El Estado dará papeles a cerca de 6.000 menores y jóvenes extutelados
El nuevo reglamento facilita el acceso a los permisos de residencia y de trabajo del colectivo, que queda desamparado cuando llega a la mayoría de edad
Madrid / BarcelonaAnass Guennoun se ha enterado por las noticias de la tele de que su vida puede dar un giro de 180 grados. "Ya había perdido la esperanza y había tirado la toalla", dice ahora aliviado, después de que el gobierno español haya aprobado este martes el decreto de extranjería que tiene que facilitar el acceso a los permisos de trabajo a 15.000 niños y jóvenes extranjeros que, como él, llegaron solos a España. La reforma afectará a 8.000 menores tutelados y 7.000 jóvenes, de entre 18 y 23 años, que se encuentran en riesgo de expulsión porque no pueden regularizar su situación. En Catalunya, se beneficiarán de la medida más de 5.500 entre menores y jóvenes.
La iniciativa quiere simplificar el "laberinto burocrático" que estos chicos se encontraban al llegar a la mayoría de edad, puesto que chocaban con unos criterios "irreales", según el ministerio de Inclusión, que ha liderado la modificación del reglamento, largamente pedida por entidades, comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo o los propios jóvenes afectados. La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que de este modo la ley española se homologa a la de los países europeos y también "se respeta la inversión que han hecho las comunidades autónomas en estas personas en cuanto a formación e integración".
Para Gunennoun, nacido hace 19 años en Marruecos, el nuevo marco legal llega justo a tiempo porque el 14 de noviembre se le acaba el permiso de residencia que le dieron al salir del centro de menores tutelados que tuvo que abandonar cuando llegó a la mayoría de edad. El chico está estudiando y le era imposible renovar el permiso de residencia con los requisitos que le exigían. Ahora dice que está "muy contento", porque si se le facilita mantener el NIE, tiene asegurada también una plaza en el grado de formación profesional. "Sin papeles, no tienes trabajo y solo puedes sobrevivir", subraya este joven, que vive en una residencia de la Fundació Eveho, una de las entidades del tercer sector que ayudan a extutelados.
Desde el 2019, el Tribunal Supremo había endurecido los criterios para los permisos de estos jóvenes. Una vez eran mayores de edad, para obtener por primera vez la residencia se les exigía una oferta laboral por un año a jornada completa o demostrar ingresos propios de 580 euros mensuales, una cantidad que aumentaba hasta los 2.000 euros en renovaciones posteriores. Con los cambios de ahora, residencia y trabajo estarán vinculados y las exigencias de medios económicos para subsistir también se reducen, puesto que solo tendrán que demostrar ingresos similares al mínimo vital (unos 470 euros mensuales) y podrán computar las ayudas proporcionadas por entidades sociales (vivienda, comida o ropa) u otras prestaciones. Todo ello son buenas noticias, según han valorado las entidades sociales.
En Punt de Referència, una entidad que hace más de 25 años que se dedica a apoyar a los menores extranjeros, ven en este cambio una "gran oportunidad" para los jóvenes porque les facilitará poder "emanciparse y ser autónomos", afirma la directora de la asociación, Rita Grané, que valora que finalmente se haya desbloqueado una iniciativa que se tenía que haber aprobado el 24 de agosto, pero las reticencias del titular del ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pararon el trámite hasta ahora.
Grané asegura que los obstáculos que estos jóvenes encuentran una vez quedan fuera del sistema de protección hacen que su salud mental se resienta, puesto que la incertidumbre y el miedo al fracaso por no poder trabajar y saberse fuera de la ley provocan que los traumas que ya llevan de casa y sobre todo de la ruta migratoria se agraven y tengan muchos problemas de "depresión, ansiedad y desequilibrios psiquiátricos".
Permiso inicial para dos años
En el texto del reglamento se especificará que las autorizaciones de residencia habilitan a los jóvenes a trabajar ya a partir de los 16 años, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora –y los equiparan así a la población autóctona–, siempre que esta decisión coincida con "el itinerario de inserción previsto por la entidad de protección", matizan fuentes del ministerio de Inclusión. También se incrementa la vigencia de la autorización inicial de un año a dos años, y la de renovación por un periodo de tres años. Hasta ahora, esta renovación de la autorización laboral era anual. Finalmente, se simplificarán los trámites para la identificación del menor. En concreto desaparece la exigencia del acta notarial ante el consultado y se sustituye por un informe de la entidad competente de la comunidad autónoma.
La normativa simplificará el procedimiento de documentación cuando los jóvenes son menores (se modifica el artículo 196 de la actual ley de extranjería). En concreto, se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de regreso al país de origen de nueve a tres meses. A pesar de que desde el ministerio de la Seguridad Social querían que se redujera a 15 días, finalmente se ha establecido el criterio del ministerio del Interior. Los 9 meses eran el plazo que tenían las comunidades autónomas para empezar a tramitar la documentación de los menores extranjeros no acompañados y acreditar la imposibilidad de regreso. Desde el ministerio de Inclusión explican que ahora, cuando se superen estos tres meses, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas sin que el procedimiento interfiera, sin embargo, en una posible repatriación. "No obstante, si la repatriación es procedente, se extinguirá la autorización concedida", matizan fuentes del ministerio.
