les aporta rutinas, relaciones sociales y autoestima.

Urbina y Barrios coinciden en señalar que las empresas evitan contratar enfermos mentales y prefieren trabajadores con otras discapacidades por el total desconocimiento que hay alrededor de la depresión, el TOC o el trastorno bipolar. “Tienen muchos prejuicios que serán trabajadores conflictivos, con bajas, o violentos”, afirma la coordinadora de la Fundación CHM, que añade que esto impide que “puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones”.

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